´Los corruptos no van a ganar con el fallo de la CIDH´ 

El Procurador General de la Nación Fernando Carrillo respondió ayer  al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del senador Gustavo Petro por la destitución que el ministerio público le hizo cuando era alcalde de Bogotá. 

En este fallo, que además de declarar al Estado responsable de violar los derechos políticos del ahora senador Petro, también manifestó que las normas que facultan a la Procuraduría para imponer estas sanciones en contra los funcionarios elegidos popularmente, así como las que lo facultan para inhabilitarlos, constituyen a una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por esa razón, Carrillo manifestó que esta sentencia puede realizar ajustes normativos, pero “jamás podrán traducirse en escenarios de impunidad en la lucha contra corrupción, para beneficiar funcionarios de elección popular que han actuado indebidamente”.

En ese sentido, advirtió que ninguna de las actuaciones frente a funcionarios de elección popular adoptadas hasta la fecha por la Procuraduría queda en un limbo jurídico, “puesto que se ha procedido siempre otorgando todas las garantías a los investigados y respetando la jurisprudencia nacional, acatando las decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que han avalado las competencias disciplinarias de la PGN”.

El procurador Carrillo Flórez no descartó solicitar aclaraciones o consultas a la decisión de la Corte IDH que “permitan fortalecer y no debilitar la potestad disciplinaria de la Procuraduría”.

Además, precisó que la CIDH no ha sugerido “meterle la mano” a la Constitución de 1991, sino ajustar normas disciplinarias, que permitan a la Procuraduría actuar como un ente acusador especializado contra los corruptos, con decisiones que podrían ser controladas automáticamente por una autoridad jurisdiccional como el Consejo de Estado.

 “Abriremos el debate para analizar qué faltas disciplinarias pueden ser nuevos tipos penales”, afirmó el Procurador General.

 Puesto que esta sentencia no “puede ser una derrota contra la institucionalidad de la justicia disciplinaria, sino el inicio de un debate sobre los instrumentos más eficaces para continuar la batalla contra estructuras corruptas”.

 “Los corruptos que históricamente en Colombia han violado derechos humanos y que han defraudado los recursos públicos, con esta decisión no van a ganar”.

Según el procurador, en el fallo se reconoce en el Consejo de Estado el ejercicio de un control adecuado y oportuno a la legalidad, por lo que no resulta procedente ordenar medidas legislativas respecto del procedimiento general previsto en el Código Disciplinario Único.

Concluyó afirmando que “como legado dejaremos una entidad fortalecida y una propuesta que endurezca las sanciones contra los corruptos”.

DEUDA CON HOSPITALES Y CLÌNICAS 

Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación (PGN) advirtió que la deuda con las IPS privadas, públicas y mixtas del país asciende a más de $40,1 billones, lo que afecta gravemente la prestación de servicios médicos asistenciales y el derecho a la salud de los colombianos.

En informe preventivo, el Ministerio Público indicó que la deuda con las instituciones privadas es de $28 billones, con las clínicas y hospitales públicos de $11,4 billones, y con los establecimientos de carácter mixto, la cartera en mora es de $590.261.411.290.

Las entidades promotoras de salud (EPS) activas adeudan más de $19,5 billones. Las que registran los montos más altos de cartera son: Nueva EPS ($3.957.728.747.984), Medimás EPS ($2.181.093.604.499), Coomeva EPS ($1.685.145.256.324), Asmet Salud EPS ($966.227.371.206) y Coosalud EPS ($931.678.792.306).

La PGN identificó que las EPS inactivas o en liquidación tienen una cartera en mora de $4,6 billones, y que las cinco con mayores cuentas por pagar son Cafesalud ($1.394.369.003.057), Saludvida ($947.279.585.921), Saludcoop ($686.964.938.188), Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud -Emdisalud- ($465.416.000.330), y la Caja de Compensación Familiar de Córdoba -Comfacor- ($308.188.756.278).

El ente de control estableció que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) tiene cuentas que superan los $800.000 millones, y que las entidades territoriales adeudan más de $2 billones, siendo Bogotá el mayor deudor a la red pública y privada del país, con un saldo de $237.000 millones.

Frente a los recobros no PBS (Plan de Beneficios de Salud) el informe estableció que de $8,6 billones radicados por las EPS entre abril de 2018 y febrero de 2020 se han pagado -por giro previo- $8 billones. Sin embargo, algunas EPS no han formalizado pagos por $1,5 billones.

EMERGENCIA

La PGN alertó sobre la baja ejecución de los $8,2 billones destinados para la atención de la emergencia sanitaria y para el aseguramiento en salud de los colombianos.

Señaló que el Ministerio de Salud ha ejecutado un poco menos de medio billón de pesos ($443.495.055.780), en las líneas de ampliación de la oferta de servicios de salud, que busca aumentar la capacidad instalada en el país para la adecuación y compra de insumos destinados a la atención de la enfermedad, y la línea de fortalecimiento de la salud pública, cuya finalidad es elevar las capacidades específicas para responder a la emergencia a través del fortalecimiento de los laboratorios de salud pública departamentales y distritales, garantizando el diagnóstico oportuno de los casos positivos de Covid-19.

Identificó que no se han ejecutado los rubros correspondientes al aseguramiento, ampliación de la oferta de servicios y fortalecimiento de la salud pública, para garantizar la prestación de servicios a la ciudadanía.

Finalmente, solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud un informe en el que relacione las acciones adelantadas frente a los acuerdos de pago incumplidos, acciones de vigilancia y control a las EPS en mora y aquellas que no han formalizado los pagos por giro previo relacionados con los recobros no PBS.

/Colprensa