La justicia a medias

Los resultados arrojados por el estudio que pretendía establecer cómo estaba el acceso a la Justicia en Colombia, ha arrojado unos datos en extremo reveladores que dejan muy mal calificado ese sector, fundamental para la convivencia, para la paz y para la garantía de los derechos individuales y colectivos.

El Banco Mundial, junto con el Departamento de Planeación Nacional, abordaron el trabajo de evaluación y evidenciaron que en Colombia solo el 50% de las personas que tienen un problema en el cual debe intervenir la justicia, decide acudir a los jueces en busca de una solución.

Son muchos los factores que inciden en este fenómeno, entre otros el exceso de tramitología, el desconocimiento de la ley, el temor a consecuencias, y yo creo también, la poca credibilidad para que un juez le pueda resolver oportuna y cabalmente su problema.

Un país con estos lamentables indicadores, está faltando al deber de ofrecer a sus ciudadanos garantías para el imperio de la ley y para la seguridad de sus derechos. Todos los gobiernos de turno hablan de la necesidad de reformar la Justicia y se hacen toda clase de foros y además se contratan costosos estudios que terminan en destartalados anaqueles, sin que llegue a existir la voluntad política para poder solucionar el problema.

Se requiere de recursos humanos, económicos y técnicos, o de lo contrario es imposible poder avanzar en una solución efectiva. Los jueces no pueden evacuar el inmenso volumen de trabajo que se les asigna, las condiciones locativas son en su mayoría lamentables y deprimentes, y ni se diga los recursos tecnológicos, que muestran atrasos preocupantes y crean vacíos que sin duda alguna contribuyen a que no sea posible recaudar pruebas oportunamente, o a que las que se puedan acopiar, desaparezcan por falta de un trámite oportuno.

Este tema sí que resulta de primer orden, ahora que un proceso electoral se advierte y ojalá todos los candidatos que comparecen a la contienda puedan presentar sus propuestas claras en este sentido, con los plazos en los que pretenden ponerlas en práctica, para que esas iniciativas sean en verdad viables.

La Justicia no puede seguir siendo la cenicienta de la función pública, pues un desequilibrio muy grande se auspicia en el aseguramiento de los derechos de los ciudadanos.

Abogado y miembro de la Academia Colombiana de Historia y de la Real Academia Española de la Historia