Un futuro judicial entre fiscal y un juez 

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La determinación de dejarlo privado de su libertad es del fiscal Gabriel Ramón Jaimes, designado por el fiscal general, Francisco Barbosa, para que adelante las labores investigativas en dicho proceso político-judicial, que puso en jaque al exsenador, al punto de llevarlo a renunciar a su curul en el Congreso de la República. 

El exsenador Álvaro Uribe Vélez seguirá privado de su libertad hasta tanto no sea llevado ante un juez con función de control de garantías, quien decidirá si revoca o no la medida de casa por cárcel que le ordenó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, cuando esta corporación adelantaba su proceso judicial por presunta manipulación de testigos.

La determinación de dejarlo privado de su libertad es del fiscal Gabriel Ramón Jaimes, designado por el fiscal general, Francisco Barbosa, para que adelante las labores investigativas en dicho proceso político-judicial, que puso en jaque al exsenador, al punto de llevarlo a renunciar a su curul en el Congreso de la República.

La jugada de su renuncia surtió efecto, porque la Corte Suprema, finalmente, trasladó el expediente para que la Fiscalía lo indague, a juicio de la defensa de Uribe, el abogado Jaime Granados, con garantías jurídicas. Sin embargo, el mismo fiscal determinó que la investigación se surtirá bajo la ley 906 de 2004, que es el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

En este caso, fuentes oficiales de la Fiscalía explicaron que Granados deberá solicitar la audiencia ante los juzgados de garantías para que se revoque la medida de aseguramiento en contra de Uribe. No obstante, ese es el primero de los trámites que se surtirá en el proceso.

De acuerdo con el exfiscal general Guillermo Mendoza Diago, las pruebas recolectadas por la Sala de Instrucción de la Corte no son válidas en el proceso que se surtirá por la ley 906, esto debido a que la investigación deberá surtirse desde cero. Una vez existan los argumentos suficientes para crear una posible responsabilidad del exsenador, este será llevado ante los estrados judiciales para imputarle cargos.

En este caso, Uribe es investigado por los delitos de fraude procesal y soborno, cargos por los cuales, si encuentran responsabilidad, el fiscal Jaimes deberá presentar ante un juez de control de garantías las solicitudes de imputación, e incluso, si considera necesario y si no ha sido revocada la detención, también esta será expuesta ante un delegado de la rama judicial.

Inicialmente, el proceso contra Uribe se encontraba bajo la ley 600 del 2000, que es básicamente, que la entidad que lo investiga, es quien decide si impone medida de aseguramiento, si lo llama a acusación o si por el contrario lo absuelve. Esta figura la tiene la Fiscalía General, sin embargo, para Mendoza Diago, esta posibilidad en el caso Uribe no era viable porque los presuntos delitos fueron cometidos después de 2016.

BARBOSA Y LAS RECUSACIONES 

Respecto de Barbosa, el exfiscal señaló que no hay razón por la cual deba declararse impedido, debido a que la investigación no recae directamente en su despacho sino en un tercero. Además de ello, argumentó que una recusación en su contra, debe ser hecha por presunto interés en el resultado del proceso.

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda, quien hace parte del proceso como víctima, durante esta semana recusó al fiscal. Y este viernes la Corte Suprema de Justicia, por esta vez, no le dio la razón.

La corporación explicó que si el fiscal general se declarara impedido o no aceptara la recusación, esta debía ser enviada a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, para que se resuelva, y en caso que prospere quien continuará conociendo de la actuación es la vicefiscal.

El alto tribunal añadió que si el fiscal tuviese algún motivo por el cual declararse impedido y no lo hace, las personas vinculadas en el proceso tendrán la potestad de recusarlo, de ahí la insistencia del senador del Polo Democrático.

 “Del contenido de las normas citadas, se evidencia claramente que, tratándose de recusación, el procedimiento impone la manifestación previa del funcionario respecto del alcance de la misma, para el presente asunto, del Fiscal General de la Nación”, dice el documento.

Como para la Corte el trámite no se surtió de tal manera, determinó antes de decidir sobre el caso, remitir el asunto al despacho del fiscal para que entregue su versión. Ha trascendido desde la Fiscalía, que Barbosa no se declarará impedido. Se prevé que durante los próximos días el jefe del búnker entregue tal comunicación a la Corte.

Si bien, Cepeda en el primer round no salió victorioso, junto con su abogado Reinaldo Villalba aún tiene más acciones penales qué interponer. Este viernes, precisamente anunció que denunciará penalmente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, al fiscal porque a su juicio, “violó la ley”, al haber designado como fiscal principal del caso Uribe, a Jaimes.

 “Vamos a denunciar penalmente al fiscal Barbosa ante la Comisión de Acusación de la Cámara por haber burlado la solicitud de recusación de la parte civil, de la cual él estaba debidamente notificado”, argumentó el senador.

No obstante, las recusaciones de Cepeda no llegan hasta ahí. En rueda de prensa de este viernes, aseguró que si es necesario también recusará al fiscal del caso. Sumado a ello, el senador también anunció que solicitarán a la Procuraduría General que investigue a congresistas uribistas que se habrían manifestado a favor del expresidente Uribe.

 “Vamos a pedirle al señor Procurador General de la Nación que investigue a 16 congresistas de Centro Democrático por abuso de funciones”, dijo el senador.

¿QUIÉN ES EL FISCAL? 

Gabriel Ramón Jaimes es el actual coordinador de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y tiene más de 20 años de experiencia en cargos judiciales y disciplinarios, pues fue cercano a la administración en la Procuraduría General, mientras el hoy embajador en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez estuvo al mando.

El fiscal estuvo al frente de investigaciones claves en el Ministerio Público. Lideró investigaciones contra el general en retiro Miguel Maza Márquez, que terminaron con su condena en la Corte Suprema de Justicia por el magnicidio de Luis Carlos Galán.

A Jaimes, además de dicha gestión, le fue encomendado por el fiscal Barbosa, coordinar un grupo especializado para investigar las irregularidades que se presentaron en el entramado de corrupción con la firma Odebrecht. Eso, sin contar que tiene a su cargo más de 30 procesos penales y desde la unidad que preside, es el encargado de investigar aforados constitucionales y generales de la fuerza pública.

DEBATE EN EL CONGRESO 

Sin que deba ser un asunto central del Legislativo, el juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez y en particular que su caso haya pasado a la Fiscalía General de la Nación, se convirtió en un tema de fuerte polémica en el Congreso de la República.

La controversia la arrancó precisamente la otra parte en el proceso de Uribe, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien recusó al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, por considerar que el mismo está impedido para llevar el caso, entre otras razones por su amistad con el presidente Iván Duque, lo que llevarían a ser parcializado.

“Hemos radicado la recusación del fiscal general Francisco Barbosa y de la señora vicefiscal, esperamos ahora que la Corte Suprema se pronuncie. Hemos señalado que ni el presidente de la República, ni la señora vicepresidenta podría enviar ternas en caso que se apruebe la recusación, y esperamos que sea la propia corporación la que nombre un fiscal ah doc”, dijo Cepeda.

De acuerdo con el senador, junto con su defensa, el abogado Reinaldo Villalba, presentaron los elementos jurídicos necesarios para avanzar con tal recusación. “Es evidente que ahora quedan suspendidas toda clase de procedimientos hasta que no se resuelva este asunto”, reseñó.

El panorama de la recusación a Barbosa es similar a la que, en su momento, se surtió en contra del exfiscal Néstor Humberto Martínez, con el caso Odebrecht, sin embargo, cabe mencionar que el exfiscal tuvo relación directa por cuanto fue asesor del grupo aval. En el caso de Barbosa, no existe una amistad directa con Uribe.

Sin embargo la postura de Cepeda fue rechazada desde las filas del Centro Democrático, en donde se piensa que el fiscal Barbosa no tiene porque apartarse del caso de la investigación al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En tal sentido el senador John Harold Súarez, sostuvo que “no concurre impedimento alguno del señor fiscal general de la nación respecto de la investigación de carácter penal en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, habida cuenta que lo que sucedió es que la competencia para investigar y acusar la perdió la Corte Suprema de Justicia, concretamente la sala de instrucción, la cual pasa todo el expediente a la Fiscalía General de la nación”.

Suárez sostiene además que las actuaciones que deba adelantar la Fiscalía con relación al caso Uribe, son de carácter institucional y no personal, además que considera que los impedimentos se dan por causales previstas en la Constitución y la ley, y en este caso no concurre ninguna.

 “El caso del expresidente Uribe tiene una especial característica y es el tránsito legislativo, pues debido al fuero que ostentaba, las actuaciones de carácter penal en la Corte se surtían de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley 600 de 2000, mismas actuaciones que hoy deberán adecuarse a lo previsto en la ley 906 de 2004, siendo una principal característica de este sistema la publicidad de las actuaciones y diligencias, pues ya no esta resguardado por la reserva de que trata la ley 600”.

El representante a la Cámara uribista, Edward Rodríguez, sostuvo que “el expediente del expresidente Álvaro Uribe pase a la Fiscalía es una garantía Constitucional. Ojalá este proceso se investigue a profundidad, que sea público y que los tribunales le puedan devolver el buen nombre”.

El vocero del uribismo en el Senado, Gabriel Velasco. Sostuvo que “mientras el Álvaro Uribe da la cara al país y a la justicia, cada vez se conocen más irregularidades en el actuar de Iván Cepeda, sus donaciones a testigos, sus visitas a cárceles, la manipulación y no entrega de los chats, entre otras.

¿No será él el verdadero peligro?”. /Colprensa 

 

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