Condenado a 18 años el exjuez Napoleón Barraza

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Tras la acusación de la Fiscalía General de la Nación, el exjuez del Magdalena Napoleón Barraza Lozano, fue condenado a 217 meses de prisión por haber usado su cargo para favorecer a un abogado que defraudó al antiguo Instituto de Seguros Sociales en ese departamento. Así lo dice la sentencia que se conoció en las últimas horas. 

La Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta, encontró que el exjuez Barraza Lozano, quien fue exjuez de ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad, fue responsable de los delitos de prevaricato por acción y omisión, falsedad ideológica y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción demostró el ilícito proceder del

condenado quien, siendo juez, omitió cumplir su deber funcional de hacer efectiva una condena de prisión en establecimiento carcelario impuesta al abogado Hugo Quintero Cervantes, señalado de defraudar al Instituto de Seguros Sociales (ISS) del Magdalena.

Quintero es responsable del delito de peculado por apropiación, por afectar de manera grave las finanzas de la entidad prestadora de salud, y su caso llegó al despacho de Napoleón Jesús Barraza desde el 28 de noviembre de 2011, quien evadió su deber de hacer efectiva tal medida.

Este proceso tuvo connotaciones de escándalo por cuanto se perdieron unos oficios que el propio exjuez Napoleón Barraza argumentó en su momento que le tendieron una trampa, apreciación que no le resultó creíble para su juzgador.

El exjuez Napoleón Jesús Barraza Lozano, es oriundo de Concordia, Magdalena  llegó a vivir la vida y el ejercicio del encargo judicial de una manera distinta. Vestía con chanclas de las llamadas tres puntá y su vestimenta era colorida y se desplazaba por toda la ciudad en una bicicleta

EL PROCESO 

El día 22 de enero de 2014, funcionarios de la Unidad de Investigaciones contra Funcionarios de la Rama Judicial, llegaron desde la capital de la República con el fin de proceder a la captura del juez, a quienes le señalaban de haber cometido los delitos de prevaricato por acción y omisión, falsedad en documento público y destrucción, supresión y ocultamiento de documento público.

 “Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción demostró el ilícito proceder del condenado quien, siendo juez, omitió cumplir su deber funcional de hacer efectiva una condena de prisión en establecimiento carcelario impuesta al abogado Hugo Quintero Cervantes, señalado de defraudar al Instituto de Seguros Sociales (ISS) del Magdalena”, explicó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.

En su momento el ente acusador dijo: “El abogado Hugo Quintero es responsable del delito de peculado por apropiación, por afectar de manera grave las finanzas de la entidad prestadora de salud, y su caso llegó al despacho de Napoleón Jesús Barraza desde el 28 de noviembre de 2011, quien evadió su deber de hacer efectiva tal medida”.

 “La Fiscalía evidenció además que el hoy condenado le ocultó a la procuradora especial designada para el caso el proceso contra el abogado, para asegurar la impunidad de su ilicitud, que llegó a socavar la administración pública y la recta impartición de justicia”.

ALLANAMIENTOS 

En noviembre de 2016 investigadores de la Subdirección Seccional CTI Magdalena, realizaron dos diligencias de allanamiento en las viviendas del exjuez Napoleón Jesús Barraza Lozano, donde hallaron 3 libros de actas de visitas carcelarias y de prisión domiciliaria, así como una carpeta legajada también con actas de visitas carcelarias, pertenecientes al parecer al Juzgado donde este fungía como juez de ejecución de penas.

Un juez con funciones de garantías avaló la legalidad a los allanamientos efectuados en dos residencias del exjuez, a petición del Fiscal 4 Delegado ante el Tribunal Superior del Magdalena.

Las diligencias judiciales se realizaron en la carrera 19 No 11 C – 31 barrio San Francisco y en la calle 29 E No 23 B – 55 barrio 8 de Febrero de la ciudad de Santa Marta, por orden del fiscal del caso, por los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y falsedad en documento público por ocultamiento.

Según la Fiscalía, ese material documental, por su condición, debería reposar en los archivos del Juzgado de Ejecución de Penas y no en la casa del ex funcionario judicial.

Por esas mismas conductas fue juzgado y acaba de ser condenado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta.

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