Entidades públicas en liquidación tienen activos de hasta 2,26 billones 

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La Contraloría General reveló en uno de sus más recientes informes de estudio sectorial que hay entidades públicas en liquidación tienen activos por $2,26 billones para pagar sus acreencias. 

Cabe decir que el tiempo promedio de duración de las liquidaciones es de 20 años. El ente de control señala que esto podría estar afectando el cumplimiento de los objetivos propuestos en estos procesos. De eso modo se provocaría un incremento en los costos asociados a los mismos y demoras en el pago de las acreencias. Uno de los casos es el de la Caja, Agraria, cuyo proceso llega a los 27 años.

Dentro de las conclusiones de la Contraloría se establece que “existen 51 negocios fiduciarios que administran recursos de entidades públicas en liquidación, con recursos totales de $1,64 billones, que pueden convertirse en fuentes de liquidez para atender sus pasivos o acreencias del orden de $690.475 millones”.

El ente de control también señala que, de los 51 negocios, dos presentan patrimonios negativos: Incoder (-$4.800 millones) y Electrificadora de Bolívar S.A. E.S.P. (-3.791 millones).

“La presencia de estos patrimonios negativos en las entidades en liquidación, cuyas acreencias laborales e indemnizaciones deban ser respaldadas según los decretos de liquidación con recursos del Presupuesto General de la Nacional, como es el caso de Incoder y de la Electrificadora de Bolívar, podría tener un efecto negativo en las finanzas públicas”, añade.

De igual modo, afirma que son 19 las entidades cuyos procesos liquidatarios se efectúan directamente a través de agentes liquidadores, dentro de las cuales se evidenció la existencia de una con patrimonio negativo.

“Se trata de Saludcoop E.P.S., con un patrimonio negativo de -$2,63 billones, lo cual significa que no cuenta con los suficientes activos para cubrir sus obligaciones”.

Es por ello que la Contraloría concluye que “si bien las normas que regulan los procesos de liquidación se constituyen en instrumentos eficaces para culminar algunas actividades de difícil trámite, continúa sin resolverse la problemática generada por la administración del pasivo pensional y las contingencias, donde se requieren medidas de fondo, que se apliquen de manera uniforme en todas estas entidades”.

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