Mancuso se despacha y ´recupera´ la memoria 

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Durante algo más de 13 años, Mancuso guardó silencio y no le contó la verdad a Justicia y Paz, mintiendo u ocultando información, dicen los abogados de las víctimas. 

Una carta con carga de profundidad que destila más bien serias advertencias y amenazas de prender ´el ventilador´ en su segunda etapa sobre las supuestas relaciones de personajes de la vida nacional con el paramilitarismo, envió desde la cárcel de Irwin en Estados Unidos, Salvatore Mancuso dirigida para al gestor de paz Álvaro Leyva. Allí le reitera su compromiso por contar la verdad del conflicto armado en Colombia, sin embargo, allí también expuso una serie de acusaciones contra funcionarios del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

Mancuso aseguró ser un “testigo excepcional” que participó en el conflicto armado y que por sus declaraciones al respecto “se han utilizado medios coercitivos para intimidarme, como torturas, amenazas, persecución judicial a través de montajes como los que he denunciado pública y judicialmente, todo tratando de callarme”.

En ese sentido, relató en la carta como colaboradores, “funcionarios cercanos al gobierno del presidente Álvaro Uribe, como Francisco Santos hoy embajador de Colombia en Estados Unidos, José Miguel Narváez subdirector del DAS quien tuvo responsabilidad en la muerte de Jaime Garzón, de Pedro Juan Moreno amigo personal y Secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, fueron personas muy cercanas con las AUC”.

Al respecto, Pacho Santos señaló que esta misma acusación la viene haciendo desde hace 13 años “con ninguna prueba distinta a su palabra, y que jamás ha podido demostrar en ninguna instancia”. Sin embargo, estudiará emprender acciones judiciales por estas últimas afirmaciones.

Aseverando que la Fiscalía General de la Nación lleva este mismo tiempo investigando dichas afirmaciones y “jamás ha encontrado mérito alguno para ningún tipo de imputación por parte de la justicia”.

CALLÓ Y OMITIÓ DECIR LA VERDAD

Algunos abogados penalistas son del criterio que Mancuso le jugó sucio a la Jurisdicción de Justicia y Paz, y por lo tanto no debe ser tenido en cuenta para los beneficios que allí se otorgan.

´No contó toda la verdad, la ocultó, o la dijo a medias con propósitos criminales, ahora ha recuperado la memoria, y dice que se acuerda de muchas cosas, falta ver que sean veraces, pero todo esto suena a un chantaje y una venganza´, señaló un reputado penalista que pidió omitir su nombre.

Dijo además que es claro el ánimo de venganza de Mancuso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su Gobierno por haberlo extraditado. ´Mancuso va a señalar a todo el mundo, y lo va a hacer sin pruebas, será la palabra de este delincuente confeso y expresidiario contra la de la gente que muy seguramente ni siquiera lo conoce, pero el debate debe darlo el país´, sostuvo el jurista.

LA JEP SIGUE CERRADA 

En febrero pasado, en una polémica decisión, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió como “agente de Estado diferente a miembro de la Fuerza Pública” al exgobernador de Sucre, Salvador Arana, aunque le negó el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada.

De inmediato, la Corte Suprema de Justicia prendió las alertas y advirtió sobre los “riesgos de fraude” al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, debido a la admisión en esa jurisdicción especial de “paramilitares puros” y personas condenadas o procesadas por conductas sin conexidad con el conflicto armado.

Como se recuerda, Arana fue condenado hace una década a 40 años de cárcel, tras ser procesado por la desaparición forzada y el homicidio de Eudaldo León Díaz, exalcalde de Roble (Sucre), concierto para delinquir agravado por colaborar con el bloque paramilitar ‘Montes de María’, así como por peculado por apropiación y falsedad ideológica, al desviar fondos de las regalías de su departamento a grupos armados al margen de la ley.

 “Arana fue condenado hace una década a 40 años de cárcel, tras ser procesado por la desaparición forzada y el homicidio de Eudaldo León Díaz, exalcalde de Roble (Sucre)”

Aunque en este caso la JEP defendió su competencia, lo cierto es que el duro campanazo de la Corte abrió un debate porque consideró que Arana fue un “paramilitar puro” que no actuó como un simple tercero colaborador o financiador ajeno al grupo armado ilegal.

Sin embargo, como no son pocos los casos de señalados de nexos con las autodefensas o de cabecillas de estos grupos que han ido a golpear en las puertas de la JEP, pese a que la Ley de Justicia y Paz es el marco jurídico excepcional creado para procesar a los paramilitares, la discusión sobre quiénes pueden o no entrar en la jurisdicción creada en el marco del acuerdo de paz con las Farc sigue creciendo.

De hecho, la controversia es mayor si se tiene en cuenta que los defensores de derechos humanos y las víctimas del paramilitarismo aseguran que los cabecillas de estos grupos y sus aliados procesados por la justicia solo buscan a la JEP en pos de ser excarcelados de inmediato o acceder a penas de cero cárcel.

NO PERO SÍ 

Aunque en junio del año pasado ya el Tribunal para la Paz  había recalcado que los paramilitares están excluidos de la JEP, dejó una puerta abierta al señalar que existía una excepción: cuando ejercieron el rol de terceros que financian o colaboran con grupos armados.

La regla general para el portazo a los ‘paras’ es clara, según el auto TP-SA 199/19: los paramilitares están excluidos del acuerdo final de paz por las partes firmantes; no existe una “norma expresa” que faculte a esta jurisdicción para recibirlos; la JEP aplica para estructuras “rebeldes” y los paramilitares no lo son; no hubo un acuerdo final de paz con los paramilitares (el pacto de Ralito fue un arreglo previo y parcial de desmovilización); después del 24 de noviembre de 2016 no ha habido un acuerdo de dicha naturaleza; no se pueden presentar como “terceros civiles” porque estos roles son excluyentes; no pueden alegar el principio de favorabilidad porque no se trata de los mismos supuestos de hecho ni cuerpos normativos; y la Ley 975 de 2005 constituye la legislación “especial” para el juzgamiento de los paramilitares.

 “La regla general para el portazo a los ‘paras’ es clara, según el auto TP-SA 199/19: los paramilitares están excluidos del acuerdo final de paz por las partes firmantes”

Sin embargo la excepción sobre los terceros es justificada en el auto de 2019 en la medida en que, con su sometimiento voluntario a la JEP, se protegería el “interés superior de las víctimas”, especialmente el de saber la verdad plena; y en que el aporte a la verdad sea apto para esclarecer la verdad sobre el conflicto en términos de promoción, financiación, auspicio o colaboración de grupos armados.

PUERTA DE ATRÁS

El debate ha sido puesto de nuevo sobre la mesa a propósito del posible regreso al país de los extraditados cabecillas de las autodefensas, Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

De hecho el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, ya le pidió al Gobierno garantizar la deportación de Tovar, quien está a punto de quedar en libertad tras 12 años de prisión en Estados Unidos.

Vivanco también se refirió por enésima vez a la discusión sobre la situación de Mancuso, cuya deportación a Italia está congelada por el gobierno Trump, a la espera de una decisión para enviarlo a Colombia.

 “Sería una verdadera burla a las víctimas que se repita el fiasco que ha sido hasta ahora el proceso de extradición de Mancuso”, anotó Vivanco, en relación al caso Tovar Pupo.

 “‘Sería una verdadera burla a las víctimas que se repita el fiasco que ha sido hasta ahora el proceso de extradición de Mancuso’ anotó Vivanco, en relación al caso Tovar Pupo”

¿Por qué es importante el caso Tovar en relación con la JEP? Sencillo: en enero pasado la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le negó el sometimiento directo a Tovar, pero aceptó estudiar su sometimiento en calidad de tercero, basándose el ya citado auto.

Según la decisión, “los miembros de las ‘autodefensas’ -incluso si llegaron a estar revestidos del estatus de combatiente- pueden comparecer si y solo si antes o después de portar armas actuaron como terceros financiadores o colaboradores. Acogiendo la interpretación de la Corte Constitucional sobre el conflicto, según la cual éste es un fenómeno social complejo y multicausal”.

El caso Tovar sorprendió ya que en abril de 2018 nueve jefes paramilitares presentaron, en bloque, una solicitud de sometimiento a la JEP.

Uno de ellos fue, precisamente, Mancuso, pero tras él llegaron a tocar las puertas de la JEP otros nombres: Sor Teresa Gómez, la última integrante de la familia Castaño (hermanastra de Fidel, Vicente y Carlos). También buscaron acogerse a la justicia transicional Víctor Alfonso Rojas, alias ‘Jawi’; Manuel Salvador Ospina, alias ‘Móvil Cinco’; y Isabel Bolaños, alias la ‘Chave’.

También hicieron el mismo intento Daniel Rendón, alias ‘Don Mario’, preso en Estados Unidos; Edgar Córdoba, alias ‘Cinco-Siete’, quien fuera comandante del grupo paramilitar de Hernán Giraldo, el ‘Señor de la Sierra’; y Benjamín Alvarado, que lideró los paramilitares en Tierralta y Valencia (Córdoba).

Ya fueron negadas las solicitudes de Mancuso, Gómez y Bolaños. Hasta el momento no se han divulgado pronunciamientos sobre los casos de Rendón, Córdoba, Rojas y Blanco.

En el caso de Mancuso, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad consideró que “no se demostró que las conductas de Mancuso correspondieran a las de un tercero civil financiador o colaborador de un grupo armado ilegal sino, por el contrario, evidencian su participación directa en las hostilidades al ejercer una función continua de combate”.

En todo caso, para poder estudiar su sometimiento como tercero la JEP le solicitó a Tovar subsanar su solicitud, y allegar las pruebas con las cuales acredite que financió y auspició organizaciones paramilitares antes de formar parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

Como se ve, si bien la remisión de Mancuso o Tovar a Colombia dependerá de lo que finalmente decida la justicia estadounidense, ante la cual no está descartado que ambos pidan asilo y aleguen que ‘corren peligro” en nuestro país, lo cierto es que si llegan a ser enviados a nuestro país e insisten en tocar las puertas de la JEP, esa jurisdicción tendrá en sus manos una verdadera ‘papa caliente’, que podría aumentar los ya de por sí grandes campanazos en torno a que se estaría convirtiendo en una ‘puerta de salida’ a la impunidad.

Los que han tocado la puerta

Salvatore Mancuso

Manuel Salvador Ospina, alias ‘Móvil Cinco’

Isabel Bolaños, alias la ‘Chave’

 Edgar Córdoba, alias ‘Cinco-Siete’

 Hernán Giraldo, el ‘ Patrón de la Sierra’

Benjamín Alvarado

Daniel Rendón, alias ‘don Mario’

Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’

Sor Teresa Gómez

Víctor Alfonso Rojas, alias ‘Jawi’

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