Gobierno pedirá aclaración del fallo Petro que beneficia a los funcionarios corruptos 

El gobierno nacional anunció éste martes en un debate en el Senado de la República, que le solicitará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una aclaración el fallo en el que sancionó a Colombia por la destitución y la inhabilidad proferida contra el entonces alcalde Gustavo Petro. 

En tal sentido el director de la Agencia Nacional Jurídica del Estado, Camilo Gómez, sostuvo que “obviamente vamos a cumplir la sentencia, debemos terminar el análisis correspondiente para ver si corresponde pedir una solicitud de interpretación de la sentencia, esto no tiene instancias, aquí simplemente cabe la interpretación y eso es lo que haremos. Estamos trabajando con la Cancillería, con la Procuraduría, con la Contraloría, con el Consejo de Estado, porque nos preocupa el proceso de pérdida de investidura y con el Consejo Electoral han surgido incertidumbre”.

Por su parte la canciller Claudia Blum, quien también fue citada al debate convocado para discutir sobre ese fallo, sostuvo que “Colombia viene haciendo esfuerzos para cumplir las órdenes en todos y cada uno de los 21 casos anteriores en los cuales la Corte Interamericana ha emitido sentencia respecto de nuestro país. El Ministerio y las autoridades competentes trabajan a diario por su cumplimiento y Colombia se mantiene al día en el cumplimiento de las decisiones judiciales del sistema interamericano”.

Por su parte la ministra del Interior, Alicia Arango, indicó que “no se puede desconocer el ajuste normativo que hay que hacer en Colombia, esto implica una revisión a la institucionalidad del país. Hay que profundizar en esta sentencia y examinar los casos que están siendo investigados por la Contraloría y la Procuraduría, que son más de 20.000”.

A su turno, el senador Armando Benedetti, uno de los citantes, manifestó que se deben impulsar los cambios legislativos necesarios para dejar claro que los funcionarios elegidos popularmente solo pueden ser destituidos o separados del cargo por un juez penal y no administrativo, como es el caso de la Procuraduría.

Por último el presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, Hernán Penagos, expresó su preocupación por el fallo de la CIDH podría afectar la facultad para revocar las inscripciones de candidatos. “La pregunta es si las decisiones de revocatoria de inscripciones pueden ser objeto o no de revisión, teniendo en cuenta que las mismas violan los derechos políticos de una persona en esa instancia del proceso electoral”, planteó./Colprensa