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Preocupación por la lenta intervención en la erosión de la vía Salamina-El Piñón
Hay preocupación en el Magdalena por la intervención en la erosión costera que cada día empeora en la vía Salamina-El Piñón, puesto que habitantes de los municipios afectados y, representantes a la Cámara por el Magdalena y Atlántico, consideran que el proceso va lento y, se necesita de un verdadero compromiso del Gobierno Nacional para evitar una tragedia.
La vía Salamina-El Piñón reclama con urgencia que se cumplan los compromisos de todos los actores en el ámbito local, regional y nacional, puesto que la erosión cada día empeora y, hay preocupación que exista una tragedia.
La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes realizó un debate sobre esta emergencia, donde la conclusión fue que el proceso va lento y, los congresistas quedaron insatisfechos con las explicaciones de las entidades del Gobierno Nacional, por eso reclaman una intervención real que muestre resultados positivos.
La congresista atlanticense, Martha Villalba, inició su intervención haciendo una radiografía de la grave problemática de erosión entre la Vía Salamina-El Piñón y cuestionó ante las entidades citadas que, pese a las alertas que se han venido dando de mucho tiempo atrás, no entiende por qué, a la fecha, aún no han habido soluciones de fondo.
Recordó que desde el 2013 hasta el 2019 se han hecho varias intervenciones en el sector y el riesgo aún es latente. “Las obras se han realizado en San Zenón, Remolino, Santa Ana, Plato, Salamina, El Banco y Tenerife por el orden de 51 mil millones de pesos, estas han sido realizadas sin ningún tipo de estudio, sin planificación y nos demuestra que si no existe trabajo articulado los recursos se los lleva el río y el drama continúa”, dijo.
Además, Villalba manifestó que “de no atenderse con celeridad esta situación se estaría ante una nueva tragedia como la ocurrida en el 2010 en el Atlántico, esta vez afectando a municipios y corregimientos ribereños del Magdalena, entre ellos, Salamina, Pivijay, Sitionuevo, El Piñón, Remolino y el Cerro de San Antonio, con una población agrícola y ganadera que suma alrededor de168.500 habitantes.
De otro lado, la legisladora señaló que si bien hoy se han iniciado una serie de labores a corto plazo y al parecer existe un trabajo articulado entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Cormagdalena, Invías, la Gobernación del Magdalena y autoridades municipales, exigió compromisos integrales al Gobierno Nacional para que se asignen los recursos indispensables que permitan hacer los estudios y las inversiones de fondo que se necesitan para mitigar la situación y, que por su puesto, sean obras que no afecten a otros departamentos.
CREACIÓN DE UN CONPES
“Creo que ante toda esa problemática, y para que esta crisis no tenga el abandono que sí tuvo la crisis del 2010, se cree un Conpes para que el Gobierno Nacional destine recursos importantes que no sean paleativos, que articulados con los entes territoriales se inviertan dónde debe ser y como debe ser”.
Así mismo, y pese a la insatisfacción de las respuestas dadas por las entidades citadas, agregó que el debate continuará y que “se conformará una subcomisión de la Comisión Sexta tal como lo permite la Ley 5 de 1992, para hacer seguimiento a al plan de manejo sobre las medidas y obras que se realicen por las diferentes entidades que tienen competencia y jurisdicción sobre la zona de crisis, con acompañamiento de los entes de control del Estado”.
LAS ENTIDADES
Pedro Pablo Jurado, director de Cormagdalena, señaló que se requiere una política pública de protección de orilla que genere estabilidad para los pobladores. “Vamos a requerir un amplio concurso de intervención integral del área. Una clara instrucción de la señora Ministra de Transporte ha sido precisión en el alcance técnico e intervenciones acertadas .Lo que hoy ponemos a disposición de la comunidad es un estudio integral del área y ese estudio se ha hecho sobre mediciones del caudal y velocidades de 36 kilómetro arriba del punto a intervenir”.
Así mismo, explicó que para adelantar las obras en el sector se necesitan recursos por 35 mil millones de los cuales hay 10 mil millones a través del convenio Invías y la Gobernación del Magdalena en el marco de la emergencia. Y se requieren 25 mil millones para desarrollar y ejecutar la solución integral.
Por su parte, el director técnico de Invías, Guillermo Toro, señaló que para este jueves a las 9:00 de la mañana en la Gobernación del Magdalena se citó el comité de seguimiento al convenio 649 de 2013, y que en ese comité “se tomarán las decisiones de inversión de los recursos que se necesitan para poder realizar las actividades de dragado y las demás obras que se contemplen en el sector”.
En el debate, participaron, también, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, el gerente del Fondo de Adaptación, los representantes del Magdalena, Kelyn González y Franklin Lozano, respectivamente, los alcaldes de Salamina, El Piñón y Pivijay, así como líderes del sector.
