Límites de la Policía, otra vez en la ´picota´ pública  

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La muerte del ciudadano Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, presuntamente a manos de dos uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, abrió nuevamente el debate sobre los límites de la Fuerza Pública frente a la población civil y, en especial, frente al uso de armas catalogadas como no letales, como la pistola taser, que habría producido el deceso de este sujeto en la capital del país.  

El caso, que se conoció este miércoles, ocurrió en el barrio Santa Cecilia de Bogotá, cuando Ordóñez Bermúdez tuvo un encuentro con los dos uniformados a la medianoche del martes, quienes le propiciaron varias descargas con una pistola taser, que al parecer habría sido el detonante de la muerte de este hombre, que tenía dos hijos menores de 15 y 11 años de edad.

Una vez conocido el hecho, desde el Gobierno Nacional el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que la institución está dispuesta a entregar toda la información que sea necesaria para aclarar los hechos alrededor de la muerte del abogado de 45 años.

 “El Ministerio de Defensa rechaza y condena cualquier acto de un miembro de la Policía que incurra en violaciones a la ley o desconocimiento de los reglamentos internos. Esta actitud corresponde a la política de cero tolerancia con la corrupción o cualquier desconocimiento  o violación de las normas legales”, señaló el ministro.

Sin embargo para muchos líderes de opinión y opositores políticos del Gobierno el tema debe ir mucho más allá de los anuncios hechos por las autoridades. Argumentan que se necesita una reforma de fondo alrededor de la potestad que tienen los miembros de la Fuerza Pública para actuar en contra de los ciudadanos. Sugieren que sea más limitado el uso de herramientas como el taser, que fue la que utilizaron los dos policías involucrados en el caso.

El representante a la Cámara de la Alianza Verde, Inti Asprilla, aseguró que con el caso de Ordóñez  llegó la hora de enfrentar el abuso policial en el país y que por esta razón radicará en el Congreso un proyecto de ley que permita luchar contra este flagelo. “¡A Javier Ordóñez lo llenaron de taser hasta matarlo!”, añadió.

Para el analista y experto en seguridad, Jairo Libreros, pese al debate que se ha generado en la opinión pública a raíz del caso,  el problema no tiene nada que ver con  la regulación de la Fuerza Pública  debido a que la jurisprudencia colombiana y, en particular,  la convención de La Habana  establece los parámetros con base en los cuales los funcionarios que hagan parte de los cuerpos de cumplimiento de la ley  pueden establecer hasta donde puede llegar el uso de la fuerza o  la utilización de armas de fuego, así como las herramientas  consideradas no letales, como los tasers.

Según Libreros, el problema real de este caso está relacionado con el principio de proporcionalidad alrededor del uso que se les da a las armas de fuego y a las herramientas de uso no letales,  como los taster,  que solo pueden usarse para inmovilizar a un ciudadano que perturba la convivencia y la seguridad. “Todo lo que vaya más allá de eso es uso excesivo de la fuerza”, añade.

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