Camacol pide desde el Concejo concertar el POT 

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El Concejo de Santa Marta mediante proposición liderada por Jaime Linero Ladino le pidió a la Cámara Regional de la Construcción del Magdalena (Camacol Magdalena), que a través de su vocero Javier Quintero Fragoso, socializó los resultados de sus nuevas reuniones con el Gobierno Distrital donde analizaron en mesas de trabajo sus propuestas para incluir en el Plan de Desarrollo Territorial, POT Santa Marta 500 años. 

Como se recordará el Concejal Linero Ladino,  consideró plausible que la corporación en pleno supiera si ha habido nuevos acuerdos entre las partes deben conocerse con tiempo a fin de ahorrar camino de cara la aprobación o no del POT y así no  tener un doble  trabajo al repetir  temas, sabiendo que el peor enemigo de la iniciativa hoy es el tiempo.

Dijo Javier Quintero, que han propuesto posponer en el periodo de 4 años la implementación de la tabla relacionada en el artículo 190 del proyecto de acuerdo debido a la actual coyuntura de pandemia, recesión económica y capacidad del mercado.  Que para su criterio debe modificarse su momento de exigibilidad, indicando que no se requerirá su pago de manera previa a la obtención de licencias de construcción, sino para la enajenación de las unidades de vivienda que efectivamente se construyan. De lo contrario estas cargas impondría un nuevo requisito para la obtención de licencias de construcción, que no estaría autorizada por ley, toda vez que no se enmarca dentro de requisitos legales previstos en el artículo 7 de la ley 388 de 1997 y el decreto nacional 019 (Ley antitramites).

 “Señores concejales, nosotros estamos sugiriendo   que la mixtura de usos sea opcional y no vinculante, toda vez que la Propuesta de Modificación del POT establece porcentajes mínimos y máximos respecto de la mixtura de usos, los cuales pueden imponer rigidez para efectos de la definición comercial en algunos proyectos.  Se sugiere eliminar el artículo 122 considerando que el cobro de las cargas urbanísticas para el tratamiento de desarrollo debe quedar como cesiones dentro de su área de urbanización, y reconsiderar frentes mínimos y aislamientos frontales para áreas de tratamiento de consolidación y renovación en modalidad de reactivación, considerando la tipología de lotes en estas áreas”, manifestó Quintero.

CARGAS URBANÍSTICAS 

El ejecutivo explicó que en las mesas de trabajo se trabajaron sobre las cargas urbanísticas que según su criterio no deben ser impuestas como requisitos adicionales a la obtención de nuevas licencias de construcción.

“Atendiendo la actual situación de pandemia que para el sector ha representado la pérdida de cinco mil empleos y el retraso en la rotación de ventas de los proyectos en promedio de 1 año, proponemos posponer en el periodo de 4 años la implementación de la tabla relacionada en el artículo 190 del proyecto de acuerdo debido a la actual coyuntura de pandemia, recesión económica y capacidad del mercado”. Comunicó el ejecutivo, quien agregó que hubo entendimiento en el valor de las cargas que se  pagarán de la siguiente forma:  Cinco pagos del 20% en el momento que se llegue al punto de equilibrio,  de no contar con fideicomisos deberá pagar el 20% al momento de la expedición de licencia de construcción y el 80% restante al momento de la solicitud del permiso de enajenación, la forma de pago hará parte integral del acto administrativo de licenciamiento y tendrá que incorporarse en los flujos de pago de los fideicomisos.

Finalmente, Camacol le dijo al Concejo, que tanto propuestas, requerimientos, acuerdo o entendimientos maduraran si la corporación después de analizar y estudiar, determina en su sabiduría someter a discusión y aprobación los avances de dichas mesas de trabajo.

 “En ese sentido, resaltamos la necesidad de que se evalúen las propuestas del gremio que han sido objeto de un riguroso estudio técnico y jurídico y puedan ser acogidas e incorporadas al documento POT por el Honorable Concejo Distrital en el marco de esta fase de concertación, con el propósito de que el desarrollo urbano formal, la habilitación de suelo necesario y la seguridad jurídica se garantice y permita que el sector constructor pueda contribuir a la ciudad en la generación de empleo, desarrollo económico y acceso a vivienda que permita suplir de forma efectiva la necesidad habitacional de la población en la fase recuperación económica post Covid-19.” Dijo finalmente el gremio.

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