Más allá de la indignación 

A Javier Ordóñez lo asesinaron con sevicia y alevosía. El informe preliminar de Medicina Legal indica que llegó al hospital con nueve fracturas en el cráneo, reventado por dentro y sin signos vitales. Al parecer, lo mataron a golpes dentro del CAI en un hecho en el que participaron varios agentes. Y existía una pelea casada entre algunos de los policías y la víctima, con provocaciones de lado y lado. Pero nada, nada, justifica el crimen atroz.

Era de esperar la indignación nacional, acentuada por el video en el que se le sometía a la víctima con pistolas eléctricas, pese al ruego de que pararan. Lo anormal hubiese sido que los ciudadanos fueran indolentes frente a lo sucedido. Pero esta reacción no se debe confundir con el vandalismo presentado en varias ciudades; con la violencia propiciada por células criminales, políticas y organizadas, que se activan cuando ven la ocasión.

En Bogotá, según la BBC, el vandalismo deja un saldo trágico de 10 muertos, 209 civiles y 194 policías heridos, 120 buses de Transmilenio violentados, 14 más incinerados, 53 de los 153 CAI destruidos, y pérdidas por $14 mil millones. En Cali, destrucciones al comercio, sedes bancarias y restaurantes en el tradicional barrio San Fernando y sobre la Calle 5a. En otras ciudades se han presentado desmanes, pero de menor alcance.

No han faltado, además, los que hacen politiquería con la muerte e incitan a la violencia, y quienes evaden sus responsabilidades públicas y culpan a otros de su mediocridad. Pero lo importante ahora es que a los homicidas se les aplique la ley sin atenuantes, que con acciones y no discursos la Policía le haga saber a su personal que este tipo de hechos no se toleran, y que a los alcaldes no les tiemble más la mano para restablecer el orden.

Y como en otras ocasiones, cuando se presentan excesos dentro de la Policía, resurgen las iniciativas de reforma a la institución; se desempolvan proyectos de ley de distinto tenor, que van desde incrementar la pedagogía en derechos humanos hasta su traslado al Ministerio del Interior, pasando por una revisión de los protocolos de actuación, la prohibición de portar armas, y la eliminación del fuero penal especial de la Policía.

Pero no nos equivoquemos: una cosa es la responsabilidad individual de unos agentes de policía y otra, que haya una política institucional a favor de los abusos, que no la hay. Muchos de quienes así piensan, además de sacar provecho político de la situación, van es detrás de golpear y debilitar a la Policía Nacional; aspiran a dejarla como un eunuco: a cercenarle sus funciones en materia de seguridad y en el manejo del orden público.

La Policía no es infalible como institución ni tampoco lo son sus integrantes, quienes en ocasiones cometen abusos inaceptables. Pero son los únicos, con las Fuerzas Militares, en capacidad de garantizar cierto orden y evitar la anarquía. Si no queremos un país de ciudades incendiadas, bienes destruidos, saqueos, vías bloqueadas y predios invadidos, necesitamos una Policía fuerte, cada día más profesional y claro, respetuosa de la ley.

Hay quienes buscan de tiempo atrás socavar a las fuerzas del orden y el mejor antídoto para evitarlo no es ocultar ni minimizar los errores, sino reconocerlos; poner la cara y tomar correctivos. Por eso, los responsables del asesinato del abogado -y de todos los que han abusado del uniforme- deben ser ejemplarmente castigados. Solo así se contará con autoridad moral para poner en su sitio al vandalismo político armado y organizado, e impedir que, en medio de la calentura, la demagogia arrase con la Policía Nacional.

*ExMinistro de Estado