Adefesio jurídico 

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La discusión se desvió; el país y los medios terminaron enfocados en si el Ministro de Defensa se había disculpado como se le ordenó o si incurrió en desacato. Ese no es el tema de fondo: es el contenido del fallo de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que algunos califican de histórico cuando es en realidad un adefesio jurídico, por su ligera y pobre sustentación, evidente sesgo, e invasión de la órbita del Ejecutivo.

El primer desatino: compra la tesis de que existe una “intervención sistemática, violenta y arbitraria de la Fuerza Pública”. Esta generalización, además de falsa, deja en evidencia la liviandad de la Sala al analizar los hechos y el asunto. Lo dice con razón el magistrado Álvaro Fernando García en el salvamento de voto: da credibilidad a todo lo afirmado sin “pararse a escrutar la veracidad de lo dicho y de las pruebas existentes o inexistentes”.

Si la anterior generalización no fuese grave agrega el fallo que la constante del Esmad “es la tendencia impulsiva contra los manifestantes” y que “no es capaz de garantizar el orden sin violar las libertades y los derechos de los ciudadanos a disentir.” Mentira. Sin negar que se han presentado casos delicados de abuso, si algo caracteriza a este grupo es su profesionalismo y aguante; basta ver el palo que recibe de parte de los vándalos.

La segunda perla. Si bien admite la Sala que “solo la protesta pacífica goza de protección constitucional” no analiza si los hechos que sustentan la tutela fueron todos pacíficos, si se dieron “sin violencia, armas ni alteraciones graves del orden público”. Parte de la premisa de que todos fueron sosegados y angelicales y que el Esmad entró a atropellar. Pareciera, lo afirmo con respeto, que algunos de nuestros magistrados viven en babia.

Confunde además la Sala el que el Esmad no deba tomar partido frente a los móviles de las protestas y se limite a cumplir con su deber con la “neutralidad” de los gobiernos. Estos tienen derecho a manifestar su opinión sobre si consideran fundadas las razones que invocan los organizadores de las protestas, más cuando son de carácter político. La neutralidad que exige la Corte coarta la libertad de expresión y los derechos políticos.

El cuarto yerro es la omisión de la sentencia de los derechos de los no manifestantes. Es cierto que la tutela trata de los derechos de quienes protestan, pero eso no exime al tribunal de incorporar en el análisis de los hechos y en lo jurídico, los derechos de los terceros, con frecuencia ultrajados, sea pacífica o violenta la protesta. Pareciera que no existen o importan, que son ciudadanos de menor rango, invisibles para la Sala Civil.

Si lo anterior no fuera suficiente, sale a cogobernar, a darle instrucciones perentorias al Gobierno y a la Policía, a decirle cómo debe cumplir sus funciones. Y le impone plazos y exige reportes quincenales, y le ordena a la Defensoría tratar al Esmad como impúber. También lo dice el magistrado García con claridad y coraje, al sugerir -denunciar- que están colegislando y coadministrando, invadiendo la órbita de otros poderes públicos.

Felices deben estar los vándalos, grandes ganadores con el fallo. Porque quienes ejercen la protesta de manera pacífica y sin llevarse por delante al resto de los ciudadanos, no deberían desconfiar del Esmad; algunos de sus miembros han cometido abusos graves, inaceptables, incluso punibles. Pero digamos la verdad, no es la regla sino la excepción. Por eso preocupa el fallo de tutela; ojalá la Corte Constitucional la seleccione y corrija. Una Justicia ligera y con sesgos, ávida de protagonismo, es el fin del Estado de Derecho.

*ExMinistro de Estado 

 

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