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Los retos de los nuevos operadores de energía

Para los costeños han sido 10 años de oscuridad por los constantes apagones que causan daños en electrodomésticos por la oscilación de voltaje. Muertes por caída de cableado, descargas eléctricas o suspensión del servicio en viviendas donde habitan personas con ventilación mecánica. Han sido 10 años de protestas, de denuncias por recibos con valores de estrato seis para quienes residen en barrios eléctricamente subnormales y de falta de inversiones por parte de la compañía, así como de un pleito jurídico internacional entre Naturgy y el gobierno colombiano.

Los trabajadores de la empresa, aunque dicen que no se les ha tenido en cuenta en el proceso de transición, están dispuestos a trabajar con sus nuevos patronos en sacar el servicio adelante.

«Iniciando el proceso estábamos al tanto pero la Agente Especial, Ángela Patricia Rojas, comenzó a dirigir la compañía por control remoto y se nos dejó de tener en cuenta para el empalme. Realmente no conocemos más allá de lo divulgado por los medios de comunicación», señaló Hamilton Barreto, presidente de Sintraelecol.

Para Barreto, los nuevos operadores tendrán la responsabilidad de mejorar el servicio no solo haciendo las inversiones pactadas en la infraestructura, sino en la planta de personal, retomando el control directo de servicios y disminuyendo la tercerización que aumentó considerablemente en los últimos años.

Los nuevos operadores se han comprometido con la Superintendencia de Servicios Públicos en el proceso de subasta, a realizar inversiones por más de 8 billones de pesos como principal reto, así como la normalización eléctrica a familias vulnerables.

Afinia y Air-e, serán los nombres comerciales de los dos operadores que tomarán las riendas del servicio desde el 1 de octubre. En Afinia estará EPM como operador del servicio de 1.5 millones de clientes de Bolívar, Córdoba y Sucre, en donde deberá ejecutar inversiones superiores a los 5 billones de pesos, mientras que Aire, estará a cargo del Consorcio Energía de la Costa integrado por Enerpereira para el Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Los nuevos inversionistas llegan en medio de una polémica por el «incentivo» que recientemente decretó el Ministerio de Minas y Energía para que desde enero del 2021 se aumentaran las tarifas de comercialización en un 20%, ante la pérdida de indicadores de facturación que para la firma del contrato estaban por encima del 80% y tras la pandemia se encuentran por debajo del 70%.

Cesar Lorduy, representante a la Cámara por el Atlántico, considera que los nuevos operadores no tendrán excusas para mejorar el servicio ante los beneficios que se les han dado tanto en el Congreso de la República como en el Gobierno Nacional.

«El Gobierno ha asumido el pasivo pensional, también ha financiado el funcionamiento de Electricaribe y la compra de energía, así como el incremento de las tarifas de comercialización de manera anticipada a la realización de las inversiones a partir del primero de enero del 2021», indicó Lorduy.

En cuanto a los barrios eléctricamente subnormales hay un reto económico y social por superar. A juicio de Armando Redondo, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Manga, tener a Electricaribe como operador del servicio de energía ha sido un verdadero calvario.

«Supuestamente estamos normalizados con el subsidio Foes que recibe la empresa del Gobierno, pero estamos sufriendo de las altas facturaciones, de fallas en los transformadores y de las redes obsoletas. Un estrato bajo subsidiado como donde residimos, nos llegan recibos hasta por 600 mil pesos en cada hogar, por lo que hace meses retiramos los medidores», señaló.

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