La minga indígena: una amenaza para la salud y el orden público

Sus organizadores lo saben. Y quienes la apoyan también. La minga indígena tiene motivaciones políticas, pero más allá de esa consideración, la movilización es una amenaza para la salud pública de los colombianos. 

Está claro que contribuir a propagar enfermedades es una clara violación al Código Penal. Y eso es lo que están haciendo los organizadores de la tal protesta social y quienes participan en ella.

Pero frente al grave peligro que a Bogotá lleguen más de 10 mil indígenas y se conviertan en foco de propagación del coronavirus, la alcaldesa Claudia López ha guardado un silencio cómplice, tal vez buscando réditos políticos.

Por ello, llama la atención que ni siquiera la pandemia ha logrado contener las múltiples movilizaciones y manifestaciones que diferentes sectores de la sociedad colombiana han conformado para expresar su inconformismo ante las políticas de gobierno de Iván Duque y su gabinete.

Con un paro nacional convocado para los próximos 20 y 21 de octubre y la llegada de la minga indígena a Bogotá el próximo lunes, el panorama político y social comienza a mostrarse cada vez más agitado y el concepto de la polarización política se convierte más en una realidad que se acentúa de cara a unas próximas elecciones presidenciales.

 “La polarización política es un tema que viene siendo vigente desde hace mucho tiempo. Esto ha sido motivado tanto por la derecha de Uribe como por la izquierda de Petro”, señala el consultor social y económico, docente de la Universidad EAN, Jorge Munévar, quien ve en las ideologías extremas un obstáculo ante la posibilidad de resolver los conflictos sociales.

Argumentó que muchos ciudadanos no están viendo más opciones, lo que hace que la polarización sea todavía más dañina.

Hizo referencia a las manifestaciones provocadas por el asesinado de Javier Ordóñez, lo que evidenció un clima de hostilidades entre la ciudadanía a nivel general y las instituciones del Estado y de orden público como la Policía Nacional.

 “Yo creo que las fuerzas armadas deben reaccionar en caso de que una manifestación se desborde en términos violentos, pero hay que determinar los procedimientos para hacerlo”, añade.

Y es que parece que, con la pandemia encima y la acumulación de problemas sociales y económicos, el gobierno de Duque comienza a jugarse su capital político en términos de legitimidad y percepción por parte de la ciudadanía.

 “Con un gobierno como el del presidente Duque, que se percibe débil, ajeno a las necesidades sociales, que no responde de manera idónea a las necesidades económicas, que toma más posiciones frente a la política venezolana o las elecciones en Estados Unidos, lo que la gente ve es un gobierno frágil. Ahí las manifestaciones se intensifican y se vuelven más evidentes”, dijo Munévar.

Una cuestión como la referente a la minga indígena ha terminado por exacerbar aún más los ánimos de la población, pues los reclamos de las comunidades del Cauca han terminado por sumarse a las protestas citadinas.

La minga ‘Hacia adentro’, como ha sido denominada por sus líderes, plantea un debate político sustentado en temas de seguridad para las comunidades indígenas provenientes del suroccidente del país, específicamente del departamento del Cauca. Las peticiones también incluyen ayudas económicas por parte del gobierno, sin intermediarios.

Para Munévar es necesario que la minga plantee una agenda temática más concreta, pues “si lo que quieren es hacerle un juicio político a Duque, el presidente no lo hará como no lo haría ningún presidente”.

Pese a algunos intentos del gobierno, por parte del Ministerio del interior para atender las peticiones de la minga, líderes indígenas han determinado que tales intervenciones  no responden a los intereses de la comunidad indígena, motivo por el cual continuarán su recorrido hacia Bogotá, viaje cuya duración es de cinco días con campamentos en cuatro ciudades.

Ariel Ávila, subdirector del Centro de Pensamiento sobre el Conflicto Armado, Paz y Postconflicto, considera que, para evitar la intensificación de la polarización y cualquier episodio de violencia, es necesario que el presidente Duque procure resolver directamente la movilización.

 “Eso ya depende de lo que quiera y decida el gobierno de Duque. Si existe la intención de resolver por la vía del diálogo todo el inconformismo que hay, todavía hay tiempo para trazar un debate que permita llegar a acuerdos y calmar los ánimos en el país. Ya es cuestión de voluntad”, explicó.

Añadió que “el gobierno todavía tiene capacidad de maniobra si quiere evitar un problema de orden público. El diálogo frente a temas de vida, paz, democracia y territorio, puede ser muy fácil o muy complejo, dependiendo del desarrollo del debate”.

Cabe recordar que el paro convocado para el próximo 21 de octubre reclama, entre otras cosas, políticas económicas solidarias en el marco de la pandemia, el cumplimiento de acuerdos con Fecode y el magisterio nacional y el respeto a la vida por parte de instituciones como la Policía Nacional.

Ante las advertencias del Gobierno Nacional sobre los riesgos que implica para la salud pública las protestas en medio de la pandemia, Diogenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), señaló que “la expansión del Covid 19, que va a llegar a un millón de personas en Colombia, se produjo por esa apertura desmesurada que hizo de la economía del gobierno haciendo caso del Consejo Gremial”.

Añadió que “no aceptamos ni ataque ni observaciones sobre el desplazamiento de la minga a Bogotá. Ese tipo de posiciones es lo que ha generado tantos daños a los colombianos, los empleados, los informales, agravado con los anuncios de hacer reformas laboral, pensional y tributaria, pedido del Consejo Gremial”.

LLAMADO A NO PROVOCARLOS

Los indígenas exigen al Gobierno Nacional no realizar actos de provocación y respetar la movilización. Además, hicieron un llamado a que no se estigmatice la minga «con titulares, fotografías, comentarios, preguntas y estados formulados de manera tendenciosa en sus diferentes medios de comunicación, desde páginas oficiales hasta perfiles oficiales en redes sociales». «Ya que en algunos casos, esto solo refuerza la estigmatización de la protesta social y los señalamientos a los sectores sociales organizativos que se han movilizado históricamente en el departamento y la región por la reivindicación de los derechos humanos», señaló el Cric en un comunicado.

El ministerio del Interior recordó al Gobierno que le ha entregado a la minga inversiones prometidas por unos 89 millones de dólares entre 2019 y 2020, pero los indígenas insisten en que más allá del dinero, piden garantías para su vida.