Reclutamiento de menores: informe revela posible detención de 190 niños

Según datos de la Fiscalía, entre el 2000 y octubre de 2019 hubo 4.685 casos abiertos de procesos por reclutamiento forzado de menores de edad. De estos, 4.356 se encuentran en etapa de indagación.

De acuerdo con la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, durante el primer semestre del año en curso se han reportado 40 situaciones en las que habrían podido reclutar o vincular a grupos armados, alrededor de 190 niños y adolescentes.

La Fundación Ideas para la Paz, quien reveló el informe, da cuenta que «la literatura sobre este tema muestra que prevenir el reclutamiento de esta población en la etapa de transición que va luego de la firma de Acuerdos de Paz, resulta ser uno de los retos más complejos, sobre todo cuando siguen existiendo grupos armados ilegales activos. Lo anterior, sumado a la pandemia del covid-19, ha generado un escenario de alta vulnerabilidad para los niños, niñas y jóvenes».

En el marco del análisis, la FIP identificó algunos de los desafíos que más dificultan la implementación de políticas que ayuden a mitigar este fenómeno, entre ellas se encuentran las cifras y la subestimación del reclutamiento y utilización de niños y jóvenes. A juicio de la Fundación, este problema, que ha persistido durante décadas, ha carecido de cifras consistentes, por lo que se ha impedido hacer un seguimiento detallado de los casos subestimando el fenómeno que no es priorizado, generalmente, en las agendas nacionales y locales de los mandatarios.

Del mismo modo, la FIP dejó claro que existen altos niveles de impunidad respecto de dicho delito. «Desde 2017, las autoridades no han condenado a ningún miembro de grupos armados ilegales por este delito, a pesar de que estas estructuras siguen reclutando y de que el Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar a las víctimas».

A juicio de la fundación, el número de condenas por este hecho es mínimo, lo que «acrecienta la impunidad y la percepción generalizada que los autores no reciben ningún tipo de sanción».

Según datos de la Fiscalía, entre el 2000 y octubre de 2019 hubo 4.685 casos abiertos de procesos por reclutamiento forzado de menores de edad. De estos, 4.356 se encuentran en etapa de indagación y solo 47 han llegado a etapa condenatoria. Además, del total de los casos, 2.023 procesos se encontraban activos a octubre de 2019, mientras que 2.662 estaban inactivos.

Del mismo modo, la Fundación llamó la atención sobre que siguen existiendo factores de riesgo en las regiones, por lo que se acentúan las dinámicas de reclutamiento y utilización de niños y jóvenes.

«En un buen número de municipios del país existe un común denominador: la permanencia de brechas sociales y económicas que exponen mayores desafíos institucionales para prevenir este delito. La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos identificó 184 municipios que presentan un alto nivel de riesgo de reclutamiento, utilización y violencia contra niños, niñas y adolescentes», dice la fundación.

De los 184 priorizados, 103 son municipios PDET, lo cual ya impone un reto considerando que, tanto la metodología de priorización de la Consejería como la de los PDET, supone unas condiciones especiales que se deben superar en cuanto a brechas socioeconómicas, dinámicas de violencia e inseguridad y capacidades institucionales, entre otros.

La FIP también ha logrado describir algunas de las dinámicas alrededor de este delito en cuatro regiones del país de alta vulnerabilidad como lo es en sur de Córdoba, Catatumbo, norte del Caquetá y Guaviare, mostrando, por ejemplo, el impacto negativo que ha tenido en niños y niñas afrodescendientes, indígenas y migrantes, tanto en contextos rurales como urbanos.

El documento concluye con algunas recomendaciones en torno a la necesidad de fortalecer el potencial de las acciones institucionales en materia de prevención, a la urgencia de poder abordar las causas profundas del reclutamiento para mejorar la eficacia de los programas, y a la premisa de fomentar la capacidad social y comunitaria en los territorios para no seguir perdiendo generaciones por cuenta de la guerra.

/Colprensa