El régimen facilitó el magnicidio 

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´El régimen necesita que la política sea sucia porque es la manera de conseguir una amplia gama de complicidades”. Es esta una de las elocuentes y contundentes frases con las que Álvaro Gómez se refería al “régimen”. Su carga de verdad se evidencia al recordar algunas de las complicidades, directas e indirectas, que en el ámbito del poder político ocurrieron durante aquel fatídico 1995. Veamos.

Un presidente (Samper) que desde que logró neutralizar los narcocassetes, se posesionó en agosto de 1994 e inmediatamente encontró – gracias a información que le presentó el ministro Botero- la oportunidad de convenir con este y su ministro Serpa una coartada: atribuir todas las responsabilidades por el ingreso de dineros de la mafia al tesorero de la campaña. Sin embargo, dicha estratagema empezó a diluirse cuando en abril, a raíz del proceso 8mil, la Fiscalía ordena la captura del ex senador Mestre y anuncia la apertura oficial de investigación contra ocho congresistas cercanos a la campaña, por recibir dineros del cartel de Cali. Pero ante el oscuro panorama, Samper lanza una cortina de humo anunciando la intención de despejar el municipio de La Uribe para iniciar diálogos de paz con las Farc, lo cual fue rechazado por el comandante del ejército tal y como lo informó la revista Semana con la carátula de “Ruido de Sables”.

También en aquel año tuvo el país el primer “Alto Comisionado para la Paz”, Holmes Trujillo, quien desde que estrenó el cargo vio que no había nada que hacer por la paz con las guerrillas y antes de renunciar en el 95, alcanzó a enviarle mensajes al comandante del bloque de búsqueda para que no molestara las familias de los capos en los allanamientos que, después de abrir oficialmente el 8 mil, se hacían cada vez más frecuentes.

Y en lo regional, tuvimos un gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe- en ese entonces copartidario de Samper- quien con vehemencia impulsó la guerra contra las Farc con especial énfasis en Urabá a donde los paramilitares de Castaño llegaron ya no para entrar, matar y salir, sino para quedarse, aupando así una espiral de masacres nunca antes vista. Lo cierto es que dicho gobernador vio la mejor solución en las “Convivir” que logró poner a funcionar a partir de 1996 cuando habían sido trasladados unos mandos militares que se oponían a esas figuras legales pero mortales en Urabá.

En fin, recordando lo anterior se entiende porqué Álvaro Gómez escribió poco antes de su muerte un editorial histórico cuyo resumen enunció en varios medios de comunicación televisivos: “el presidente Samper no se cae, pero no puede quedarse”. Y también se entiende porqué Marulanda no podía aceptar que el símbolo del establecimiento que tanto odiaba, fuera precisamente quien, bajo un estado de derecho en democracia, liderara, con la fuerza de la verdad de sus palabras, la crítica y oposición al mismo establecimiento. Entonces, aplicando aquello de que la violencia no es ni buena ni mala, sino necesaria por ser “la partera de la historia”, decidió el asesinato de Álvaro Gómez, eso sí sin atribuírselo para posibilitar que “las contradicciones del régimen se aceleraran”.

*Consultor 

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