Líderes indígenas se robaron más de 30 mil millones de pesos 

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Miles de millones de pesos se han robado dirigentes indígenas por todo el país. La malversación de recursos se conoce en momentos en que se llevó a cabo la minga indígena. 

La Contraloría General de la República informó que tramita actualmente 87 procesos de responsabilidad fiscal y 10 indagaciones preliminares, por un valor de 30.238 millones de pesos, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a los resguardos Indígenas en todo el país.

El departamento del Amazonas, con 21 procesos, es el que tiene a su cargo el mayor número de investigaciones. Le siguen Nariño (con 15), Guajira (10) y Sucre (8).

El proceso de responsabilidad fiscal de mayor cuantía, por $8.032 millones, se adelanta por parte de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, por obras no realizadas en la Institución Educativa Kuwei, del Resguardo Wacoyo, así como la construcción, adecuación y mejoramiento de las instalaciones del internado El Tigre, ambas en Puerto Gaitán (Meta).

Estos son algunos de los demás procesos que se adelantan:

– Construcción del internado para el Resguardo Awaliba en Puerto Gaitán, por $3.924 millones:

– Construcción de los sistemas de acueducto de las comunidades indígenas del kilómetro 11 San José, del kilómetro 6 y San Antonio de los Lagos, en Leticia (Amazonas), por $2.319 millones.

– Construcción de plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Ginebra (Valle) por el Cabildo Indígena Kofan de Santiago de Cali, por $1.499 millones.

– Construcción de un sistema de almacenamiento para las comunidades indígenas de Uribia, en La Guajira, por $1.428 millones.

Desde el año 2000 hasta 2019, se tramitaron y terminaron 370 investigaciones fiscales (135 indagaciones preliminares y 235 procesos de responsabilidad fiscal) por $43.197 millones, por irregularidades alrededor de estos recursos.

Se produjeron 54 fallos de responsabilidad fiscal por cuantía de $4.823 millones y resarcimientos en 19 actuaciones por un monto de $1.022 millones (3 Indagaciones Preliminares y 16 Procesos de Responsabilidad Fiscal).

Entre las irregularidades más comunes encontradas por la Contraloría en estas investigaciones, están la utilización ineficiente de los recursos, irregularidades en órdenes de compra, falta de soportes de los gastos, incumplimiento de órdenes de servicio, entre otros.

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