Coletazos de la pandemia 

La Corte Constitucional tumbó otro de los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional, con fundamento en la emergencia económica y social decretada por la pandemia, el Decreto 678, cuyo  artículo 7º facultaba a las entidades territoriales para recuperar cartera  a fin de  destinar los recursos a la atención sanitaria. Con base en tales facultades, municipios como Medellín, establecieron un plan de descuentos a los deudores de la Alcaldía, que incluían rebajas para  capital e intereses acumulados hasta el pasado 20 de mayo en todo tipo de contribuciones. Perfectas las facultades para hacer política a costa del patrimonio público.

Ni “corta ni perezosa” la Alcaldía de Medellín sacó sus gabelas: para pagos hasta el 31 de octubre se excluían la totalidad de los intereses de las deudas y el 20 % del capital, es decir, solo se pagaba hasta el 80% del capital adeudado; para pagos hasta el 31 de diciembre se descontaba el 10% de la deuda del capital y el total de los intereses; y para pagos hasta el 31 de mayo de 2021 se descontaban los intereses, pero se cobraba el 100% del capital.

La Corte Constitucional, con precedentes muy claros sobre la materia, puso fin a la feria de descuentos, que ahora tendrán que facturar nuevamente el Municipio y todos los demás que hayan utilizado el mecanismo. No le va muy bien al Gobierno como legislador de excepción.

Para alborotar la pandemia, llegó  la Minga a Bogotá, más de 10 mil personas atravesaron el país, en buses, aglomerados, sin adecuados protocolos de  seguridad, caldo de cultivo para la propagación del virus, alegando que el Gobierno Nacional no quiso hablar con ellos en sus territorios, y por ello su presencia en la capital. El Gobierno insiste en que mientras tengan intenciones de orden político no conversará con ellos; pero se fue el Consejero de Paz para el Cauca; no entendemos a qué, cuando con los que hay que hablar están ahora en Bogotá. La descoordinación es evidente.

A esto se suma  la  jornada de protesta convocada para ayer por el Comité Nacional de Paro en la que se estrenaron los protocolos provisionales ordenados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en coordinación con  la Corte Suprema de Justicia.  Fue una “prueba de fuego” para las medidas que buscan garantizar el derecho que tiene la ciudadanía a expresarse y protestar pacíficamente, sin perjudicar los derechos de quienes no participan de las movilizaciones y permitiendo al mismo tiempo constreñir a los vándalos que se mezclan en las protestas.

A todo esto, nos preguntamos sobre el riesgo que se corre con todo este tipo de movilizaciones colectivas, como lo ha advertido el mismo Gobierno. Ello invita a que se tomen las medidas necesarias para evitar la propagación del virus que pueden ser incluso las de reprogramar las protestas para cuando se supere la emergencia sanitaria. No se diga que  ello no es posible; si en marzo nos encerraron a  cincuenta millones de habitantes, no entendemos por qué ahora no pueden tomarse medidas frente los  diez mil que amenazan  la propagación de la pandemia. La cuestión es haciendo y actuando, más que hablando y antes de que sea tarde.

*ExMagistrado 

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