Las millonarias demandas que tendrá Cartagena por demoler el Aquarela

El anuncio se dio a pocos días de que se cumplan tres años de suspendidas las obras, pues el 24 de octubre de 2017 una acción popular ordenó tal acción.

Ese edificio lo voy a tumbar yo”. Esa fue la afirmación del alcalde de Cartagena, William Dau, respecto al futuro de Aquarela, y que dejó ver la convicción del Distrito de proceder con la demolición de la polémica construcción, luego del concepto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ANDJE, sobre el caso.

Entre sus recomendaciones, la ANDJE considera que la edificación debe ser destruida por completo, “como quiera que existe una orden de demolición vigente que se encuentra contenida en las resoluciones 001 proferida por el Inspector de Policía 2 de Cartagena y 7589 de 2018, proferida por la Secretaría del Interior y Convivencia, que ordenaron la restitución del espacio público ocupado indebidamente por la construcción”.

Casualmente, el anuncio se dio a pocos días de que se cumplan tres años de suspendidas las obras, pues el 24 de octubre de 2017 una acción popular ordenó tal acción. Desde entonces, han sido muchos los conceptos, estudios, análisis y voces a favor y en contra de este proyecto, que al parecer, tiene las horas contadas.

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“Después de una conversación que tuve ayer con la ministra de Cultura, el subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el director de la Agencia Nacional de la Defensa Judicial y varios funcionarios, estoy dando la luz verde para proceder con la demolición del Aquarela”, afirmó el mandatario.

Agregó que ya envió una misiva a la UNGRD solicitando el plan de acción que permita establecer las fases a seguir para la demolición, “teniendo siempre como premisa minimizar el riesgo para los vecinos y la infraestructura histórica en los alrededores”.

Los costos y las implicaciones de demoler

Una vez el Distrito ha dado por sentado que Aquarela se demolerá, surgen algunas preguntas como por ejemplo, ¿quién pondrá el dinero? y ¿cómo se hará? Al respecto, el alcalde Dau señaló que se estima que la demolición costará entre $2 mil y $3 mil millones, sin embargo, la mayoría de los recursos vendrán de la UNGRD y una parte del Mincultura.

“Están pidiendo que Cartagena también colabore, así que vamos a ver con cuánto podrá ser. El hecho es que Aquarela se va”, subrayó.

Por otra parte, en conversación con El Universal, el ingeniero civil Uriel Pájaro Flórez, explicó desde su experticia los pasos a seguir en el proceso.

“Una demolición de un edificio de esos significa que una empresa especializada en el tema hace un estudio estructural para establecer la forma en que se podría demoler porque hay varias, está la manual y la implosión, esta última es la que más se está utilizando porque se hace en menos tiempo; pero eso es con un estudio técnico”.

Agregó que como Aquarela es una construcción nueva, desde el punto de vista de la ingeniería, no es riesgoso el procedimiento. “Los riesgos son por efectos colaterales en algunas edificaciones que estén cerca, pero no más”.

Precisamente, estos riesgos son los que a juicio del ingeniero estructural Arnoldo Berrocal Olave hacen que el tema se trate con mucho más cuidado.

“Si se hace una implosión, muchas edificaciones cercanas se verían afectadas teniendo en cuenta que en ese sector hay muchas casitas construidas irregularmente, hay una bomba de gasolina cerca, y está el cerro San Felipe que seguramente se va a ver afectado por la implosión, eso hay que hacerlo con mucho cuidado porque se van a generar unas ondas y unas vibraciones que van a afectar todo lo que hay por ahí”.

Ante este panorama, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo y Desastre aseguró que continúa construyendo de manera conjunta el plan emergencia con el DATT, Espacio Público, Secretaría de Infraestructura, Cruz Roja y Defensa Civil.

“Ya contamos con gran parte de esos informes, lo que nos ha permitido tener una idea general de una respuesta estratégica ante una eventual demolición o cualquier emergencia que se llegara a presentar. El plan definitivo continúa avanzando y los ejercicios de simulación que realizamos en el marco de la jornada de Simulacro Nacional, también servirán para ir diseñando la acción definitiva”, explicó Fernando Abello, director de la OAGRD.

Más allá de las voces de las autoridades, hay unos actores en el proceso que se han sentido olvidados: los compradores. Son por lo menos 900 familias las que adquirieron su unidad de vivienda en alguna de las cinco torres del proyecto y unas 200 aproximadamente que invirtieron en las torres 1 y 2.

Luis Eduardo Torres Luna es uno de ello y en medio de la pugna se convirtió en el vocero de 110 compradores que se sienten en el “limbo”.

“Esta noticia la recibimos con mayor preocupación ya que la decisión de la demolición va cogiendo fuerza y seriedad. Hace como dos o tres meses presentamos un escrito dirigido al alcalde solicitando que nos atendiera para ver qué opciones de acuerdo podría existir con los compradores de buena fe del proyecto y nos respondieron que se estaban tomando las medidas necesarias para atendernos pero por cuestiones de la pandemia era imposible concertar una reunión”, afirmó.

Las semanas pasaron, las medidas de la pandemia se relajaron pero las reuniones nunca tuvieron lugar, por eso, ahora estas familias solo están atenidas a la resolución del proceso judicial.

“Como compradores ya estamos siendo asesorados jurídicamente para presentar de manera formal las demandas judiciales en busca de nuestro resarcimiento patrimonial y los daños que se nos han ocasionado en estos largos tres años de suspensión de la obra”.

Según contó Torres Luna, él alcanzó a pagar $31 millones que corresponde al 30% del valor del inmueble, pero la indemnización deberá ser mayor, teniendo en cuenta la fecha de entrega probable que tenía.

“Partiendo de ahí, obviamente se liquidarán los perjuicios, arriendos, el crédito que perdí, los daños morales y de manera conjunta con los abogados se estará haciendo eso para presentar la demanda. En estos días nos hemos reunido con los abogados porque estamos en la etapa de recolección de material probatorio para irnos con todos los documentos a los estrados judiciales”, puntualizó.

Cabe destacar que la postura de que el Distrito asuma la responsabilidad patrimonial por derrumbar Aquarela ha sido impulsada por Promotora Calle 47, alegando que no hay ninguna orden judicial que así lo ordene, pues este es un “proyecto habitacional debidamente licenciado”.

Además, según conoció El Universal, para el caso de reparación directa (indemnización) a la constructora, el valor también va aumentando con cada día que pasa y se suman gastos en abogados, arquitectos y asesores expertos en patrimonio mundial.

“La cifra, solo a las firmas constructoras, puede estar cerca hoy en día a unos cien mil millones de pesos”, indicó Promotora.

Ante esta postura, la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía informó que actuará “en defensa de los intereses de la administración con plena convicción que dicha decisión cuenta con todo el respaldo legal requerido”.

/Colprensa.

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