La Ley del vivo: interferencia en acción  

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Por
YESSIKA HOYOS MORALES*

La importancia de la salud pública es innegable, cada decisión puede prevenir enfermedades y salvar las vidas de millones de personas. Sin embargo, en los últimos años políticas cruciales en esta materia han sido bloqueadas, han sido objeto de dilación o desnaturalizadas. ¿A quién le interesaría impedir políticas que salvan vidas y previenen enfermedades? Sencillo, a quienes priorizan las ganancias privadas por encima de la salud pública. Organismos internacionales como la OMS, han hablado de prácticas de interferencia, acciones orientadas a bloquear, obstaculizar, dilatar o entorpecer la adopción de políticas relacionadas con derechos como la alimentación y la salud.

Un buen ejemplo es el trámite del proyecto de ley sobre entornos alimentarios saludables (proyecto 167 de 2019, Cámara). Aunque el miércoles 21 de octubre el proyecto fue aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes, su difícil trámite muestra una estrategia de interferencia por parte de la industria de bebidas azucaradas y comestibles ultraprocesados.

El proyecto fue aprobado por unanimidad en la comisión séptima de la Cámara de Representantes, pero al momento de pasar a la plenaria, el coordinador ponente -Carlos Acosta del partido Colombia Justa Libres- solicitó el aplazamiento del debate, secundado por Jairo Cristancho y Gabriel Vallejo, representantes del Centro Democrático.

Unas semanas atrás, el congresista Cristancho lideró el aplazamiento del proyecto 168 sobre entornos escolares saludables porque, a su juicio, el proyecto 167 era más completo y merecía ser discutido con detenimiento, quedando en evidencia una táctica usada frecuentemente para dilatar; y claro, para sumar en su récord, pues el año pasado, cuando fungía como presidente de la comisión séptima de Cámara, Cristancho no dejó debatir el etiquetado frontal de advertencia, violando incluso el reglamento del Congreso, lo que ocasionó su hundimiento. Dilatar, obstaculizar, hundir proyectos: ¡las típicas tácticas de la interferencia!

El presidente de la Cámara armó una subcomisión para trabajar en las proposiciones presentadas en la plenaria. Dentro de esa subcomisión de 14 parlamentarios se encontraban varios congresistas cuyas campañas fueron financiadas por la industria de comestibles ultraprocesados. José Daniel López, financiado por Postobón; Gabriel Vallejo, cuya campaña recibió aportes del Ingenio azucarero Risaralda, cuyo accionista mayoritario es la Organización Ardila Lulle; o Alfredo Cuello, quien recibió $30’000.000 en especie de Radio Cadena Nacional, empresa de televisión de propiedad de la Organización Ardila Lulle. Aunque esos congresistas tienen un claro conflicto de interés, siguen legislando en estos asuntos sin problema.

Esto es lo que hemos llamado: “la ley del vivo”. Parlamentarios, afines a la industria, maniobran en las plenarias o radican una serie de proposiciones que curiosamente, coinciden con los conceptos enviados por la ANDI al Congreso. Como el del pasado 28 de septiembre de 2020, en el que la ANDI, plantea evitar la regulación de la publicidad, y en contravía de la evidencia científica, pide eliminar la definición de comestibles ultra procesados y limitar el alcance de la ley a los entornos escolares. Entonces los ciudadanos nos preguntamos para quiénes legislan los congresistas ¿Para favorecer a los grandes empresarios que buscan proteger sus ganancias, o para proteger la salud de la ciudadanía?

Al proyecto le restan dos debates en el Senado, y seguramente veremos maniobras similares. La interferencia de la industria es una seria amenaza contra los derechos humanos, la democracia y el interés público. La industria debe ser regulada por el Estado. Su rol no es regular la salud pública, ni hundir, dilatar o modificar los proyectos de ley en el congreso.

*Abogada, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo 

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