Procuraduría pide informes por aumento de casos de abuso sexual en menores

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La Procuraduría General de la Nación requirió a los 8 municipios del Departamento del Magdalena un informe detallado sobre los programas, acciones y actividades realizadas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso y maltrato infantil, debido al incremento de casos en la región. 

La Procuraduría Provincial de Barranquilla solicitó a los mandatarios locales de los municipios de  Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñón, Pedraza, Pivijay, Remolino, Salamina, y Sitionuevo, Magdalena, el último informe semestral elaborado por el Comité Interinstitucional Consultivo para la prevención de la violencia sexual, según lo ordenado en la Ley 1146 de 2007.

Además, pidió a los alcaldes una relación de las denuncias interpuestas por los comités interinstitucionales ante las autoridades competentes durante el último año, y el número de casos que están siendo atendidos actualmente en cada municipio.

El Ministerio Público también vinculó a esta acción preventiva de vigilancia y control  al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin de evitar la vulneración de los derechos de la intimidad sexual de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso.

Según el reporte de Medicina Legal, la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes en el departamento del Magdalena entre los meses de marzo y julio del 2020,  es de 17 hombres y 82 mujeres; abuso que pudo haberse originado por algún familiar conocido, amigo (a), pareja o ex pareja, agresor desconocido, delincuencia común,  encargado del cuidado, entre otros.

Las diferentes autoridades del Gobierno Nacional son conscientes de los efectos diferenciales para

las mujeres y niñas, niños y adolescentes que tiene la pandemia originada por el COVID-19 y las medidas de aislamiento social preventivo adoptadas para su mitigación.

Es por esto, que el Gobierno Nacional decide implementar acciones específicas para la prevención y Atención Integral de las violencias en contra de la niñez teniendo en cuenta que el país durante los últimos años ha venido reportando situaciones de violencia contra ellos tanto en ámbitos privados como públicos. La medida de cuarentena conlleva a que estas violencias se exacerben, ocasionando mayor afectación a la salud física y mental y mayor riesgo de abuso.

DRAMÁTICO RETROCESO DE LOS DERECHOS DE MUJERES

 “Lo que es clave aquí también, es la implementación de políticas a nivel interno de las instituciones, nosotros, por ejemplo, para poner casos concretos, en la procuraduría, enseñamos una política interna por los derechos de las mujeres y la niñez”, dijo el procurador Fernando Carrillo.

Indicó igualmente que son 11 ejes de acción diferentes que implementa en estos casos la procuraduría: “Con la formación y capacitación de todos los funcionarios de la procuraduría y pensar en la necesidad de hacer pedagogías sobre los principios de igualdad, de no discriminación, cero tolerancias al acoso sexual y todos sabemos, que lamentablemente ese lastre que se da muchas veces en el sector público y privado en América Latina”.

También mostró su notable preocupación que, con los precedentes históricos que tiene el papel de la mujer, hoy en medio de la pandemia haya un retroceso grande de sus derechos, ya que según afirma el procurador han sido recortados, limitados, restringidos y violentados desde el hogar, y les asignaron como responsabilidad que en el confinamiento deben estar en las casas.

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