Implicaciones del salario mínimo

Como todos los años la negociación sobre el salario mínimo empieza con grandes diferencias entre lo pedido por los trabajadores y lo ofrecido por los empresarios. Los trabajadores aspiran a un aumento entre el 9% y el 12%, pero la Andi y Fenalco han ofrecido 4,7%, y la Asobancaria 4,5%. Por su parte el Banco de la República recuerda que la inflación esperada es del 3,5%, y que el salario no debería subir mucho más para no presionarla.

Aunque las posiciones encontradas reflejan una simple pugna distributiva en la que los mayores ingresos de los trabajadores implican menores utilidades para los dueños de las empresas, detrás de ellas también hay un profundo debate conceptual sobre el papel de los salarios en la economía, donde se asigna mayor o menor importancia a una u otra de las cuatro funciones del salario.

Primero, desde la perspectiva individual de una empresa los salarios son el precio del factor trabajo que incide en sus costos de producción y su competitividad. Al considerar el trabajo solo como una mercancía, se concluye que su precio (el salario) no debe subir porque disminuye la demanda por trabajadores, es decir, que el aumento del salario generaría desempleo.

Segundo, en la economía el salario mínimo determina la capacidad de compra de la mayoría de la población y así el tamaño del mercado interno. Mayores salarios implican que los trabajadores comprarán más; por lo tanto aumentar el salario puede acelerar el crecimiento porque para vender más las empresas tendrán que aumentar su producción y contratar más trabajadores para hacerlo.

Tercero, en la sociedad el nivel de los salarios es uno de los determinantes de la distribución del ingreso. Colombia tiene uno de los peores índices Gini del mundo, es decir una de las peores distribuciones del ingreso, porque los trabajadores solo reciben alrededor de una tercera parte del PIB, mientras que en los países de la OECD, donde aspiramos pertenecer, esta participación es superior al 50%.

Finalmente, el salario mínimo tiene un fuerte impacto en las finanzas públicas porque varios rubros del gasto público, como las pensiones, están indexados a su aumento. Pero esto no es una ley económica sino una decisión política que debe modificarse.

En economía no hay verdades absolutas y cada factor puede tener más incidencia según las circunstancias y la coyuntura. Se diría que ante el bajo crecimiento del PIB y el mayor desempleo los gremios tienen razón, porque subir mucho el mínimo empeoraría la situación.

Esa conclusión sería cierta para algunos casos particulares pero no para todo el aparato productivo porque este año la desaceleración de la economía se debe a la debilidad de la demanda interna y una de sus causas principales es la caída del consumo de los hogares, afectada por la inflación y el aumento del IVA.