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Más de 7.000 millones de indemnización por capturas irregulares en Quinchía
El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación a reparar a las familias de 29 personas quienes fueron detenidas en Quinchía (Risaralda) por supuestos nexos con el EPL y de quienes nunca se pudo comprobar los señalamientos. Se trata de una indemnización que supera los 7.300 millones de pesos.
En septiembre del 2003, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se desarrolló la ‘Operación Libertad’, que derivó en la captura y posterior imposición de medida de aseguramiento de estas personas, y meses después terminaron siendo acusadas de rebelión, terrorismo, concierto para delinquir y algunas de ellas de secuestro extorsivo.
No obstante, en julio del 2005 un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Risaralda revocó la medida de aseguramiento y precluyó la investigación por falta de elementos materiales probatorios que relacionaban a estas personas de tener supuestos nexos de estas personas con grupos guerrilleros.
Por esa razón, estas personas interpusieron una acción de reparación directa que fue fallada a su favor al encontrar que la actuación de la Fiscalía fue desproporcionada, pues emitió una serie de decisiones que privaron a los demandantes de su libertad, con base en testimonios no contrastados de exmilitantes de la guerrilla del EPL.
Tras la apelación al fallo de reparación directa, el Consejo de Estado ratificó la responsabilidad del ente investigador al estimar que la Fiscalía no probó que los acusados hubieran cometido los delitos por los cuales los acusó y no acreditó que su presunto aporte a la subversión no fuera producto de la coacción a la que podría haber estado sometida gran parte de la población de Quinchía en la época de los hechos.
Para la corporación, testimonios de oídas en torno a la supuesta colaboración de los investigados con la insurgencia no eran suficientes para probar su accionar delictivo, pues “el accionar de la fuerza insurreccional y los rumores que se propagaban sigilosamente, sustituían a las fuerzas del orden”. Bogotá Colprensa.
