Corte Constitucional llama la atención al Estado por crímenes de líderes sociales

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La Corte Constitucional amparó los derechos a la vida y seguridad de un hombre, líder de comunidades afro en el Cauca, quien en más de una ocasión ha recibido amenazas por su labor. 

El hombre desde 2010 ha denunciado ante la Fiscalía General conductas intimidatorias que ha recibido personalmente, vía mensajes de texto al celular y con cartas en su lugar de residencia.

El líder quien protege el medio ambiente, la recuperación del territorio y la salvaguarda de la minería artesanal, ha sido objeto desplazamiento e incluso, atentados, por lo que desde 2014 cuenta con un esquema de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Sin embargo, reclama que la entidad que le brinda seguridad no ha tomado los correctivos necesarios para preservar su vida, y por el contrario, ha tomado ciertas decisiones que, a su juicio, ponen en inminente y grave riesgo su integridad y la de su núcleo familiar.

Así las cosas, con la acción de tutela el líder solicitaba el cambio del vehículo de protección, la no suspensión del vehículo por presunto mal uso, la ampliación del esquema de seguridad a su familia, la contratación del escolta de confianza propuesto, el traslado de su caso a la regional del Valle del Cauca, y un subsidio económico para vivienda y manutención en Cali.

El alto tribunal analizó la acción legal y consideró que la UNP vulneró las garantías del líder al proferir decisiones insuficientemente motivadas y al abstenerse de tomar los correctivos necesarios para garantizar la seguridad del hombre y de su núcleo familiar.

 “La Corte observa el incumplimiento del deber de motivación que le asiste a la UNP y que es un elemento esencial del derecho al debido proceso, que se refuerza en escenarios de amenazas a líderes sociales”, expuso en su fallo.

La Corte llamó la atención sobre la seguridad de los líderes en el país debido a que “en efecto, la persecución y asesinato de líderes sociales no solo implica la violación a sus derechos fundamentales como individuos, sino que además representa una pérdida colectiva y un grave retroceso en la consolidación del país como una República verdaderamente democrática y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad”.

El alto tribunal aseguró que resulta evidente que la creciente victimización de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales es una tragedia con profundas repercusiones sobre el conjunto de la sociedad y compromete, incluso, la vigencia del Estado social y democrático de derecho. “De ahí que la protección a estas personas represente un imperativo ineludible del Estado colombiano”./Colprensa

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