“Este no ha sido un Ministerio Público arrodillado”: Carrillo

Por:  
CECILIA  
OROZCO TASCÓN

El procurador general saliente, Fernando Carrillo, habla de los procesos disciplinarios más sensibles pendientes en su entidad: los de violaciones de derechos humanos, en los que se investiga a soldados y policías por casos tan graves como violaciones sexuales, asesinatos y ataques brutales a la población civil en las manifestaciones. Balance de su gestión, también, en materia de independencia judicial y de defensa de la democracia. 

La muerte, calcinados, de cerca de 20 internos en un CAI de Soacha (Cund.), en septiembre pasado, pero cuya noticia se divulgó solo esta semana, parece tener elementos criminales si se confirman las versiones de los familiares de los fallecidos, según las cuales la Policía no permitió que los reclusos salieran. ¿Qué información tiene al respecto? 

Después de haber hecho una revisión a la actuación disciplinaria iniciada por la Policía, asumimos el poder preferente. Se ordenó la práctica de pruebas y se le va a dar toda la celeridad necesaria, desde luego, respetando el debido proceso, para presentar resultados muy pronto.

El proceso en contra de los 12 soldados que violaron la niña embera en Risaralda, ¿concluirá en su administración? Este caso atroz es solo uno entre decenas de agresiones sexuales de militares y policías que se han ido revelando…

El miércoles pasado se terminó la práctica de pruebas con todas las garantías para los soldados disciplinados. El viernes 20 de noviembre es la fecha de presentación de alegatos. La sentencia se dictará a comienzos de la semana siguiente (es decir, entre el 23 y 27 de este mes). Varias veces he afirmado que el humo de la guerra no dejaba ver la corrupción ni la enorme tragedia de nuestros niños y niñas en medio de la violencia. Hemos insistido en que el respeto de los derechos humanos tiene que ser la columna vertebral de las acciones de la Fuerza Pública. El país no puede dar un salto al pasado en materia humanitaria, aplicando el concepto de tierra arrasada, y el mundo no puede mirar a Colombia como un ejemplo extremo de insensatez: firma un Acuerdo de Paz que parecía imposible y después hace lo posible para destrozarlo.

Se comenta que la defensa de los soldados ha tratado de disminuir su responsabilidad haciéndolos ver casi como pacientes psiquiátricos…

El procurador delegado para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, Herman Rincón, es uno de los más experimentados funcionarios de la entidad. Él conoce muy bien cómo adelantar los procesos que están en su despacho.

¿Cómo analiza la conducta de militares y policías frente a las mujeres y a las niñas? Hay tantas denuncias al respecto, que no es posible sostener que son casos individuales. La denuncia de la columnista de “La Patria” Adriana Villegas, sobre cánticos de entrenamiento cuyas letras incitan a matar y a violar solo tuvo una reacción en el Ejército: citar a la periodista a declaración… 

Los cantos sexistas podrían estar desconociendo compromisos internacionales de Colombia en materia de derechos humanos. En algunas de las versiones libres rendidas por militares ante la JEP, la Procuraduría ha identificado la incidencia que han tenido los cantos que incitan a la violencia. Hay que borrar muchas páginas obsoletas de los manuales militares y ganarse el apoyo ciudadano con respeto absoluto a la sociedad civil. Sin embargo, creo que son más los miembros de la Fuerza Pública que tienen una mirada moderna de su papel en la democracia, que los que insisten en actuar mirando el pasado. Quienes violen la ley deben recibir un castigo ejemplar. El uniforme no blinda a los delincuentes de la acción de la justicia.

La otra conducta cuestionable de la Fuerza Pública es su manera de enfrentar marchas y manifestaciones. El rechazo ciudadano que surgió después del asesinato del ciudadano Javier Ordóñez por parte de dos patrulleros, así como lo sucedido al estudiante Dilan Cruz hace un año, indica que hay un ambiente social delicado que puede estallar. ¿Qué piensa del discurso de protección y respaldo del presidente y del ministro de Defensa a los agresores? 

No hacer nada para impulsar a que la justicia actúe en casos de delitos graves cometidos por miembros de la Fuerza Pública es la mejor manera de alimentar discursos de odio, que son más gasolina en medio de un incendio social. Los manuales de la Fuerza Pública deben revisarse y ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos. La protesta social es un derecho constitucional. Y, por tanto, es necesario descriminalizarla y, en su lugar, convertir el diálogo social en una política de Estado. Un estadista es quien escucha a su pueblo, no quien soluciona todo con garrote. Colombia vive tiempos de mucha convulsión social. La pandemia puso todo patas arriba, pintó de rojo todos los indicadores económicos y sociales, derrumbó los sueños colectivos y les robó el futuro a millones de colombianos que lo perdieron todo. Eso significa mayor protesta ante un Estado empobrecido, con autoridades territoriales incapaces de ofrecer soluciones por la falta de recursos.

Pero le insisto, ¿qué opina de los discursos oficiales de apoyo a militares y policías después de los choques con los ciudadanos? 

Que la garantía del derecho a la protesta social es una obligación de los poderes públicos y, particularmente, de quienes manejan el orden público, tal como lo expresó la Corte Suprema de Justicia en sentencia reciente.

Y, en cuanto a los procesos que adelanta la Procuraduría con los uniformados encartados en los casos de Dilan Cruz y Javier Ordóñez, ¿qué queda hecho?

En el proceso por la muerte del señor Javier Ordóñez, en apenas mes y medio se dictó un fallo sancionatorio muy drástico y estamos avanzando en otras investigaciones iniciadas por los hechos derivados de las protestas que se originaron por su muerte. En el caso del estudiante Dilan Cruz, se investiga a quien comandaba la sección del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, el 23 de noviembre de 2019. Para adelantar este caso se creó una comisión especial de verificación, cuyos funcionarios comisionados son el procurador delegado para la Defensa de Derechos Humanos y la procuradora auxiliar para Asuntos Disciplinarios. Se están resolviendo unas solicitudes que se han suscitado por parte de la defensa del procesado frente a la decisión del cierre de investigación. Habrá decisiones pronto.

¿La defensa del investigado intenta dilatar la decisión? 

Reitero que habrá decisiones pronto.

Con certeza, los procesos disciplinarios de mayor sensibilidad que se adelantaron en su período fueron los relacionados con violaciones de derechos humanos. ¿Cuál balance general deja su procuraduría en esta materia? 

En asuntos de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), cada caso resulta de relevancia absoluta, porque se investigan y juzgan conductas que atentan contra la víctima de manera directa, pero también contra la humanidad. Esas conductas deben ser drásticamente sancionadas, en particular cuando los infractores son funcionarios públicos y, sobre todo, cuando pertenecen a la Fuerza Pública. Desde 2017, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos ha proferido 42 fallos sancionatorios de primera instancia, en su mayoría por homicidios en persona protegida en que los sujetos pasivos, entre otros, fueron campesinos, indígenas, personas con patologías mentales y líderes en zonas rurales. En este sentido, la Procuraduría dio un paso emblemático en la garantía del acceso a la verdad y a la justicia cuando le dimos aplicación al control de convencionalidad (aplicación de normas internacionales de derechos humanos sobre la legislación nacional) para hacer efectiva la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad.

¿Qué efecto tiene la aplicación de esa Convención? 

Se impide que prescriban las investigaciones por faltas disciplinarias que se relacionan con violaciones de derechos fundamentales o delitos atroces. Se trata de casos de lesa humanidad que no pueden quedar en la impunidad por el simple paso del tiempo.

En otros temas, a usted lo acusaron de no ser imparcial en uno de los mayores procesos de corrupción en el país: Odebrecht. Según se comentó, usted trabajó o tuvo contratos de asesoría con el grupo Sarmiento Angulo. ¿Cómo actuó su Procuraduría y con cuáles resultados? 

La lucha contra la corrupción produce enemigos poderosos, muchos con abultadas chequeras con las que montan estrategias de desprestigio contra quienes aplican justicia. Ninguna institución ha dado más resultados que la Procuraduría en los procesos por la corrupción de Odebrecht en Colombia. Y ningún funcionario ha actuado con más contundencia contra esa multinacional del delito que yo. De mi imparcialidad y radicalidad en la lucha contra la corrupción hablan mis actuaciones. Los hechos están: le ahorramos al Estado condenas por varios billones de pesos en la justicia arbitral por ese caso. Y promovimos una acción popular que terminó con la sanción judicial indemnizatoria más alta, US$280 millones, que se le haya impuesto en América Latina a esa multinacional brasileña. Aquí, en Colombia, los corruptos tienen, por supuesto, más poder económico que los jueces. Y también tienen la capacidad de darles la vuelta a las situaciones en la opinión pública para terminar como víctimas, mientras los jueces son sacrificados.

¿Cuántos dientes tiene, realmente, la Procuraduría? Pregunto porque sus órdenes de demolición del edificio Aquarela, en Cartagena, no han sido acatadas por el alcalde. Creo que usted se va antes de que él ordene demolerlo. 

Muchos quisieran una Procuraduría mueca, inofensiva, sorda y muda. Los corruptos han tacado burro conmigo, porque este no ha sido un Ministerio Público arrodillado a la politiquería ni a los victimarios, ni seducido por los turiferarios de turno. Por desgracia para ellos, esta Procuraduría tiene dientes, y bien afilados. Por eso nos atacan constantemente. Contra viento y marea, en Cartagena hemos defendido el Patrimonio Cultural de la Humanidad de los depredadores urbanos, desde cuando ocurrió la tragedia del edificio Blas de Lezo. Aquarela pronto será arena. No ha sido un proceso fácil, pues hemos encontrado toda clase de obstáculos. Pero el alcalde de Cartagena sabe que más allá de sus berrinches mediáticos, tiene que cumplir la ley o someterse a ella disciplinaria y penalmente. Cartagena debe blindarse contra los piratas del siglo XXI.

¿No cree que con el término de su período la orientación de la Procuraduría va a dar un giro total y que, con ese giro, muchos procesos quedarán en el congelador? 

La fortaleza de la Procuraduría está en la presencia de su capacidad sancionatoria por actos de corrupción cometidos, incluso, por funcionarios elegidos popularmente. La defensa de esas competencias, por parte de la nueva administración de la Procuraduría, es fundamental para mantener su fortaleza institucional. No en vano tiene 190 años.

Dado que el actual mandatario ha logrado, con su coalición en el Congreso, poner a sus subalternos, recomendados y amigos en la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, la Registraduría y también en la Contraloría, ¿la democracia está en riesgo en Colombia?

Uno de mis compromisos vitales es la defensa de la democracia. La séptima papeleta en 1990 generó un amplio consenso político que hizo posible una nueva Constitución, que estableció un sistema de frenos y contrapesos, garantía de que no haya una concentración de poder que nos lleve al autoritarismo en un régimen excesivamente presidencialista. Desde la Procuraduría hemos encendido, muchas veces, las alarmas. Y hemos propuesto en varias ocasiones un gran acuerdo que permita barajar, de nuevo, y avanzar en grandes reformas aplazadas por décadas que le den a Colombia la certeza de que no caeremos en manos del autoritarismo ni del populismo ante la incapacidad de los partidos de modernizarse. Tenemos que ser capaces de derrotar la polarización, escucharnos como sociedad y acordar una agenda común de profundas transformaciones que modernicen y amplíen la democracia, sin necesidad de derogar la Constitución ni caer en aventuras populistas.

El exsenador Uribe es desafiante frente a las instituciones, sobre todo frente a sus investigadores y jueces. ¿Está satisfecho con el papel de la Procuraduría en el proceso penal que le inició la Sala Penal de la Corte Suprema, le continuó la Sala de Instrucción del mismo alto tribunal y ahora le sigue la Fiscalía?

La Procuraduría conceptuó en derecho sin caer en la contaminación extremista que hoy quiere afectar hasta los fallos de la justicia. Lo que es inaceptable es el ataque pasional de algunos contra las decisiones judiciales, cuyo cumplimiento es el baluarte de la vigencia de un Estado de Derecho.

¿Qué hará después de enero cuando entregue la Procuraduría? Seguramente saldrá al exterior, pero, ¿regresará para buscar una candidatura presidencial? 

A este país le sobran candidatos presidenciales y le faltan consensos. Le sobran caudillos y le faltan acuerdos nacionales. Estoy pensando en el ahora, no en el mañana. Mi única preocupación, hoy, es concluir bien mi gestión, dejando cerradas muchas de las decisiones que he adoptado contra la corrupción y la violación de los derechos humanos. Por supuesto, mi agenda profesional y pública no termina en la Procuraduría. No me imagino, aún, vestido de sudadera viendo por la ventana de mi apartamento pasar la historia, en estos días, más convulsionada que nunca. La vía es el diálogo constructivo entre contradictores, como lo hicimos hace 30 años con la Constitución del 91, de donde salió el consenso político más importante de la historia reciente.

Parece respuesta de precandidato que busca acercar a Petro y a Uribe con usted en el medio. Pero ninguno de los dos estaría interesado. ¿Qué haría, entonces? Ya ha visto que a Sergio Fajardo le quieren poner una tacha -como si la fuera-, por no alinearse con alguno de ellos…

El sofisma consiste en creer que la realidad política de Colombia es maniquea. No se trata, únicamente, de sostener que hay una vía intermedia. También se necesita construir puente de manera colectiva para señalarle un camino al país, con independencia de sus protagonistas.

Quienes contratan con el Estado nacional y localmente, dicen, aterrados, que por cada adjudicación pequeña o grande, hay que pagar por debajo de la mesa y que no denuncian porque “quedarían fuera” de los negocios.

Hemos avanzado en esa lucha pero no lo suficiente. La impunidad social es peor que la legal. Hay demasiada hipocresía en la gente que premia a los corruptos, no los sanciona socialmente, los aplaude, y les celebra sus “hazañas” contra el erario. Por desgracia, aquí ser corrupto da estatus. No se necesitan más leyes: se necesita más educación, cultura ciudadana, sanción social, menos tolerancia, más valor para denunciar y mayor diligencia de la justicia en todos los niveles. En la Procuraduría le dimos mucho valor a las denuncias de los veedores ciudadanos en centenares de audiencias anticorrupción que realizamos en los territorios. Son personas valientes que se enfrenta a las mafias locales y a los depredadores del erario. Lo hacen jugándose la vida tal como sucede en los medios de información. Sin ellos, muchos de los grandes escándalos hubieran permanecido bajo el tapete.

¿Por cuál motivo cree que se “premia a los corruptos” en Colombia? ¿Por el endiosamiento del dinero o por falta de conciencia social? 

Por las dos razones. Y, fundamentalmente, por la tolerancia, en esta sociedad, a la cultura del dinero fácil que nos dejó como legado fatal el narcotráfico. El mayor déficit de Colombia no es el fiscal, sino el de ética pública que se presenta tanto en los servidores del Estado como en los particulares que manejan recursos públicos, como sucedió con los empresarios de la salud que, en muchos departamentos, “cartelizaron” la prestación de un servicio que es un derecho fundamental de los colombianos.

Por fallos de las cortes, se puede afirmar que la Procuraduría anterior a la suya, es decir, la del actual embajador Alejandro Ordóñez, persiguió políticamente a unas personas mientras favoreció a otras. Eso podría volver a suceder puesto que la elegida, Margarita Cabello, es cuerda de Ordóñez y de Duque ¿Qué opina de su sucesora?

Tengo una buena opinión de la procuradora electa. Hemos iniciado el empalme con un excelente clima de respeto y cordialidad, con el apoyo de la Universidad del Rosario. Ella, una jurista con experiencia y carácter, deberá actuar con rigor y transparencia. La gran autoridad moral de la Procuraduría se sostiene sobre su absoluta independencia. Ser procurador es uno de los cargos más altos en la estructura de Estado y, allí, nadie necesita lazarillos ni padrinos para cumplir sus objetivos. Ella encontrará una entidad moderna, fortalecida, cercana a la gente. Hay que darle la oportunidad de que se posesione e inicie su ruta de trabajo. Hay, por supuesto, grandes expectativas. Las víctimas, los defensores de derechos humanos, las organizaciones sociales, encontraron un procurador que los escuchó. Ese es mi orgullo. No creo que cerrar las puertas a esos avances, esté en la agenda de nadie.

Faltan dos meses para terminar su periodo ¿Cómo la evalúa? ¿Qué realizó que lo dejó satisfecho? 

He cumplido con lo prometido el día de mi posesión: actúe con la Constitución en la mano, el corazón al lado de las víctimas y los pies en los territorios. Ha sido una Procuraduría ciudadana que le abrió las puertas a las organizaciones sociales, combatió la corrupción, promovió una reforma a la justicia, elevó la importancia de la Procuraduría como garante de la ética en la administración pública y dio grandes batallas en defensa de los intereses de la democracia. Hemos actuado con total independencia del Ejecutivo sin ninguna clase de hipotecas al poder político ni persiguiendo intereses mezquinos ni personalistas. Mi mayor satisfacción es haberle elevado la dignidad a una entidad que genera confianza y que es querida por los colombianos. Hemos demostrado que no hay intocables, que es posible hacer respetar los dineros públicos y que la Procuraduría es una institución necesaria en un país sitiado por la corrupción y el odio´. (Tomado de El Espectador) Oficina de Prensa Procuraduría General