Sindicatos y trabajadores se sumaron a jornada de paro en Santa Marta

Los sindicatos y trabajadores afiliados a las centrales obreras en Santa Marta se sumaron al paro nacional denominado ‘por la vida, la democracia y la negociación del pliego de emergencia’. movilización que fue organizada por distintos sectores sindicales del departamento del Magdalena

Muchos trabajadores a bordo de vehículos como carros, motocicletas e incluso bicicletas se sumaron a la manifestación y  pidieron respeto por la vida, los derechos fundamentales y garantías laborales y pensionales.

Esta manifestación que se tomó las principales arterias viales de la ciudad de Santa Marta y concluyó frente a las puertas de la Alcaldía de Santa Marta tuvo como objetivo la exigencia de protección para líderes sociales, así como la negociación del pliego de peticiones que buscan incrementar el salario mínimo, implementar la matrícula cero y el retiro del proyecto de Ley 010.

 “Pese a haber transcurrido un año de la más grande protesta que hayamos realizado contra la desastrosa política económica y social del Gobierno de Iván Duque, los problemas graves que estamos enfrentando desde antes de la pandemia no solamente no se han solucionado, se han multiplicado con la emergencia sanitaria y la parálisis económica que está ocasionó”, precisó María del Carmen Ceballos, presidenta de Edumag.

En Santa Marta la movilización tuvo como punto de encuentro la Troncal del Caribe a la altura de la Universidad Cooperativa de Colombia, en donde decenas de samarios y magdalenenses se reunieron para exigir respeto por la vida y rechazar las políticas que aseguran atentan contra sus derechos laborales y pensionales.

La falta de ayuda gubernamental durante la coyuntura generada a raíz de la pandemia fue otro de los motivos por los que la ciudadanía de esta capital y en simultáneo en varias ciudades de Colombia se movilizaron.

“Pero ahora se comienza a ver la crisis que existe desde hace tiempo en el sector agropecuario por la existencia de los tratados de libre comercio. Hoy se sabe que los productores de papa están en la ruina porque al Gobierno se le ocurrió la genial idea de importar toneladas de papa provenientes de Bélgica y otros países, mientras que, a los campesinos colombianos no les paga nadie más de diez mil pesos por un bulto”, expresó Ceballos.

Frente a lo anterior aseguró que, con decisiones como las expresadas el Gobierno les da una ‘patada’ a los agricultores que fueron decisivos en el abastecimiento de alimentos en los momentos más críticos de la pandemia.

LA SALUD EN JUEGO 

Los marchantes aseguraron que esta nueva movilización no solo busca exponer lo que ellos aseguran son unas ‘desastrosas’ decisiones económicas tomadas desde un Gobierno que no los representa, sino que, en materia de salud también se desnudaron las carencias existentes desde hace muchos años en todo el territorio colombiano.

 “Se evidenció que tenemos un sistema de salud carente y que no estaba preparado para una crisis sanitaria de una magnitud tan grande como la actual. Continúa sin solución los graves problemas de la contratación tercerizada; el incumplimiento del pago de salario y prestaciones sociales de los trabajadores de la salud; de la carencia y deficiencia de las medidas de bioseguridad para ellos convirtiéndolos en uno de los sectores más afectados por la mortalidad del Covid-19”, expresó la líder sindical y educadora.

Es válido resaltar sobre esto último que, en el Magdalena según el más reciente informe emitido por el Instituto Nacional de Salud, INS, un total de 359 trabajadores de la salud se encuentran contagiados de coronavirus; de estos, 137 se encuentran en la ciudad de Santa Marta.

En Santa Marta 123 contagios están asociados a la prestación de servicio. Entre tanto, 14 son de contagio comunitario, ninguno es importado y de momento, tampoco se registran indeterminados.

Asimismo, ya son siete los profesionales de la salud oriundos y residentes del departamento del Magdalena los que en el ejercicio de su deber han perdido la vida a causa del Covid-19.

PROYECTO DE LEY 010 

La líder sindicalista advirtió además que en el Congreso se ‘cocina’ el Proyecto de Ley 010, cuyo contenido atenta contra los usuarios de la salud, los trabajadores del sector y pretende eliminar el régimen especial de salud de los docentes de Colombia.

Sobre esto, el doctor Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, explicó que, “es un proyecto de ley que mata la ley estatutaria de salud, es un retroceso en la garantía del derecho fundamental de la salud; busca privatizar totalmente el sistema de salud, con las normas que se ven hay elementos de inconstitucionalidad en varios aspectos”.

Según el proyecto de ley, desaparecerían las EPS y pasarían a ser privadas. “Se llamarían aseguradoras, que estarían integradas verticalmente con la red privada de hospitales, esto conduce a que desaparezcan los hospitales públicos”, añadió.

La petición de los promotores del plantón es que el proyecto de ley se archive, pues la forma como está planteado “haría perder el derecho a la salud”. “Lo mejor es que se archive el proyecto de ley. La forma como está planteado el proyecto haría perder el derecho a la salud. El proyecto es totalmente discriminatorio”, resaltó.

LA EDUCACIÓN

En el terreno de la educación María del Carmen Ceballos precisó que desde el Gobierno Nacional se continúan impulsando proyectos encaminados a ‘golpear’ los derechos de los padres de familia, estudiantes y docentes.

“Un ejemplo de ello es volver la educación pública en un sistema mixto, es decir, manejado por el Estado y los particulares, es una forma solapada de privatizar la educación, porque todos los casos que se han ensayado de las famosas Asociaciones Público Privados se ha demostrado que la intención es entregar los dineros del Estado y el control de administrativo de los operadores privados”, indicó la educadora.

Asimismo, con anterioridad el magisterio expuso que entre los motivos centrales para llevar a cabo jornadas de manifestación se encuentran: La declaratoria de la emergencia educativa, que garantice las actividades escolares no presenciales y el retorno a las escuelas, cuando exista riesgo para la vida y la salud.

Así como también, el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y Fecode en el año 2019, que beneficie a la comunidad educativa y exigir al Gobierno Nacional el respeto por las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz, la pertinencia y vigencia del Estado Social de Derecho.

“En estos momentos de pandemia, en donde la comunidad necesita un abrazo solidario y mejorar las condiciones al interior de las infraestructuras educativas. Hablando puntualmente del departamento del Magdalena, aquí se dijo que no hay alternancia, pero hay una situación, mientras exista la directiva ministerial número 11 es un atentado, está la amenaza para volver a clases presenciales, pero tenemos que tener en cuenta que las estructuras en el departamento son obsoletas, no hay baterías sanitarias y el agua potable es escaso en todo el departamento”, señaló la presidenta del sindicato de educadores.