Nación en deuda con políticas públicas para garantizar derechos de niños

Procuraduría destacó los 31 años de la Convención sobre los Derechos del Niño y enfatizó en la necesidad de revisar la situación de los derechos de más de 27 millones de niños y adolescentes.

Procurador Fernando Carrillo pidió a los mandatarios departamentales formular políticas públicas que permitan garantizar los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes en los territorios, y advirtió que el aumento de la violencia doméstica por el confinamiento, debido a la pandemia por el covid-19, requiere de una revisión de prioridades y de planes de acción.

“La protección de los derechos de los niños no debe ser un tranquilizante de conciencia para la sociedad, sino una pieza fundamental de desarrollo y equidad”, dijo el jefe del Ministerio Público y añadió que la formulación de las políticas públicas son una «asignatura» pendiente y una tarea a realizar a nivel territorial.

Carrillo Flórez destacó los 31 años de la Convención sobre los Derechos del Niño y enfatizó en la necesidad de revisar la situación actual de los derechos de más de 27 millones de niños y adolescentes en Colombia, y de poner en marcha acciones para mitigar los efectos que ha dejado la pandemia en la sociedad.

El jefe del ente de control agregó que la participación de la Procuraduría General en la estrategia dinamizó el proceso de rendición pública de cuentas de los 32 departamentos, más de 1.085 municipios y la alcaldía de Bogotá del periodo 2016 – 2019, sobre los programas para proteger a la niñez, la infancia, la adolescencia y la juventud en cumplimiento a su obligación de informar a la ciudadanía el panorama de los derechos de esta población, los logros y rezagos.

El Procurador planteó cinco situaciones con la mayor vulnerabilidad en los territorios: salud infantil y materna, violencias contra niños y adolescentes, falta de visibilidad de la población joven, ruralidad marginada, y baja calidad del agua, y agregó que la corrupción sigue afectando los derechos fundamentales de los ciudadanos en los territorios.

En el caso de la mortalidad materna advirtió que la falta de atención es un atentado contra el Estado social de derecho y la máxima expresión de injusticia de carácter social, y mostró su preocupación sobre el aumento de la violencia en los hogares por cuenta del Covid-19.

Frente a la falta de visibilización de los jóvenes, el jefe del Ministerio Público alertó que la mitad de esta población accede a educación superior y su tasa de desempleo es del 27 % y lamentó la marginación, la exclusión y la intolerancia sobre niños y adolescentes rurales, a quienes “los están excluyendo de derechos como el acceso a la educación, el empleo y los servicios públicos”.

Así mismo, sostuvo que “la calidad del agua sigue siendo uno de los lastres del desarrollo en Colombia. Solo la quinta parte de los municipios, es decir 222, tienen agua apta para el consumo humano, y casi el 2% no reúne los estándares sanitarios para su consumo”.