Contraloría imputa en proceso fiscal a Fajardo, Aníbal Gaviria y Ramos

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Los imputados como presuntos responsables son: los exgobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos; los exalcaldes de Medellín, Aníbal Gaviria y Fabio Salazar; los exgerentes de EPM, Juan Esteban Calle y Federico Restrepo.

En el caso de Fajardo, la Contraloría lo señala de acciones y omisiones al no cumplir con todas las responsabilidades que tenía frente al proyecto como miembro de la Junta Directiva y no cuidar de la megaobra.

En cuanto a Ramos, Gaviria y Salazar, estos también deberán responder por omisión en la falta de cuidado en el proyecto de la Hidroeléctrica.

Asimismo, son señalados por el organismo de control los siguientes miembros de junta directiva y funcionarios: Alejandro Antonio Granda, Álvaro Julián Villegas, Sergio Betancur, Álvaro de Jesús Vásquez, Ana Cristina Moreno, Iván Mauricio Pérez, Jesús Arturo Aristizábal, Luis Guillermo Atehortúa, John Alberto Maya, Jorge Mario Gallón, Luis Javier Duque, María Eugenia Ramos, y Rafael Andrés Nanclares.

De igual manera, fueron imputados los integrantes de los Consorcios: CCC Ituango; Túneles Ituango (Ferrovial Agroman Chile y Sainc Ingenieros Constructores); Ingetec-Sedic (Ingetec y Sedic) y Generación Hidroituango (Integral e Integral Ingeniería de Supervisión).

Por otro lado, se archivó la investigación al exgerente de EPM Jorge Londoño De La Cuesta, Jesús Alfonso Jaramillo, Sebastián Álvarez, Wilson Chinchilla, Hugo Mora, y la empresa Gestión y Auditoría Especializada.

Cabe recordar que la crisis de Hidroituango empezó después de un desprendimiento parcial de material que llevó al taponamiento de uno de los túneles de desviación que llenaría el embalse de la hidroeléctrica con aguas del río Cauca, por lo cual se produjo la inundación del cuarto de máquinas, la alteración del caudal del río Cauca y la evacuación de 25.000 personas que vivían en el área de influencia.

Según reveló la Contraloría en 2019,  $4 billones ha dejado la contingencia en el proyecto, lo que representa un millonario impacto fiscal para las finanzas públicas. Según el organismo de control, $2,9 billones corresponden a la destrucción ocasionada por la contingencia y 1,1 billones de pesos a las perdidas que produce el atraso de la obra. /Colprensa 

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