JEEP aceptó solicitud de condenados por despojo de tierras en Antioquia

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La sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, en audiencia pública, escuchó los compromisos de condenados por despojos de tierras y vinculados con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en Tulapas, Urabá antioqueño, que se comprometieron con la verdad, justicia, reparación y no repetición.

La diligencia contó con la presencia de Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán, Benito Antonio Osorio Villadiego, Luis Gonzalo Gallo Restrepo, Marco Fidel Furnieles Salgado, Sor Teresa Gómez Álvarez y Jaime Augusto García Exbrayad, quienes solicitaron someterse a este tribunal transicional.

Pero también contó con la presencia de Benito Molina Velarde, quien se presentó en calidad de compareciente, tras el compromiso adquirido en septiembre pasado, cuando la JEP aceptó su sometimiento.

El objetivo de la diligencia, mediante un procedimiento dialógico, tenía la finalidad de construir el camino de verdad entre las víctimas y victimarios, de manera compartida con el objetivo de realizar un proceso de restauración y no repetición. Además, tenía como objetivo decidir o no, la entrada de estas personas a la Justicia Especial para la paz.

Es trascendental, entender el accionar de esta personas, por el despojo de tierras en Tulapas, porque todos ellos presuntamente, conformaron la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba entre 1997 y 2008. Periodo en que “ intermediaron para realizar acciones de despojo de tierras a campesinos poseedores en la región de Tulapas, en el Urabá antioqueño”, dijo la JEP.

En un documento leído por la secretaria judicial del despacho, se evidencian los hallazgos judiciales de la justicia ordinaria que, durante los años 1994 y 1995, los hermanos Vicente y Fidel Castaño, jefes máximos de las AUC, “ejerciendo su poder paramilitar, despojaron y sacaron de sus tierras a más de 130 familias campesinas en la región  de Tulapas, zona rural de los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, desde el Golfo de Urabá hasta la zona baja del departamento de Córdoba”.

Esto con el propósito criminal de crear un corredor libre para el tráfico de armas y estupefacientes, organizar sus guaridas y explorar las riquezas forestales y mineras de dichas tierras.

Añadió que la finca ‘La 52’, o llamada ‘El Engaño’, fue el centro de operaciones, que reguló la estrategia de legalización de tierras a través del homicidio, la amenaza y el engaño a los campesinos de la zona.

Esta finca registra como la primera vivienda del lugar en ser arrebatada a su legítimo propietario, el señor Satander Osorio Causil, amenazado y obligado a vender su terruño por Oliverio Álvarez Serna, testaferro y cuñado de Luis Angel Gil Zapata, primo de los Castaño, quien pagó un irrisorio precio a estos para luego vender la propiedad al fondo ganadero de Córdoba por más de 250 millones de pesos.

En 1997 esta finca fue el lugar donde se forjó la alianza entre los Castaño y el Fondo Ganadero de Córdoba. Exactamente el 1 de diciembre, día en el que “Luis Angel Gil Zapata, Sor Teresa Gómez, cuñada de los castaño y enviada por Vicente con instrucciones claras de impulsar la legalización de tierras, y Benito Osorio Villadiego, en representación del fondo Ganadero de Córdoba, acuerdan un plan para evitar el retorno a sus tierras de la población desplazada, legalizar las propiedades y ponerlas a producir en función de los intereses concertados”.

Ese mismo día los miembros de la junta directiva, en horas de la noche, Benito Osorio, Luis Gonzalo Gallo Restrepo, Carlos Sotomayor, Benito Molina, Fernando Vega, Orlando Vega, firmaron el acta  donde, por unanimidad, acordaron iniciar la compra masiva de tierras, pero por fuera del documento, quedó la designación de Sor Teresa Gómez como la persona que intermediaria para la compra de tierras.

Es a partir de este momento, hasta 2008, donde mediante diferentes estrategias, intermedian acciones para realizar despojos de tierras a campesinos de esta región.

Después de realizado el contexto ya mencionado, la sala pidió a cada uno de los comparecientes o solicitantes a comparecer, hacer una enunciación de los temas sobre los cuales aportará verdad, en su momento en la diligencia ‘de aporte a la verdad’, que se realizará posteriormente.

El primero en hablar fue Benito Molina Velarde, quien dijo que está dispuesto a comparecer y a complementar cualquier información que sea necesaria ante la magistrada de la sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, Nadiezhda Natazha Henríquez Chacín.

Añadió que para el “lo mas importante es que pudiera yo ratificar a las víctimas el perdón de ellos por todo lo que sucedido, y que yo pude determinar de forma directa o indirecta”.

El siguiente en hablar fue Benito Antonio Osorio Villadiego, quien leyó un documento que ya tenía preparado, antes de que fuera interrogado. En él dijo que se siente “avergonzado, arrepentido y dolido de corazón con las víctimas de los hechos ocurridos en Tulapas, correspondientes al despojo de tierras, ocasionado en el año 97 al 2011, bajo la renta ilegal de los paramilitares a cargo de la casa Castaño, hechos de los cuales tuve participación, pido perdón por primera vez ante las víctimas y ante esta jurisdicción”, y aceptó su responsabilidad en estos hechos como gerente del Fondo Ganadero de Córdoba.

Además, añadió que en la jurisdicción pretende contribuir con aportes de verdad, “cómo se gestó, organizó y desarrolló ese plan maquiavélico que afectó a tantas personas de Tulapas, voy a hacer un recuento, una narrativa histórica para contar sucesivamente el orden cronológico de estos hechos en características de hora tiempo y lugar”.

Marco Fidel Furnieles Salgado fue el tercero en hablar y dijo que está dispuesto a contribuir con información para aclarar lo que pasó y que esta información es mayor a la que dio, porque trabajó 13 años en el fondo ganadero. El abogado de Marco Fidel Furnieles, solicitó a la JEP un trato especial, teniendo en cuenta el grado de escolaridad y la labor que cumplió durante el proceso.

La cuarta encargada en hablar fue Sor Teresa Gómez Álvarez, quien dijo que pretende hacer un compromiso de esclarecimiento de la verdad, no repetición y restauración, y pidió perdón por todos los actos criminales que su familia cometió.

Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán se comprometió a “aportar verdad absoluta sobre los hechos en un espacio temporal, determinar claramente cuál fue mi participación, en circunstancia de modo tiempo y lugar, qué alcance tuvieron, con quién tuve relación ” y al igual que los demás implicados en este caso, solicitó perdón.

También compareció Jaime Augusto García Exbrayad, quien dijo que aspira a contar su paso fugaz por la junta del Fondo Ganadero, y decir qué fue lo que vio y aportar información valiosa sobre la época de violencia en Colombia, con la etapa de autodefensas, “información que no es conocida en los estrados judiciales ni en los medios de comunicación”.

Por último habló Luis Gonzalo Gallo Restrepo, quien dijo que tiene los elementos necesarios para contar lo que pasó y reparar a las víctimas. Se refirió a elementos de tiempo y lugar, y dijo que cuando se habla del Fondo Ganadero de Córdoba, muchas veces no se sabe de qué se está hablando, y que él está dispuesto a contarlo con la verdad y dio ideas de cómo se puede reparar materialmente a las víctimas.

Los citados a la diligencia se conectaron de las cárceles La Picota, el Buen Pastor, Bello y Corozal. Al finalizar la audiencia se anunció que las víctimas podrán declarar el día miércoles desde la sala especial del municipio de Necoclí, donde se habilitó una sala especial.

BOGOTÁ (Colprensa).

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