Políticos y cortes internacionales

Al término de la Primera Guerra Mundial se creó la Corte Permanente de Justicia, hoy Corte Internacional (CIJ). Era la primera Corte de carácter permanente para resolver los conflictos entre los Estados por vía judicial.

Luego, ya después de la Segunda Guerra, han aparecido otras como las de derechos humanos (americana -CorteIDH-, europea y africana), las ad hoc para decidir sobre violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) -como los Tribunales de Naciones Unidas para la antigua Yugoslavia y Ruanda-, los tribunales comerciales como el andino y, finalmente, la Corte Penal Internacional (CPI) para juzgar crímenes de guerra y e infracciones al DIH. Algún internacionalista se quejó de la superabundancia de cortes internacionales que degradaban la justicia internacional.

Pero no son las cortes las que lo hacen, aunque hay que reconocer que la tendencia de las regionales es como la de nuestra corte constitucional: crear derecho y no sólo interpretarlo y aplicarlo.

En general los abogados ignoran el verdadero papel de las cortes internacionales y, en Colombia particularmente, creen que pueden trapear con ellas como lo hacen con las internas.

Voy a referirme a un par de casos específicos, pero antes debo precisar que la CorteIDH fue concebida para juzgar a los Estados únicamente por violaciones a los derechos humanos mencionados en la Convención respectiva; y la CPI juzga individuos y no Estados y solamente por las infracciones mencionadas en el Tratado de Roma.

La semana pasada los líderes de los mamertos, los senadores Cepeda, Petro, Sanguino y Barreras, enviaron a la CPI una carta (¿denuncia?) en la que,  de acuerdo con las declaraciones de dos exfuncionarios de la Fiscalía General de la Nación, acusan al exfiscal Néstor Humberto Martínez por haber ordenado seguimientos e interceptaciones, y elaborado falsas pruebas en el proceso de extradición de Jesús Santrich y por haber permitido que participaran agentes de la DEA, a quienes Martínez habría entregado información sin consultar con el Presidente de la República. Estos senadores, que creen que Santrich es “san Trich”, ignoran que la CPI no tiene competencia para semejantes acusaciones de espionaje, falsas además. Pero con abogados como el acupunturista Roy Barreras creen que lo pueden todo.

Hace unas semanas el expresidente Gaviria contrató abogados, probablemente pagados no por él sino por el partido liberal (con los fondos que le da el gobierno, es decir, con su plata apreciado lector y la mía) para demandar al Estado colombiano por la delimitación de Santurbán ante la CorteIDH. Esos consejeros jurídicos ignoran que los casos ante esa Corte llegan a través de la CIDH que, en estos momentos, tiene 761 quejas contra Colombia. La CIDH tendría que escoger ésta y tramitarla para que algún día llegue a la Corte, ya que no puede aceptarla directamente.

Durante el gobierno Santos se presentó una solicitud de opinión consultiva a la CorteIDH para que ésta decidiera sobre “cómo se debe interpretar el Pacto de San José en relación con otros tratados en materia ambiental que buscan proteger zonas específicas, como es el caso del Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe”. De hecho, le sirvió el plato para que aquella decidiera que es competente para “legislar” sobre el medio ambiente y los derechos humanos, una materia que no está incluida en el Pacto de San José, y resolviera crear una serie de obligaciones (protegidas por ella, obviamente) en relación con el medio ambiente. Dos jueces, incluyendo el colombiano, disintieron de la amplia interpretación de la CorteIDH. Pero la Cancillería de la época se tragó el golazo.

*Abogado