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Confirmada suspensión a 3 exdirectivos del BanAgrario por crédito a Navelena
Francisco Solano Mendoza, exvicepresidente del Banco Agrario sancionado por la Procuraduría General de la Nación.
La Procuraduría General confirmó la suspensión por tres meses al expresidente del Banco Agrario, Francisco Solano Mendoza, y por ocho meses a la exvicepresidenta de Crédito y Cartera, Gloria Marcela Ferrán Muñoz, por el préstamos al consorcio Navelena.
En la misma decisión modificó de diez a ocho meses la sanción impuesta a la exvicepresidenta de Banca Comercial, Mónica Santamaría Salamanca, y de tres meses a 45 días, al entonces gerente de cuenta en Banca Empresarial de la Gerencia Regional Bogotá, Ómar Arturo Páez Forero.
El ente de control comprobó que los exdirectivos tramitaron y recomendaron presentar al Comité de Crédito Delegado de la Junta Directiva, la operación de crédito de 120.000 millones de pesos a nombre de Navelena S.A.S., a pesar del riesgo reputacional que tenía esta operación financiera, por la captura de Marcelo Odebrecht en Brasil por temas de corrupción.
En el análisis, la Procuraduría evidenció que los exfuncionarios omitieron estudiar el nivel de endeudamiento del socio, y la capacidad de pago presente y futura del cliente al otorgar el crédito, pues para la fecha en que fue solicitado, el socio de Navelena estaba incurso en causal de liquidación, tenía pérdidas acumuladas cercanas a 226.600 millones de pesos y un nivel de endeudamiento del 99 %.
Según el Ministerio Público, los funcionarios “actuaron de forma negligente y omitieron realizar el estudio y análisis del riesgo reputacional del cliente, no obstante las advertencias que hizo el entonces vicepresidente de Riesgos, relacionadas con los riesgos asociados a los problemas que enfrentaba la firma Odebrecht en Brasil”.
Las faltas de los exfuncionarios fueron calificadas como graves; las de Santamaría Salamanca y Ferrán Muñoz cometidas a título de culpa gravísima, y las de Solano Mendoza y Páez Forero, cometidas con culpa grave.
La Sala Disciplinaria de la Procuraduría precisó que el tiempo impuesto como sanción se convertirá en salarios equivalentes al monto de lo devengado al momento de cometerse la falta para quienes no son servidores públicos. Contra la decisión de segunda instancia no procede recurso.
La Procuraduría absolvió a los miembros de la junta directiva, el delegado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Arturo Adolfo Dajud Durán; delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Andrés Escobar Arango; representante del accionista mayoritario, Luis Fernando Mejía Alzate; representante del Gobierno Nacional, y los miembros independientes, Luis Eduardo Gómez Álvarez, Juan Luis Hernández Celis, César Pardo Villalba y Francisco Estupiñán Heredia, tras determinar que actuaron amparados en el principio de confianza por cuanto las entonces vicepresidentas de Crédito y Cartera, y de Banca Comercial afirmaron que no existía riesgo reputacional y que ese aspecto había sido ampliamente estudiado en la sesión del 12 de noviembre de 2015.
