Delitos sexuales sin impunidad

Muchas son las atrocidades cometidas al amparo del conflicto armado vivido en el país y así como escuchamos testimonios y confesiones de victimarios de los crímenes perpetrados por grupos de autodefensa, luego de su desmovilización, se conocen los actos de guerrilleros de las Farc en sus campamentos y en las zonas donde tenían influencia.

Las historias de la guerra que narran crueldad sobre crueldad van a quedar evidenciadas en su integridad cuando comiencen los procesos judiciales para cumplir con uno de los postulados del proceso de paz, como es conocer la verdad de lo ocurrido, o al menos eso esperamos que pase, porque a pesar de que los cabecillas de esa organización niegan muchos de los señalamientos hechos en su contra, testigos del conflicto están documentando lo sucedido.

Con tantos episodios de la guerra que se van desvelando, la sociedad se vuelve insensible porque se llega a un grado tan alto de barbarie, que los homicidios, torturas, secuestros, desplazamientos, se convierten en estadísticas que se miran desde el frio perfil de los números.

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Mi voz es para que eso no suceda con uno de los capítulos más aberrantes del conflicto colombiano; me refiero a los abusos sexuales a miles de personas víctimas de agresiones contra su integridad, muchas en los fortines de las Farc donde las llevaron en contra de su voluntad y otras como retaliaciones a sus familias o en medio de las incursiones a poblaciones donde la presencia de la Fuerza Pública era exigua.

De los delitos sexuales perpetrados por integrantes de las Farc se desprenden otros hechos violentos como la tortura, la esterilización, esclavitud, prostitución forzada y abortos practicados a mujeres desde temprana edad, e incluso el asesinato de algunas de ellas por haber cometido el “pecado” de quedar en estado de embarazo.

El texto “Violencia Sexual como Crimen Internacional Perpetrado por las Farc” documenta que hasta el año 2011, 1.800 guerrilleras abortaron por obligación y las principales víctimas de esa violencia son menores de 11 a 15 años de edad que pertenecían a comunidades indígenas.

La Fiscalía tiene un registro de cerca de nueve mil personas que estuvieron sometidas a esta clase de delitos cometidos por diferentes actores del conflicto incluidas organizaciones guerrilleras, grupos de autodefensa y bandas de delincuencia.

En el caso de las Farc, unos 200 desmovilizados fueron acusados por violencia sexual cuyas víctimas no son solo mujeres, también sufrieron violaciones los niños, en contradicción a manifestaciones de algunos de los mandos de la organización que afirman que no se permitieron relaciones entre parejas del mismo sexo.

Insisto que el tema no se puede convertir en un asunto de cifras, no podemos pasar por alto el sufrimiento de tantas personas que tuvieron que someterse con violencia durante varios años a las exigencias sexuales de sus comandantes o compañeros de filas.

Necesitamos la verdad, que quienes son culpables de esos hechos respondan por sus actos. La violencia sexual no es un delito político ni conexo con este tipo penal, no hay justificaciones que excusen el haber cometido semejantes crueldades, tiene que haber una reparación integral para las víctimas, condena a los victimarios y el compromiso de no permitir que esos episodios sigan siendo parte de nuestra realidad.

ExMagistrado