Fiscalía archiva proceso contra William Dau tras denuncia por marchas

Cartagena no fue la excepción y muchos de sus simpatizantes realizaron una caravana.

Algunas manifestaciones pacíficas se hicieron en las principales poblaciones del país a principios de agosto pasado como muestra de apoyo al expresidente Álvaro Uribe, luego que este recibiera una medida de detención domiciliaria (que ya no tiene).

Cartagena no fue la excepción y muchos de sus simpatizantes realizaron una caravana. Por ese motivo, alegando que debía prohibir la manifestación, teniendo en cuenta las restricciones por la pandemia, la Veeduría de la Rama Judicial y el Sindicato de Servidores Públicos instauraron una denuncia contra el alcalde William Dau, por prevaricato por omisión.

Sin embargo, la Fiscalía acaba de archivar ese proceso, alegando la “imposibilidad fáctica de efectuar la acción”. “Tanto los hechos como la conducta denunciada resultan absolutamente atípicos. En primera medida porque se confunden los conceptos de poder, función y actividad de policía; estos asignan competencias y facultades distintas a presidente, gobernadores y alcaldes respecto a los cuerpos de policía; y en dicho contexto, jamás existió una conducta omisiva en cabeza del alcalde, por cuanto sus órdenes, como primera autoridad, se encontraban claramente impartidas a través de los distintos decretos expedidos para la fecha, tanto por él, como por el presidente de la República”, indicó Anthony Sampayo, abogado del alcalde Dau.

Así mismo, el jurista agregó: “Y por otra parte, un punto muy importante tiene que ver con la imposibilidad legal que tendrían los alcaldes para limitar o reglamentar el derecho fundamental de la población a manifestarse pública y pacíficamente, lo cual, por mandato constitucional, está limitado al Congreso, siendo un derecho que, incluso, por mandato expreso del artículo 214 del numeral 2º de la Constitución, no puede ser limitado ni siquiera en estados de excepción, como lo es la emergencia declarada por el Gobierno por cuenta de la pandemia. Y justo por estas razones, personalmente resultó curioso que fuera una organización sindical y una veeduría los denunciantes en este caso, cuando son justamente ese tipo de organizaciones las que más requieren que el derecho a la protesta social sea garantizado”.

El alcalde indicó lo siguiente ante la decisión: “Como lo dije con ocasión de las marchas que se dieron en el mes de septiembre en todo el país en protesta por los abusos policiales, las que incluso tuve la oportunidad de acompañar, yo fui elegido como alcalde de todos los cartageneros, sin importar su ideología política, sean de izquierda, de derecha o centro. Yo no podía contradecir los decretos vigentes para el momento, expedidos por el mismo alcalde mayor y por el Gobierno nacional, autorizando la salida masiva de personas a las calles, pero tampoco podía prohibir que en Cartagena se realizaran protestas públicas pacíficas porque eso es un derecho que está en la Constitución. Gracias a esta posición, en Cartagena las distintas marchas que se han convocado han transcurrido sin ningún herido o hecho que lamentar”.