‘Inseguridad jurídica, la principal enemigo de la construcción en la ciudad’

CAMACOL cierra el año con 179.000 unidades comercializadas mientras que la proyección para el 2018 en volumen será de 196.000 unidades.

 

La dirigente del gremio constructor fue enfática al manifestar que el reto en la solución al tema de agua potable y saneamiento básico para Santa Marta no puede seguir dilatándose porque se constituye en una seria amenaza para los constructores formales.

 

 

La presidente de Camacol, Sandra Forero Ramírez, quien estuvo en esta capital afirmó que el origen de la estabilidad jurídica para la actividad edificadora está en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y que mientras no se cuente con esa información actualizada y necesaria del territorio siempre existirá la amenaza que cualquier decisión ambiental puede llegar tarde o cualquier decisión de servicios públicos frene el desarrollo.

La dirigente del gremio constructor fue enfática al manifestar que el reto en la solución al tema de agua potable y saneamiento básico para Santa Marta no puede seguir dilatándose porque se constituye en una seria amenaza para los constructores formales.

‘‘Recuerdo muy bien que durante la administración del doctor Caicedo se hicieron algunas reuniones para revisar el POT en donde Camacol hizo ciertas consideraciones y aportes aunque seguimos en el mismo proceso y un poco con la angustia de que los espacios de participación no han tenido la celeridad para tener un Plan de Ordenamiento que además sea construido entre todos: los industriales, constructores y la sociedad civil y tener de una vez por todas una estabilidad jurídica

 

Sandra Forero Ramírez, presidente de Camacol.

 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

De otra parte, Forero Ramírez asegura que el crecimiento anual que se registró en Santa Marta se ubicó en un 28.5% respecto a la Vivienda de Interés Social (VIS) mientras que en lo relacionado a la vivienda no social el crecimiento es menor pero no cayendo como ocurre a nivel nacional.

Según la dirigente, es fundamental que las ciudades cuenten con unas condiciones de estabilidad jurídica positivas porque este ya es un tema que se constituye en una gran amenaza sobre el sector edificador. ‘‘Necesitamos no solo que se recupere la economía para que el sector se dinamice mejor sino que los alcaldes en todo el país deben entender la importancia de las licencias de construcción y que las honren como un derecho adquirido y que entre todos nos pongamos de acuerdo para que el sector siga adelante’’, indicó.

Al referirse al año 2018 precisa que si se logran las proyecciones de Camacol el país mejorará sustancialmente. ‘‘Si nosotros logramos las proyecciones que tenemos por cada billón adicional de inversión en vivienda generamos 86.000 empleos y adicionalmente demandamos 35 billones de pesos en insumos. Eso se logra si tenemos unas condiciones de seguridad jurídica que en este momento estamos viendo seriamente amenazadas’’, recalcó.

 

‘MI CASA YA’ CRECIÓ 18,3%

Sandra Forero destacó el balance positivo que ha tenido la venta de Viviendas de Interés Social (VIS) y específicamente el programa ‘Mi Casa Ya’ del Gobierno, el cual registra un comportamiento favorable con un crecimiento del 18,3% y donde se recuperaron las iniciaciones. El segmento que le sigue a la VIS es decir donde se ubican los colombianos que pueden comprar casas entre 100 y 320 millones de pesos, se tuvo un ajuste importante ya que es un nicho valioso donde se centran las expectativas positivas para el 2018.

‘‘Hasta el mes de octubre de este año la estadística señala que hubo -10% en el segmento que le sigue a la VIS, mientras que el segmento alto tuvo un año difícil y se mantendrá así ya que la caída de las ventas se ubicó en el -32%’’, manifestó Forero.

La presidente de Camacol concluyó diciendo que la intención de compra de vivienda va mejorando lo que augura un PIB de edificaciones para el 2018 creciendo un 4,6%. Respecto a lo no residencial (comercio, oficinas, bodegas, hoteles) se estima tendrá un crecimiento del 3,8%.