Conozca las propuestas para mitigar el aumento de la pobreza en 2021

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El apoyo a la productividad, el fortalecimiento de los auxilios que hoy día entrega el Gobierno y la creación de una renta básica son algunas de las alternativas que se plantean para mitigar la pobreza monetaria en el país.

En Colombia, las mediciones oficiales indican que si un hogar devenga menos de 327.674 pesos por persona se encuentra en situación de pobreza monetaria. De esta manera, entre 2018 y 2019 se aumentó en un punto porcentual este indicador, tras pasar de 34,7 % a 35,7 %, y las proyecciones económicas pesimistas sobre el país siembran alertas sobre cómo se va a cerrar el año en este aspecto.

Por si fuera poco, la línea de pobreza extrema o indigencia, es decir estar por debajo de los 137.350 pesos mensuales fue una realidad para 9,6% de la población colombiana, sobra decirlo, todavía sin los efectos de la pandemia en la economía nacional.

Los 327.674 pesos hacen referencia al dinero con el que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) calcula que se puede cubrir el “costo monetario de adquirir una canasta de bienes alimentarios y no alimentarios mínimos para la subsistencia”, mientras que los 137.350 pesos solamente responden por un mínimo de alimentos para subsistir (ver Paréntesis).

Si bien las cifras venían en aumento en el país, se espera que el mundo viva un remezón generalizado, puesto que estudios realizados por el Banco Mundial ya hablan de que entre 88 millones y 115 millones de personas caerán en la pobreza extrema a causa de la contingencia sanitaria. Recordemos que para esta organización, aquella línea se traza en vivir con menos de 1,9 dólares diarios y “probablemente afecte a entre un 9,1 % y un 9,4 % de la población mundial en 2020”.

Frente a la pregunta de cómo mitigar el impacto del virus en este indicador en Colombia, Carlos Sepúlveda, decano de la Universidad del Rosario y Secretario Técnico del Comité de Expertos en Pobreza, planteó que para este tipo de pobreza “hay mecanismos como transferencias del Gobierno con programas como Familias en Acción e Ingreso Solidario (que inició su aplicación en medio de la pandemia) que le apuntan a esto”.

En Colombia, de acuerdo con el Departamento de Prosperidad Social (DPS), el Ingreso Solidario, que se caracteriza por ser no condicionado, cerrará el año entregando 4,3 billones de pesos a través de 9 pagos mensuales de 160.000 pesos.

Por otra parte, entre las iniciativas que se condicionan únicamente hacia cierto tipo de población, pero que en medio de la contingencia no fueron condicionados, se incluye, Jóvenes en Acción, que ya ha atendido a más de 425.000 jóvenes con una inversión superior a 1,.1 billones de pesos, según el DPS. Colombia Mayor, para la tercera edad, ya llegó a 2,8 billones de pesos para el beneficio de 1,7 millones personas de la tercera edad.

Así, señaló que un refuerzo en estas transferencias ayuda en el indicador, pero finalmente a largo plazo lo que se necesita son políticas que “dinamicen el mercado laboral y que mejoren la productividad de los trabajadores lo que va a llevar a tener un ingreso más sostenido y salir más rápidamente y de manera permanente de esa condición”.

HACIA LA RENTA BÁSICA

Recordemos que otra de las medidas sobre las que se ha hecho referencia es la posibilidad de una renta básica en Colombia, es decir, un ingreso al cual tenga acceso quien lo necesite para así garantizar un mínimo de condiciones dignas para sobrevivir.

Hubo una propuesta tramitada en el Congreso de la República que suponía entregar cerca de 350.000 pesos mensuales, lo suficiente para superar la línea de pobreza planteada en el país, para la población más vulnerable. No obstante, esta iniciativa no prosperó en la Cámara de Representantes.

Y es que la votación en la Comisión Tercera dejó solamente cinco votos a favor y 18 en contra, frente al proyecto cuya intención era suspender los programas como Familias en Acción o Colombia Mayor, e incluso la devolución del Impuesto Sobre las Ventas (IVA), con el fin de reenfocar los esfuerzos hacia este nuevo ingreso.

Si bien eliminar la pobreza es beneficioso para toda la población en una primera mirada, el Ministerio de Hacienda planteó, en un estudio presentado en medio de esta discusión en el Congreso, que el recurso de la renta básica implicaría, por ejemplo, llevar el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre gastos e ingresos del Gobierno, del 8,9 % previsto para este año, a valores por encima de 20 %.

En este sentido, Sepúlveda también agregó que “una política de renta básica requeriría unos ingresos del Estado con los que no contamos en este momento, por lo que es una opción poco realista”.

TRANSFORMAR LOS PROGRAMAS EXISTENTES

Alertando sobre las cifras de mercado laboral y sobre cómo se ha desempeñado la economía en la pandemia, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) también ha puesto sus cartas sobre la mesa sobre cómo mitigar el incremento de la pobreza a partir de la emergencia.

En primera instancia, en uno de sus comentarios económicos publicados en diciembre, la organización remarca la importancia de apalancarse en los ya existentes programas sociales para ello. No obstante, ANIF advierte que se debe extender la duración de las transferencias a las familias e incrementar el monto de los giros, si se quiere llegar a un escenario de reactivación económica (ver Claves).

Sin embargo, para esto es necesario “que la autoridad monetaria siga jugando un rol importante, que permita una mayor liquidez y evalúe hasta donde puede relajar la tasa de interés” y conservar los apoyos directos a las empresas al mismo tiempo que se da la mano de manera preferencial a aquellos negocios cuya naturaleza llevó a que se vieran más afectados por la coyuntura vivida en 2020.

Por el momento, el programa de Ingreso Solidario destina 160.000 pesos mensuales desde abril a los hogares en condición de vulnerabilidad, con lo que se espera llegar a siete millones de personas en el país.

De esta manera, Maribel Castillo Caicedo, directora del programa de Economía de la Universidad Javeriana de Cali, acotó que “es importante movilizar acciones de equidad a través de transferencias condicionadas a los sectores que han sido más afectados por la crisis y a poblaciones que han perdido más empleo como los jóvenes y las mujeres”.

De hecho, Roberto Angulo, Socio fundador de la firma Inclusión, indicó que los programas de esquemas tipo Familias en Acción fueron creados inicialmente apuntando hacia la mujer, pero con objetivos de hogar, con el nacimiento de estos modelos en México. No obstante, el experto alertó que sí se necesitan más propuestas con enfoque de género.

Castillo Caicedo también afirmó que el “gasto público enfocado en las personas más necesitadas debe estar ligado a políticas públicas para mitigar los efectos de la crisis por el aumento en las actividades de cuidado no remunerado por parte de las mujeres” (ver Para Saber más).

UNA MIRADA INTERNACIONAL

De acuerdo con las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 7 millones de personas perderán su empleo por la Covid-19 en la zona, lo cual derivará en que haya 20 millones más de personas en la pobreza en esta parte del mundo, motivo por el cual también existen miradas regionales.

Por ello, Alicia Bárcena, Secretaria General de la organización, manifestó que “el principal objetivo de un nuevo paradigma de desarrollo es que necesitamos un nuevo pacto social y político entre todos los actores de la sociedad, porque requerimos un estado de bienestar universal y sistemas de protección social universales”.

Para apuntar a esto, Bárcena enlistó una serie de medidas enfocadas en combatir la pobreza y la pobreza extrema. Con un costo adicional del 2 % del Producto Interno Bruto de América Latina, esta entidad asegura que en la región se puede pensar en ampliar o implementar un ingreso básico de emergencia equivalente a 143 dólares (unos 492.620 pesos) por un periodo de seis meses para quienes se encuentren en situación de pobreza.

Además, se propone un “bono contra el hambre equivalente al 70% de una línea de pobreza extrema (67 dólares, es decir 230.808 pesos aproximadamente)”, el cual se destinaría únicamente a la población que vive en condición de pobreza extrema.

También se postula un subsidio universal para la infancia, teniendo como premisa que más de la mitad de los niños vivirán en pobreza en 2020.

Esta organización ha abanderado la integración productiva regional para generar una mayor industrialización y, a partir de allí, conseguir una protección social más alta de cara a la pospandemia.

Sin contar con el escenario nunca antes visto que se presenció durante este año, el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que se planteó para 2030 era erradicar la pobreza en un ambiente en el que factores como el cambio climático y la inseguridad alimentaria exigirán mayores esfuerzos para salir de esta condición, a ojos de la Organización de Naciones Unidas.

Por lo pronto, solo en Antioquia, entre 2018 y 2019, un total de 125.252 personas ingresaron al grupo cuyos ingresos no fueron suficientes para garantizar la canasta de bienes alimentarios y no alimentarios que se necesita para vivir dignamente, con lo que se llegó a más de 2,01 millones de personas en el departamento.

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