Nueva tragedia nacional

Uno de los compromisos más importantes del Estado al firmar el Acuerdo de Paz con las Farc en 2016 tiene que ver con la consolidación de la seguridad en la Colombia profunda, que se enrutaba por caminos de transición, esperanza y superación de la violencia, luego de más de cinco décadas de sometimiento, terror, asesinatos, secuestros, reclutamientos forzados, desapariciones, desplazamientos (…) con alrededor de ocho millones de víctimas.

Tal obligación imponía y demandaba una acción urgente e inmediata del Estado y sus instituciones, pero sobre todo del Gobierno Nacional para asegurar las regiones, con especial fuerza las zonas más vulnerables de las que se retiraba la insurgencia para volver a la vida civil y reincorporarse a la sociedad.

Hoy esos territorios, faltos de una mayor presencia institucional han sido copados por otros actores armados que hacen la guerra, no por la toma del poder o por reivindicaciones políticas y sociales, sino por el control del narcotráfico, conduciendo, de manera progresiva al país, a una nueva barrena de violencia de la que difícilmente podrá salirse por la complejidad de la misma, una empresa criminal transnacional.

Tiene razón la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien esta semana condenó el incremento de la violencia ejercida por “grupos armados no estatales, grupos criminales y otros elementos armados en Colombia, en contra de campesinos, indígenas y afrocolombianos”, e instó a las autoridades del Estado a tomar acciones concretas para proteger, de manera eficaz, a la población.

En 2020, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha documentado 66 masacres, que sumaron 255 asesinatos, en 18 departamentos. También en este año ha recibido denuncias sobre el asesinato de 120 defensores de derechos humanos.

Desde la firma del Acuerdo de Paz la Misión de Verificación de la ONU ha documentado 244 asesinatos de excombatientes de las Farc.

Los escenarios de la nueva escalada de violencia son los mismos que padecieron por décadas la presión violenta de las guerrillas desmovilizadas: Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Urabá, en Antioquia; Chocó, Cauca, Putumayo, Nariño, santanderes, Arauca, La Guajira, Amazonia, Orinoquia (…).

Dramática la conclusión a la que llega la Alta Comisionada de la ONU al final de su análisis sobre la violencia que hoy se exacerba contra la población indefensa en esos territorios deprimidos: “Lamentablemente, después de décadas de conflicto armado, la violencia ha sido normalizada en Colombia, algo que nadie debería aceptar”.

Y es que normalizar un hecho de esta naturaleza es la peor tragedia que puede ocurrir para el presente y futuro de una nación porque se entra en el ámbito de la insensibilización, si aparece no importa y si se oculta da lo mismo.

El país, sus gobernantes, la sociedad civil, no pueden pasar indiferentes por el lado de las víctimas de esta nueva tragedia nacional.

Si el Gobierno y todo el aparato estatal pusiesen su empeño en reconocer la complejidad de la crisis para devolverle la institucionalización a las regiones más golpeadas, con seguridad, justicia, medidas drásticas contra los victimarios y políticas integrales de desarrollo económico, social y ambiental, la violencia seguramente cedería en alto porcentaje, con gran alivio y rescate de los derechos para las víctimas y el resto de la población.

* Internacionalista