La gestión del procurador Carrillo construyó confianza con hechos y le aplicó la ley a los corruptos

Concluye hoy su periodo como procurador general de la Nación el doctor Fernando Carrillo Flórez, dejando una institución fortalecida, que logró romper esas barreras que separaban a la gente de la entidad, y salió a las calles y los despachos judiciales a defender sus derechos.

El periodo como procurador del jurista Fernando Carrillo Flórez termina hoy viernes 15 de enero, y a pocas horas de concluir su administración, entregó un balance de su gestión, en cuyo mensaje principal aseguró que desde el inicio de su labor como funcionario de alto cargo se propuso estar cerca de la ciudadanía y abrir las puertas de la institucionalidad, no con palabras sino con hechos para construir confianza.

En este sentido, Carrillo Flórez señaló que, trabajar de la mano de la ciudadanía no fue solo un deber, sino una necesidad, toda vez que, el propósito como Ministerio Público está en visibilizar las voces ciudadanas para asegurar que los servidores públicos de todo el Estado las escuchen, y las atiendan con eficacia, celeridad y actuando dentro del marco de la Constitución y la ley.

Por lo que se promovieron acciones de prevención, haciendo intervención judicial relevante y eficiente y ejercieron actuaciones disciplinarias justas y oportunas frente a los servidores públicos que obran fuera de la ética pública y la ley.

 “El desafío fue acortar esas distancias, romper esas barreras y derrumbar las murallas que separaba a la Procuraduría con los ciudadanos; que separaban la Procuraduría en Bogotá con el resto de las regiones y de las comunidades territoriales”, sostuvo el saliente procurador.

Señaló además que, se pudo derribar las barreras y fortalecieron las relaciones con la ciudadanía gracias a tres principios fundamentales, denominado al primero de ellos: ‘Actuando con la Constitución en la mano’, toda vez que, fue el respaldo a sus actuaciones, bajo el mayor consenso ciudadano que se ha logrado en el país.

El segundo principio se denominó: ‘Trabajando con el corazón al lado de las víctimas’ y el tercero ‘Poniendo los pies en el territorio’ con el que se buscó desbogotanizar el Estado.

 “Esta fue una Procuraduría que se ‘desbogotanizó’ como lo dijimos desde el primer día y logró estar presente en los territorios de Colombia, esas coordenadas; esos algoritmos como se dice ahora en día en época de evolución tecnológica que permiten solucionar un problema y afrontar un desafío están en cinco legados fundamentales”, manifestó el alto funcionario.

LA CIUDADANÍA  ENCONTRÓ UN  ECO PARA SU VOZ 

Escuchar a la ciudadanía es el primer legado que dejó la Procuraduría y con el cual se buscó entender sus dificultades y tramitar su descontento con acciones que protejan sus derechos individuales y colectivos. “El diálogo constante nos sirvió para recibir el descontento ciudadano y gestionar acciones enfocadas en defender la vida de los líderes sociales. Por eso, esta es una entidad en la que lo público recobró su significado”.

En este sentido, se gestionaron $3.700 millones en alianzas con organismos de cooperación internacional como: USAID, ACNUR, OIM y Fondo Multidonante de Naciones Unidas, entre otros.

Con la Mesa por la Protección a la Vida la Procuraduría logró hacer seguimiento al rol del Estado en la defensa de los Derechos Humanos, garantizar política pública de protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Asimismo, la no estigmatización de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, adelantamos la campaña ‘Lidera la vida’.

Se creó la Comisión Nacional del Ministerio Público para la respuesta rápida y alertas temprana y con respecto a la campaña “Aquí cabemos todos. Colombia libre de xenofobia”, articularon esfuerzos con la OIM y USAID para atender las problemáticas de la migración venezolana.

De igual manera, a través de un recurso de reposición, se garantizaron los derechos de matrimonio igualitario de una pareja del mismo sexo ante el Juzgado Décimo Civil Municipal de Cartagena.

Se suscribió Gran Pacto por la Erradicación de la Trata de Personas y la Explotación Sexual con compromisos del orden nacional en 14 departamentos y ciudades capitales de Colombia.

REFORMA A LA JUSTICIA Y  RESTITUCIÓN DE TIERRAS 

Se impulsó un proyecto de reforma a la justicia en el Congreso de la República para mejorar el acceso ciudadano a las instancias judiciales, el cual fue construido y propuesto a partir de una consulta a más de 9.000 ciudadanos sobre sus necesidades jurídicas

La propuesta de reforma tiene como centro al ciudadano y tiene un enfoque: Territorial; descentralizado; rural y diferencial. El objetivo es llevar la justicia a los territorios y ofrecer mayores garantías judiciales al sector rural.

Por otro lado, la restitución de tierras es una parte de la reparación integral de la Ley de Víctimas y una prioridad de la Procuraduría por lo que 225.114 hectáreas fueron restituidas en 19 sentencias.

La Procuraduría fue una plataforma en las regiones del país para la defensa de derechos ambientales a través del diálogo, en este sentido, entre el 2012 y el 2019 se realizaron 23 audiencias ciudadanas anticorrupción en 17 departamentos.

En la Procuraduría se atendieron las contingencias como consecuencia de la declaratoria de emergencia por Covid-19, por lo que, durante la pandemia se hicieron seguimiento a prestación de servicios de salud en centros de reclusión y transitorios y al cumplimiento del Decreto 546 de 2020 sobre excarcelaciones transitorias. También se defendió el interés superior de los niños, niñas y adolescente y se estimaron 27 sentencias de adopción.

Se vigilaron preventivamente más de $4 billones correspondientes a cerca de 50.000 contratos estatales para atender la emergencia sanitaria causada por la pandemia.

LAS VÍCTIMAS Y LA PAZ 

Honrar el Acuerdo de Paz es un compromiso de Estado con toda la ciudadanía y, especialmente, con quienes han sufrido de primera mano las atrocidades de la guerra.

 “Sabemos que antes de la reconciliación están la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Desde la Procuraduría hemos sido garantes del cumplimiento del Acuerdo de Paz, particularmente en los territorios alejados de las grandes ciudades. Recorrimos el país, abriendo y fortaleciendo los espacios de diálogo en los que las víctimas fueron las protagonistas y nosotros, un aliado”, sostuvo el procurador.

Se trabajó por el cumplimiento del Acuerdo de Paz, por la justicia, la defensa y restitución de los derechos de las víctimas y se remitieron 330 procesos disciplinarios a la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP, de los cuales 226 fueron en el 2019 y 104 en el 2020.

Es así como en el 2018, se entregó por parte de la Procuraduría a la JEP el primer informe con 1.588 procesos disciplinarios relacionados con el conflicto armado; mientras que, en 2019 se entregó un segundo informe con 593 procesos disciplinarios que corresponden al período 1990- 2005.

Se digitalizaron cerca de 700 procesos para remitirlos por competencia a la JEP; se fortaleció el seguimiento a los territorios más afectados por el conflicto; se diseñó una metodología para seguir y rastrear la implementación de los Acuerdos de Paz.

De otro lado, también elaboraron 8 informes de políticas públicas o programas relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz; se acreditaron a más de 290 excombatientes tras revisión de 2.181 procesos; se creó el Programa Integral de Garantías a Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, así como planes de acción y territorialización.

 “Formulamos recomendaciones en 122 de los 170 municipios en subregiones de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), frente a temas como: atención y reparación a víctimas; Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos –PNIS; reincorporación Instancias de participación y fuentes de financiación”, manifestó el Carrillo Flórez.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

La procuraduría señaló que, se han enfocado en luchar frontalmente contra la corrupción para mostrarle a todo el país que sus preocupaciones se traducen en sus acciones.

 “Sancionamos ejemplarmente e hicimos entender que detrás de un acto de corrupción hay víctimas de carne y hueso, que deben ser reconocidas y reparadas. Al tiempo, fortalecimos herramientas de prevención para encontrar soluciones en el corto plazo, en lugar de desgastes institucionales prolongados”, señaló la entidad.

En este sentido la entidad atendió a un total de 228.930 personas; 13.555 casos de ocurrencia de daños; en un total de 308.658 casos se evitó el impacto negativo y se restituyó los derechos y se respondieron 216.115 requerimientos de información.

Entre el 217 y 2020 se llevaron a cabo 514.277 audiencias; 447 conceptos de constitucionalidad; 102 acogidos por la Corte Suprema y 180.304 conceptos en procesos de intervención. Se llevaron a cabo 6.897; 2.734 pliegos de cargo y se emitieron 165 suspensiones provisionales.

Con respecto a las sanciones, se llevaron a cabo 1.352 suspensiones de las cuales 613 fueron a concejales, diputados y ediles; asimismo, 743 fueron impuestas por destituciones e inhabilidad en general a 592 alcaldes y 14 gobernadores.

Entre el 2012 y el 2020, 190 suspensiones e inhabilidad especial se realizaron y 1.472 sanciones a servidores no elegidos popularmente. También se hicieron 189 amonestaciones escritas. 100 multas, inhabilidad general, separaciones del cargo, reprensiones y 1.221 sanciones impuestas a servidores públicos en cargos de elección popular.

Dentro de las cifras a resaltar señalaron que hubo: $7.5 billones defendidos por acciones de intervención, se evitaron las pretensiones de Odebrecht en contra del Estado por $3,8 billones, hubo un ahorro de $1,2 billones al Estado al evitar la conciliación entre el Ministerio de Transporte y los bancos y también mediante acción popular se logró la mayor condena en América Latina contra Odebrecht por $715.000 millones.

Se profirieron 62 laudos arbitrales por $900.000 millones y cerraron 3.124 acuerdos conciliatorios por conciliación extrajudicial por $128.000 millones, además de $122.000 millones en acuerdos de conciliación en tribunal de arbitramento $656.000 millones en arreglo directo.

Se vigilaron preventivamente contratos en 97 procesos emblemáticos en todo el país por un monto de $63,4 billones, protegiendo los derechos de cerca de 31 millones de colombianos.

Por otro lado, con respecto a los procesos investigativos la Corte Suprema de Justicia acogió el 90 % de los conceptos que presentó la Procuraduría (Agroingreso, feminicidios, violencia sexual, narcotráfico). Durante los últimos 4 años, se profirieron 42 fallos sancionatorios y 19 absolutorios.

ACCIONES PREVENTIVAS Y DE CONCILIACIÓN 

Entre 2017 y 2020 la Procuraduría recibió 567.398 actuaciones preventivas y gestionaron 540.562 y alcanzaron un rendimiento del 95%. También hicieron gestiones en la protección del patrimonio cultural de la Nación; con respecto al Plan Preventivo: 134 productos estratégicos de las Procuradurías Delegadas. 368 actuaciones preventivas emblemáticas de las 84 Procuradurías Territoriales.

Llevaron a cabo el seguimiento a la normalización de la transferencia de subsidios: 700.000 usuarios en municipios de la región Caribe; 96 actos administrativos expedidos; elaboraron la Guía de la Función Preventiva; hicieron 78 publicaciones y metodologías preventivas; desarrollaron 99 actividades de socialización y capacitaciones.

En materia de conciliación invirtieron para lograr amparar el derecho fundamental al debido proceso de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). Asimismo, 10,4 billones en el presupuesto e intervenciones asociadas a todas las regiones del país; 2,5 billones de ahorro a los colombianos por acuerdos de conciliación; 656.000 millones de ahorro a los colombianos por arreglos directos; reducción de pretensiones en laudos arbitrales, por el orden de los $6.7 billones; se evitó que el Distrito de Barranquilla tuviera que pagar $45 mil millones a Electricaribe S.A. E.S.P.

APOYO PERMANENTE A LOS TERRITORIOS 

Reconocer al otro y su realidad es importante para la construcción de lazos sociales es por ello que la Procuraduría señaló que el foco fue el territorio, el reconocimiento de sus poblaciones y su capacidad de incidir en sus propias realidades. Es así como la Procuraduría fue un actor relevante a la hora de darle voz a los colombianos y comunidades de los territorios.

Lograron el reconocimiento de la población campesina rural como sujetos de derechos; la protección de ecosistemas estratégicos como el Páramo de Santurbán, Parque Tayrona e Isla Salamanca, Hidroituango, entre otros. Igualmente, el manejo de fauna silvestre y salud pública; implementaron el Programa de Seguimiento Territorial para la coordinación del trabajo con los procuradores regionales y la estrategia de atención al ciudadano ‘Procuraduría Móvil’ y la campaña #SerProcuradorEs con jóvenes internos y externos de la PGN.

Presentaron 91 informes para medir el impacto de la pandemia Covid-19 en los territorios e hicieron seguimiento a la totalidad de las sentencias de restitución de derechos territoriales (13 etnias; 18 comunidades; 1.059 órdenes en proceso de cumplimiento; 31 órdenes cerradas).

Promovieron s la gestión pacífica de diferentes conflictividades territoriales de las cuales hoy día el Ministerio Público es facilitador o garante, por lo que, impulsaron el proceso nacional de diálogo social en 6 Cumbres de Diálogo Social para promover la deslegitimación de la violencia como forma de tramitar los conflictos sociales y políticos y generar confianza entre opuestos y diversos.

También más de 450 participantes, 130 instituciones y organizaciones, provenientes de los sectores sociales, empresariales, políticos e institucionales; adelantaron la cumbre de Diálogo Social: Tejiendo Consensos para la Vida Digna y el Bienestar (2020) de la que salieron varias propuestas para la acción concreta; 368 actuaciones preventivas emblemáticas de las 84 Procuradurías Territoriales y 11 nuevos espacios de participación ciudadana creados por la PGN.

Los aportes ciudadanos fueron fundamentales para identificar riesgos de corrupción, riesgos de vulneración de derechos e ineficiencias administrativas. La confianza y el acceso a la información son claves en estos procesos, en este sentido la Procuraduría fortaleció la activación de los espacios de participación ciudadana con 58 espacios de participación ciudadana de los cuales 11 creados durante la Procuraduría Ciudadana.

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Durante los últimos cuatro años la entidad renovó la plataforma tecnológica a Microsoft 365; mejoró la conectividad, redes, infraestructura, servidores, seguridad y correo en la nube Adquirimos 2.146 equipos (computadores, impresoras, escáneres).

Diseñaron sistemas de información interoperables, expediente electrónico, mapa de georrenferenciación. Gestionaron información e inteligencia a través de un modelo integral de servicio al ciudadano, portal web con sede electrónica y caracterización de usuarios.

Implementaron nuevas estrategias de comunicaciones, laboratorio de innovación y metodologías de seguimiento a los Acuerdos de Paz. También construyeron una estrategia de promoción de la Ley de Transparencia y metodologías para conflicto de interés, rastreo a incremento patrimonial y contratación.

Crearon y utilizaron una herramienta analítica para seguimiento a la sentencia para la protección de la Bahía de Cartagena. Diseñaron, producimos e implementamos el Modelo Analítico de Restitución de Tierras (información sistematizada de etapas administrativa, judicial y posfallo) con la interfaz de seguimiento a las órdenes judiciales.

Implementaron el expediente digital – radicación (sede electrónica y correos electrónicos) y reparto automático de solicitudes de conciliación, así como también las audiencias de conciliación no presenciales con guías de ayuda y pilotos territoriales del modelo de gestión integral: restitución de tierras, sistema carcelario, líderes sociales, PAE, y salud: arquitectura Institucional de la PGN; metodología y capacitación de planeación y gestión basado en riesgos y primera etapa de liderazgo y gestión del cambio

Planeación y Gestión – MIPGN: gestión del talento humano, coordinación y articulación centro territorio, gestión del conocimiento y la innovación, participación ciudadana, cultura y liderazgo, coordinación interinstitucional y organización funcional y actualización de Manual de Funciones y Estudio de Cargas Laborales.

CREER EN LA DEMOCRACIA  Y EL ESTADO DE DERECHO 

En la conclusión de este período importante dentro de la historia de la Procuraduría General de la Nación, el saliente procurador Fernando Carrillo Flórez señaló, “demostramos que la confianza no se gana con palabras sino con hechos y actuamos con la constitución en la mano, el corazón al lado de las víctimas y con los pies en el territorio, siempre protegiendo a los más vulnerables. Logramos romper con el mito de que los colombianos no podemos seguir las reglas y que las leyes solo favorecen a unos pocos”.

Frente a lo anterior señaló, “así como actuamos duramente contra los responsables de hechos de corrupción, también lideramos el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, el acompañamiento a las víctimas, y la garantía y protección de derechos de todos los colombianos a lo largo y ancho del territorio nacional. La invitación es a continuar demostrando que sí es posible ejercer control al Estado, a construir sobre lo construido y a no perder de vista el valor innegociable del diálogo. Al final, una democracia sólo se construye con la voz de sus ciudadanos”.