Confirmada sanción de seis meses al senador Didier lobo

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POR:
NINOSKA
REYES URDANETA 

Por irregulares contractuales durante su gestión como alcalde del municipio La Jagua de Ibirico (2012-2015), el senador Didier Lobo Chinchilla, fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación con suspensión de seis meses para ejercer cargos públicos, sanción que fue dejada en firme por el ente de control a través de un nuevo fallo de fecha 14 de enero de 2021, en respuesta a un recurso de reposición interpuestos contra el fallo de única instancia proferido en marzo del 2020.

El Ministerio Público también mantuvo la inhabilidad por 10 años a la exsecretaria de Salud del municipio de La Jagua de lbirico, Cenith Mireya Echávez.

La acusación corresponde a sobrecostos de más de tres mil millones de pesos en paquetes nutricionales para la recuperación de niños desnutridos o en riesgo de malnutrición, y de madres lactantes y gestantes. La falta fue calificada como gravísima a título de culpa grave.

El Ministerio Público señaló que senador, quien para entonces era exalcalde de La Jagua de Ibirico, participó y aprobó la actividad contractual del Acuerdo No. 340 de 2012, celebrado con la “Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios”, que generó sobrecostos de $3.919’048.122.60.

Según los argumentos que expresa la Procuraduría, el senador no actuó con diligencia y vulneró los principios de economía y de responsabilidad que rigen la contratación estatal, toda vez que permitió un detrimento del presupuesto oficial destinado para la adquisición de los complementos nutricionales con costos superiores a los bienes entregados.

Por otra parte, el ente de control estableció que la exsecretaria de salud, Cenith Mireya Echávez, incurrió en una desatención elemental de sus funciones y permitió que se realizaran de forma irregular los estudios previos, que sirvieron para establecer el presupuesto oficial y adelantar la Licitación Pública 004 de 2012 y la posterior celebración del Contrato No. 340, con sobrecostos superiores a los $3.900 millones.

La investigada desconoció el principio de economía, ya que no actuó con austeridad, y vulneró el principio de responsabilidad por no realizar un análisis de mercado y costos que permitiera establecer los valores reales de los productos adquiridos.

 

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