Imputan responsabilidad fiscal a ocho directivos de Bioenergy

Ocho directivos de la compañía Bioenergy Zona Franca S.A.S., filial de Ecopetrol hoy en liquidación, tendrán que responder fiscalmente ante la Contraloría General de la República en cuantía de $31.261 millones por la pérdida de recursos Bioenergy S.A. (hoy Bioenergy S.A.S. en liquidación) y la misma empresa petrolera.

De acuerdo con la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción del organismo de control fiscal, la decisión se relaciona con la celebración del contrato de suministro de caña de azúcar ZF No. 0011-10 de noviembre de 2010, celebrado con la empresa Riopaila Castilla S.A.

El propósito del contrato era el suministro de 300 mil toneladas anuales, por 22 años, el cual iniciaría tres meses después de la puesta en marcha de la planta industrial para la producción de etanol El Alcaraván, situada en Puerto López (Meta).

La planta industrial inició sus operaciones el 14 de julio de 2017, lo que afectó el componente agrícola, porque no se pudo recibir la caña de azúcar contratada con Riopaila Castilla S.A.

Tal situación generó un daño patrimonial al Estado por la pérdida de los recursos públicos entregados al proveedor, por concepto de reconocimientos e indemnizaciones que se concedieron a través de la celebración de los otrosíes Nos. 1 y 2, en cuantía de $24.223, y la disposición de 114,498 toneladas de caña al suelo, recibidas entre el 15 de agosto de 2016 y el 31 de enero de 2017, que no fueron usadas en la producción de etanol.

La CGR imputó culpa grave al Gerente General de Bioenergy Zona Franca S.A.S. y a su Junta Directiva, para la época de los hechos, por la pérdida de los recursos públicos al no hacer efectivas las cláusulas de fuerza mayor y caso fortuito.

Además, advierte que los directivos suscribieron otrosíes que aumentaron el suministro de caña de 300 mil a 500 mil toneladas, “beneficiando en todo momento al proveedor por un producto que no entregó o no se utilizó para el fin contratado, conociendo de antemano, la demora en la entrada en operación de la planta El Alcaraván”.

De esta forma, el organismo de control imputó como responsables fiscales a Aleck Remberto Santamaría de la Cruz, gerente general de la compañía, y a los entonces integrantes principales y suplentes de la Junta Directiva: Juan Carlos Roa Márquez, María Elena Velásquez Restrepo, Juan Felipe Múnera Yepes, Alexander Cadena Motezuma, Henry Echeverri Campuzano, María Cristina Gloria Inés Cortés Arango y Claudia Castellanos Rodríguez.

De otro lado, al intervenir este jueves en el XV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional que se realiza en Pereira, el contralor general, Felipe Córdoba, aseguró que gracias a la acción preventiva del organismo se han reactivado 360 proyectos que estaban inconclusos.

El funcionario dijo que el objetivo de la Contraloría para este año es rescatar otros 700 proyectos inconclusos, tras explicar que “cerca de $50 billones se pierden anualmente en el país por hechos de corrupción”.

Córdoba señaló que la apuesta que hizo la Contraloría a la prevención está mostrando resultados, pues la acción preventiva ha permitido obtener rápidos resultados y la recuperación del recurso público, que ya no demanda tantos años como en el pasado.

En ese sentido, sostuvo que “solo en el manejo de recursos de regalías, la Contraloría ha detectado hallazgos fiscales por $1.3 billones, en la verificación de $7.1 billones del presupuesto del año pasado”.

También se ha dado impulso a la Ruta de Sol II, pues se lograron ahorros de más de $1.4 billones y adicionalmente se pudo salvar al Estado de cuantiosas demandas que venían muy adelantadas.

Concluyó el Contralor General que en medio de la pandemia, la CGR ha podido obtener beneficios con el control preventivo a la contratación realizada por esta emergencia.

 

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