Histórico juicio político a Trump  

Un año después del primer juicio político en su contra, el expresidente Donald Trump enfrentará desde mañana martes un segundo proceso en el Senado, cuyos miembros deben determinar si incitó un asalto al Capitolio que dejó cinco muertos el mes pasado.

Los 100 senadores también entrarán en territorio controvertido e inexplorado cuando juzguen a un presidente que ya no está en el cargo. Aunque sigue gravitando en su partido a pesar de haber dejado la Casa Blanca, Trump aparece hoy políticamente debilitado.

En el centro de los procedimientos   está el ataque del 6 de enero, cuando varios cientos de partidarios de Trump irrumpieron en el Congreso, se enfrentaron a la policía y trataron de detener la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.

El levantamiento, que según algunos legisladores demócratas fue un intento de golpe protagonizado por terroristas autóctonos, ha sido descrito como el mayor ataque a la democracia estadounidense desde la Guerra Civil de 1860.

La asonada dejó a los miembros del Congreso tan conmocionados y a la nación tan enfurecida que los demócratas comenzaron de inmediato el proceso de destitución contra Trump dos semanas antes del final de su mandato.

El 13 de enero, la Cámara de Representantes lo acusó de «incitación a la insurrección», convirtiendo a Trump en el primer presidente en ser sometido dos veces a un juicio político.

Sin embargo, no hay precedentes de una condena a un presidente por el Congreso, y es probable que esta no sea la excepción.

Uno de los principales objetivos de los demócratas que impulsaron el juicio político sería lograr que Trump ya no pueda ocupar un cargo electivo en el futuro.

Las cadenas estadounidenses cubrieron el ataque al Congreso en vivo y algunos videos que circularon por todo el mundo muestran a protagonistas de la asonada afirmar: Trump «quiere que estemos aquí», asaltando el Capitolio.

Los críticos del expresidente afirman que violó su juramento al incitar a sus partidarios a lanzar el ataque.

Trump y sus aliados argumentan que el juicio en sí es inconstitucional, porque el Senado puede condenar y destituir a un presidente en ejercicio, pero no a un ciudadano particular.

Ese enfoque permitiría a la defensa y a los senadores republicanos evitar tener que defender los ardientes tuits y diatribas de Trump en el período previo al ataque.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi insistió en que no condenar al expresidente dañaría a la democracia estadounidense.

«Veremos si este Senado es valiente o cobarde», dijo Pelosi a la prensa el jueves.

 UN «BARRIL DE PÓLVORA 

Condenar a Trump requeriría el voto de más de dos tercios de los senadores, lo que significa que 17 republicanos necesitarían romper filas y sumarse a los 50 demócratas, algo poco probable en este momento.

Pero Trump tiene mucho que perder en el juicio.

Aunque conserva una sólida base de apoyo, los disturbios han erosionado su popularidad, lo que no es bueno para un hombre de 74 años que pretende postularse en las elecciones presidenciales de 2024.

Los legisladores demócratas acusan a Trump de «fabricar un barril de pólvora, encender una cerilla y luego buscar sacar una ventaja personal del caos resultante».

También señalaron su intención de traer a colación las numerosas declaraciones públicas incendiarias del propio Trump, incluido su discurso del 6 de enero previo a los disturbios pronunciado ante una multitud de seguidores cerca de la Casa Blanca instándolos a «demostrar su fuerza» y «luchar como el infierno».

¿SERÁ INCULPADO? 

Aunque es improbable que sea declarado culpable de alentar una insurrección, los problemas legales de Donald Trump no desaparecerán tras su juicio en el Senado: el expresidente estadounidense podría ser próximamente inculpado ante la justicia penal, y enfrenta también múltiples demandas civiles.

El exmagnate inmobiliario neoyorquino, instalado en su lujosa residencia de Florida, es blanco de numerosas demandas civiles desde hace tiempo, y tiene un ejército de abogados listos para defenderlo o atacar a sus adversarios.

Devenido simple ciudadano, arriesga al menos una inculpación penal, liderada por el fiscal demócrata de Manhattan, Cyrus Vance, que desde hace meses batalla para obtener sus declaraciones fiscales y bancarias.

EL DOSSIER 

Según la prensa estadounidense, los investigadores de Vance recientemente interrogaron a empleados de su compañía de seguros, Aon, y del Deutsche Bank, sostén financiero de Trump y su holding, la Organización Trump.

También volvieron a interrogar al exabogado de Trump, Michael Cohen, en prisión tras admitir que compró el silencio de dos presuntas amantes del expresidente.

Cohen dijo en una audiencia en el Congreso que Trump y su empresa inflaban o reducían artificialmente el valor de sus activos para obtener préstamos bancarios o reducir sus impuestos.

La fiscal demócrata del estado de Nueva York, Letitia James, investiga también estas acusaciones. Enfrentó ya con éxito a los abogados de la Organización Trump para poder interrogar a un hijo de Trump, Eric, y obtener documentos sobre algunas propiedades familiares.

Su investigación es civil, pero «si descubrimos hechos criminales, cambiará de naturaleza», dijo James recientemente.