Líderes sociales en colombia están desprotegidos: Human Rights Watch

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La reacción del Gobierno colombiano ha sido lenta y deficiente para prevenir los asesinatos de líderes sociales, sostiene un informe presentado en Washington por la ONG Human Rights Watch.

En el informe de 136 páginas, llamado “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia”, la ONG documenta casos ocurridos en el país en los últimos cinco años, y critica la respuesta gubernamental para prevenir estos crímenes.

Según la organización, que recoge datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde 2016.

 “En los últimos años, Colombia ha tenido el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina; mientras tanto, la respuesta del gobierno ha estado más enfocada en elaborar discursos y anuncios que en adoptar medidas que tengan impacto en los territorios”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno del Presidente Iván Duque condena frecuentemente estos homicidios, pero la mayoría de los programas gubernamentales para prevenir estos asesinatos apenas funcionan o tienen graves deficiencias”.

De acuerdo con Human Rights Watch, los asesinatos de defensores de derechos humanos han aumentado desde la desmovilización de las FARC, en buena parte porque han surgido otros grupos que han llenado el vacío dejado por esa organización y actualmente se disputan el control de los territorios y desarrollan actividades ilegales y cometen ataques contra civiles.

Eso ha ocurrido, según la ONG, por la incapacidad de las autoridades para ejercer un control efectivo y establecer una presencia estatal civil significativa en muchas zonas anteriormente ocupadas por las FARC.

“El gobierno ha desplegado militares en muchas zonas del país, pero no ha logrado fortalecer el sistema de justicia, mejorar la protección de la población ni asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos”, asevera el informe.

El informe reconoce los esfuerzos que ha hecho la Fiscalía en la investigación de los crímenes. En total, afirma, ha logrado 59 condenas por asesinatos de defensores derechos humanos cometidos desde 2016.

BOGOTÁ (Colprensa)

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