La otra pandemia

Con un admirable esfuerzo, Colombia, dentro de un año, estará dejando atrás la debacle del covid-19. Pero el precio para el país, y para el mundo, habrá sido gigantesco. En nuestro caso, docenas de miles de vidas cercenadas prematuramente, cientos de miles de empleos perdidos, sueños truncados y familias y negocios devastados. Pero esta tragedia no se compara con el insufrible costo que nos espera, ya no por un año, sino por décadas, si no enfrentamos con decisión y derrotamos el narcotráfico, cuya hoguera alimentan el ELN, las “disidencias” de las Farc, y otras bandas criminales.

Bien acierta el nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, cuando afirma que “la mayor amenaza que tiene hoy Colombia es el narcotráfico”. Y es que no es solo nuestra seguridad como nación y nuestra institucionalidad democrática la que está amenazada, sino que el sostenimiento de esta lucha pesa sobre nuestra economía y nuestra precaria situación fiscal. Esto no cambió en nada después del proceso de paz. Es más, si algo podemos concluir es que la batalla que creíamos estar librando por décadas contra ejércitos irregulares, ya sean de las guerrillas, o los paras, o las Bacrim, era en verdad una guerra contra el narcotráfico, que se expresaba a través de esos actores.

¿Con que fondos adquieren armas y municiones estos grupos? ¿Cómo pagan y sostienen sus filas? ¿Por qué matan o desplazan a líderes sociales y a cualquiera que se interponga en su camino? ¿Porque envenenan nuestras cuencas con químicos y deforestan nuestros bosques para sembrar coca? La respuesta es la misma…el narcotráfico. Es por esto por lo que Colombia no ha visto un dividendo de la Paz pactada con solo uno de los actores. Si algo ocurrió es que el crecimiento de cultivos ilícitos se disparó durante esa negociación, con lo que el caldo de cultivo se multiplicó, impactando así el costo de contrarrestarlo.

Desde 2011 nuestros gastos en defensa no han estado por debajo de 3,0% del PIB del país, la mayor proporción de cualquier país de América Latina, y muy por encima del promedio de la poderosa Otan. Al contrario, el año pasado llegaron a pesar 3,8% del PIB, sumando $38,5 billones. Aparte del costo fiscal, tendríamos que sumar el costo en vidas, el costo ambiental, el costo de arrastrar a regiones enteras como el Catatumbo a un conflicto donde no florece la economía ni el bienestar. La inversión y el empleo sostenible que no aparece…solo el vació y corto futuro como raspachines o guardianes de infernales cocinas y laboratorios.

Frente a este panorama, no falta el ingenuo que insiste en la legalización de la producción y comercialización de todas las drogas, cuando en el mundo occidental ningún país ha pasado de la más leve de todas…el cannabis. Y no es precisamente esa planta la que sirve de combustible a la hoguera de nuestro actual conflicto. Además, así las legalicemos aquí, no van a ser legalizadas ni en Europa ni Norteamérica, por lo que su envío y distribución seguiría siendo un negocio criminal.

Aceptemos entonces que no tenemos otra salida que redoblar esfuerzos para combatir el narcotráfico y llevarlo a su mínima expresión, o forzarlo a desplazarse del todo a países con regímenes cómplices, como el de Venezuela. Esto no quiere decir que tengamos que estar solos, como no lo hemos estado desde el Plan Colombia. Estados Unidos ha tenido claridad sobre la relación entre narcotráfico y violencia. Nosotros en cambio, creímos que había componentes políticos y/o ideológicos, y por lo tanto era posible su solución con un acuerdo. ¡Es hora de que maduremos!