En Buenaventura no se ha ejecutado una sola obra PDET: Congresistas

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En la mañana de este jueves los congresistas de la oposición e independientes del Congreso de la República publicaron las cifras de la implementación del Acuerdo de Paz con corte a diciembre de 2020. Según indican, este seguimiento se hizo a través de 22 visitas a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza, los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR). Algunas de estas fueron de manera virtual a causa de la pandemia.

“En materia de financiación y proyectos, preocupa que en la subregión del Pacífico Medio, compuesta por los municipios de Buenaventura, López de Micay, Guapi y Timbiquí, el Gobierno no ha empezado a ejecutar ni una sola obra PDET y no ha aprobado ni un solo proyecto OCAD Paz. Además, el 68% de los recursos del OCAD Paz, se están destinando a municipios que no están priorizados (municipios no PDET) y de los que se destinan a PDET, cerca de la mitad se concentra en solo 4 subregiones: Sierra Nevada- Perijá, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño. Catatumbo y Macarena- Guaviare”, aseguran los legisladores.

Además, llaman la atención de que, en materia de seguridad, preocupa el aumento de homicidios en 3 subregiones PDET: Alto Patía y Norte del Cauca, por el recrudecimiento de la guerra en Argelia (76,4%) y El Tambo (68,3%); en Macarena- Guaviare, el aumento de homicidios fue de 362% en La Uribe, 105% en Mesetas, y 69% en La Macarena “por la presencia de disidencias; y en el Sur de Bolívar, por la disputa entre las Autodefensas Gaitanistas y el ELN”.

Así mismo, indican que de los 173 líderes asesinados en 2020 según la Defensoría del Pueblo, el 58,4% se concentra en 5 departamentos: Cauca (24,9%), Antioquia (11,6%), Putumayo (7,5%), Norte de Santander (7,5%) y Chocó (6,9%). “El 61,3% se concentra en los municipios PDET (106 homicidios), preocupando especialmente la situación de Tarazá (Antioquia) y Puerto Guzmán (Putumayo) con 7 homicidios cada uno, y de Algeciras (Huila) y El Tambo (Cauca) con 6 homicidios cada uno”, sostiene el documento.

En materia de reincorporación, dicen, “el 63,9% de los excombatientes no se encontraban vinculados a un proyecto productivo desembolsado por el Gobierno y, desde el inicio del proceso de dejación de armas, hasta diciembre de 2020, 248 excombatientes han sido asesinados”.

Según indican, frente a los efectos del Covid-19 en los territorios más afectados por la guerra y la pobreza, “se encontró que mientras que a nivel nacional, entre el 2019 y el 2020, se redujo el número de empresas creadas en un 6,7%, en los municipios PDET esta reducción fue del 49,8%”.

El informe está firmado por los congresistas: Juanita Goebertus, de la Alianza Verde; Ángela María Robledo, Estatuto de la Oposición; Angélica Lozano, de Alianza Verde; John Jairo Hoyos, del Partido de La U; José Daniel López, de Cambio Radical; Temístocles Ortega, de Cambio Radical; Iván Cepeda Castro, del Polo Democrático.

Además firman Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal; Wilmer Leal, de la Alianza Verde; Antonio Sanguino, de la Alianza Verde; John Jairo Cárdenas, del Partido de La U; Carlos Ardila, del Partido Liberal; Guillermo García Realpe, del Partido Liberal; y Roy Barreras, La fuerza de la paz.

BOGOTÁ (Colprensa)

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