América Latina, vacunación a cuentagotas

Desde febrero de 2020, cuando el primer caso de la COVID-19 fue detectado, era de esperarse que América Latina se convirtiera en una de las mayores víctimas del coronavirus. Mucho se reportó sobre el colapso hospitalario, fruto de la fragilidad de los sistemas de salud, su fragmentación y la baja inversión histórica en salud pública. Hoy, América Latina tiene más de 600.000 muertes por COVID-19 y un cuarto de los decesos globales. Y, a pesar de eso, cuenta con menos del 3 por ciento de las vacunas administradas a nivel global. Las autoridades latinoamericanas tienen mucho que hacer para preparar y ejecutar políticas de vacunación. Si lo hacen bien, podrían controlar la pandemia y establecer un nuevo estándar hacia el principio de priorización ética y una política eficiente de lucha contra la desigualdad. Si lo hacen mal, el virus seguirá campeando.

Para empezar, una distribución económica más justa en la región ayudaría a superar estas vulnerabilidades y conseguir una mejor posición en las discusiones mundiales sobre la pandemia. Dos de los causantes subyacentes de la mortandad son la desigualdad económica estructural (América Latina es la región más desigual del planeta) y la falta de coordinación regional. Se ha hablado muy poco de ellos en comparación con la atención recibida por presidentes que todavía hoy no promueven el uso del cubrebocas. Pero si estos factores no se atienden pueden comprometer el éxito del proceso de inmunización. La aparición de nuevas variantes de coronavirus, que se contagian de manera más agresiva, complica aún más la carrera para alcanzar la inmunidad. Las grandes disparidades sociales de la región generan factores de riesgo a la salud y han contribuido a la proliferación del virus haciendo más difíciles las medidas de aislamiento e higiene.

Un estudio de la Universidad de Oxford, que analizó la disponibilidad de pruebas para la COVID-19 en Brasil a lo largo de varios meses, encontró que el predictor más fuerte para su obtención ha sido el ingreso. Esto se acentuó a medida que había más pruebas disponibles. Las vacunas contra el coronavirus aportan el beneficio directo de la protección individual, pero solo cuando este se expande de forma organizada en la sociedad se pueden maximizar los beneficios indirectos de la vacunación: reducir el riesgo de infección para los no vacunados, permitir la reapertura de las escuelas, aliviar los sistemas de salud sobrecargados y hacer crecer la economía. Y para obtener estos beneficios indirectos, los gobiernos nacionales y subnacionales deben dar prioridad a las poblaciones más vulnerables. En el caso de Europa y Estados Unidos, estas son claramente las personas mayores y con precondiciones de salud. Pero en América Latina, los más vulnerables a la COVID-19 son también los más pobres, quienes, junto a los profesionales de salud, son los más expuestos al virus y deberían tener prioridad en la vacunación.

Además de la edad de las víctimas, incluir la dimensión socioeconómica y el nivel de exposición es fundamental para que la región pueda empezar a controlar la pandemia. La escasez de vacunas en la región es también una expresión de la desigualdad y esto ha hecho que el cronograma de vacunación en Latinoamérica esté avanzando más lentamente que en otras regiones. Mientras México, el tercer país en muertes en el mundo, cuenta con poco más de 700.000 dosis, el Reino Unido, quinto país en muertes, dispone de más de 15 millones. Al día de hoy, en la región, solo Costa Rica, Brasil y Chile alcanzan el promedio de al menos una vacuna administrada por cada 100 habitantes. Pocos son los países que tienen la capacidad de desarrollar su propia vacuna y la capacidad logística para distribuirla eficazmente. B Desde febrero de 2020, cuando el primer caso de la COVID-19 fue detectado, era de esperarse que América Latina se convirtiera en una de las mayores víctimas del coronavirus.

Mucho se reportó sobre el colapso hospitalario, fruto de la fragilidad de los sistemas de salud, su fragmentación y la baja inversión histórica en salud pública. Hoy, América Latina tiene más de 600.000 muertes por COVID-19 y un cuarto de los decesos globales. Y, a pesar de eso, cuenta con menos del 3 por ciento de las vacunas administradas a nivel global. Las autoridades latinoamericanas tienen mucho que hacer para preparar y ejecutar políticas de vacunación. Si lo hacen bien, podrían controlar la pandemia y establecer un nuevo estándar hacia el principio de priorización ética y una política eficiente de lucha contra la desigualdad. Si lo hacen mal, el virus seguirá campeando. Para empezar, una distribución económica más justa en la región ayudaría a superar estas vulnerabilidades y conseguir una mejor posición en las discusiones mundiales sobre la pandemia.

Para controlar la pandemia, la región tiene que enfrentarse a las desigualdades. Solo si lo hacen trabajando juntos más de cerca, los países de América Latina reforzarán sus defensas contra las futuras variantes del coronavirus y nuevas epidemias en el futuro.

* Internacionalista*