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Desde 1999 más de 7 mil procesos de reclutamiento de menores ha abierto el ICBF

La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, en compañía de la consejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia, Carolina Salgado, y la Consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, interpusieron este lunes ante la Fiscalía y la JEP tres denuncias colectivas contra grupos armados ilegales por el delito de reclutamiento forzado, recurrente y sistemático de niños, niñas y adolescentes en el país.

Según Arbeláez, estas denuncias son producto del programa de restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas del reclutamiento por grupos al margen de la ley, programa que adelanta la entidad desde 1999 y que ha logrado abrir más de 6.931 procesos administrativos para el restablecimiento de derechos de menores víctimas de este delito.

“Desde 1999 hemos abierto más de 6.931 procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Estos son expedientes de niños y niñas colombianos que han visto truncado su futuro, sus proyectos de vida y sus sueños, a quienes se les ha macerado su inocencia y la posibilidad de construir un futuro digno”, indicó la directora del ICBF.

En el marco de esa denuncia, el ICBF le entregó a la Fiscalía General un primer documento con al menos 465 expedientes de niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado por parte del ELN y los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), que se desvincularon de estos dos grupos entre el 25 de noviembre de 2016 y el 31 de enero de 2021.

Con esta primera denuncia, el Instituto pidió a la Fiscalía investigar y juzgar a los responsables por los delitos de lesiones personales, tortura y violencia sexual contra persona protegida, en conjunto con otros delitos.

En un segundo documento, el ICBF entregó información que le ayudará a la Fiscalía a esclarecer la investigación en los más de 1.288 casos denunciados de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del ELN desde 1999 hasta la fecha.

Una última denuncia se interpondrá contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La denuncia contiene material probatorio para nutrir los expedientes del caso 007 sobre reclutamiento y utilización de menores en el conflicto armado, abierto el primero de marzo de 2019 por la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la JEP.

Según la directora del ICBF, los documentos entregados este lunes tienen como objetivo avanzar en la visibilización del delito del reclutamiento, que atenta no solo contra la individualidad de los menores, sino contra toda la sociedad colombiana.

Además, agregó que los expedientes buscan contribuir a que haya sanciones ejemplarizantes contra quienes han cometido este delito, que ha sido aceptado y oficializado por parte de los cabecillas de los grupos al margen de la ley.

“Hoy le estamos entregando a la Fiscalía General de la Nación testimonios e información clave para que se investiguen estos hechos y se establezca la responsabilidad penal de los miembros de estas organizaciones que reclutaron de manera recurrente, sistemática y oficializada a cientos de niños, se los llevaron y los involucraron en un mundo que vulnera todos sus derechos”, indicó Arbeláez.

Por su parte, Carolina Salgado, consejera presidencial para la Niñez, indicó que “este es un trabajo para restablecer los derechos de verdad, de justicia y de reparación que han sido arrebatados a nuestros niños, niñas y adolescentes”.

Tras recibir los informes, Marta Janeth Mancera, vicefiscal general de la Nación, indicó que estas investigaciones no son nuevas para la Fiscalía, pues ya han atribuido 258 hechos de reclutamiento forzado a los cuatro integrantes del Comando Central del ELN:  Alias Pablito, Alias Gabino, Alias Antonio García y Alias Pablo Beltrán.

Además, aseguró que desde 2016 han identificado 100 casos de reclutamientos por parte de las disidencias de las Farc y 316 hechos atribuidos a quienes dejaron el proceso de paz, que ya enfrentan una orden de captura por el delito de reclutamiento ilícito.

En 2020, según Mancera, se formularon imputaciones por 708 casos de reclutamiento a miembros de grupos como los Caparros, el Clan del Golfo y los Pelusos.

Con esta información se generará una nueva ruta para analizar los contextos en que ocurrieron los hechos, escuchar a los niños y niñas víctimas y lograr atribuir la responsabilidad por los delitos contra menores de edad.

Además, se expedirá un cartel de sindicados de reclutamiento con el fin de identificar y capturar a los responsables de este delito contra los menores en el país./Colprensa

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