Con nuevos implicados se empieza a mover el caso Odebrecht en la Fiscalía

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Así como Roberto Prieto, quien fue gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos y que fue condenado a cinco años, misma cantidad de tiempo al que fue sentenciado el exsenador Otto Nicolás Bula, mientras que el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo purga 11 años. 

Un nuevo giro tomó la investigación por el caso Odebrecht en Colombia, tras casi un año en el que el proceso estuvo moviéndose únicamente con el juicio del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, y ratificando condenas en contra de la cúpula de empresarios que estuvieron inmersos en esas irregularidades.

En el expediente, que se surte desde hace un poco más de cuatro años se han emitido alrededor de siete condenas en contra de los contratistas Federico Gaviria Velásquez, Gabriel Dumar Lora, Gustavo Adolfo Torres y Eduardo José Zambrano, que están entre los dos y cuatro años de prisión.

Así como Roberto Prieto, quien fue gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos y que fue condenado a cinco años, misma cantidad de tiempo al que fue sentenciado el exsenador Otto Nicolás Bula, mientras que el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo purga 11 años.

El nuevo panorama se cierne en este momento, con base en tres frentes distintos de investigación, luego de que el fiscal general, Francisco Barbosa, en marzo pasado creó el Grupo de Tareas Especiales, con la misión de unificar 14 líneas investigativas que estaban dispersas en diferentes despachos.

La iniciativa de Barbosa era darle un panorama integral, que finalmente, culminó con la conformación de un equipo de 15 fiscales, apoyado por un componente de policía judicial (CTI) y una unidad de analistas. Si bien, la directriz la dio el fiscal general, esta estuvo apoyada por Gabriel Jaimes, quien además de tener el caso del exsenador Álvaro Uribe en su despacho, es el coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

LOS PROCESOS 

La unificación de los procesos tardó un poco más de tres meses por la cantidad de expedientes voluminosos y de alta complejidad, como el relacionado con el interconector Tunjuelo-Canoas, en el que por cada investigado hay de 20 a 1.066 pruebas y una cantidad variada de testigos.

Actualmente, son verificadas cada una de las diligencias adelantadas por la Fiscalía en los últimos años, se revisa que estén vinculadas todas las personas que podrían tener relación con los hechos ilícitos, y se analiza si los delitos imputados correspondían a la realidad que refleja las pruebas o si por el contrario hubo circunstancias que se dejaron de investigar.

LOS LLAMADOS A IMPUTACIÓN 

Llama la atención que las líneas de investigación no solo trajo a colación nombres nuevos en el expediente sino que Prieto, Zambrano y Andrade vuelven a estar ante los estrados judiciales.

Por ejemplo, del exdirector de la ANI, la Fiscalía solicitó que se anulará la decisión del juez 36 penal de conocimiento de Bogotá emitida finalizando 2020, en la que declaró la nulidad de una segunda imputación hecha meses atrás.

En este caso, el ente acusador señaló que “subsanó las anomalías advertidas” e imputará a Andrade Moreno los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La diligencia está programada para el próximo 1 de marzo.

Según reposan en las investigaciones, el exfuncionario habría actuado irregularmente con el fin de suscribir el otrosí 02 y el otrosí 05 de 2015, que permitió a Yuma Concesionaria S.A., subcontratar con Consultores Unidos la elaboración de los estudios y diseños del segundo puente vehicular entre Plato y Zambrano (Magdalena) en el proyecto Ruta del Sol III.

Por otro lado, por mediar de manera ilegal en estas adiciones, Roberto Prieto Uribe recibió alrededor de 900 millones de pesos. Por estos hechos, el entonces jefe de la campaña presidencial de Santos, aceptó su responsabilidad y fue condenado a cinco años.

No obstante, con la nueva línea de indagación no solo se llamó nuevamente ante los estrados judiciales a Prieto por lavado de activos sino a Eduardo José Zambrano, ya condenado, y tres personas más.

Se trata de Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo, representante de Megaland; Gilberto Ramírez Varela, de la empresa Buisiness M&E; y Natalia Isaza Vásquez.

En este caso, el Grupo de tareas Especiales encontró que no se tuvieron en cuenta otros delitos, ni fueron vinculadas más personas que conocían y tendrían relación con las maniobras usadas para que Prieto Uribe recibiera los dineros por las gestiones indebidas que realizó para la firma de la adición 05 al contrato Ruta del Sol III.

En una de las líneas de investigación, la Fiscalía también encontró méritos para imputar los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares a Andrés Sanmiguel Castaño y su esposa Edna Karina Méndez Trujillo, representante legal de la empresa Gistic Soluciones Integrales S.A.S., y a David Fernando Portilla Colunge, Esteban Moreno Pérez y Ricardo Rey Pulido.

Respecto del expediente que vincula el Interconector Tunjuelo-Canoas, la Fiscalía data que en diciembre de 2009, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), suscribió con el Consorcio Canoas, del que hacía parte Odebrecht, un contrato por más de 243.000 millones de pesos para el diseño, construcción y puesta en operación de un túnel que canalizaría las aguas negras desde el río Tunjuelito hasta la planta de tratamiento Canoas, proyecto priorizado en el plan de descontaminación del Río Bogotá.

Por irregularidades detectadas en las fases previas y de ejecución del contrato son procesadas diferentes personas, entre ellas el exalcalde Samuel Moreno Rojas, el constructor Carlos Alberto Solarte Solarte, subcontratistas e interventores, quienes ya fueron condenados por tales hechos.

No obstante, en el marco del nuevo proceso de investigación, la Fiscalía imputará al exdirector operativo de la Red Troncal de Alcantarillados de la Gerencia Corporativa del Sistema Maestro de la EAAB, Carlos Alberto Acero Arango, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros. /Colprensa 

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