Las cuentas que aún tiene pendiente el exsenador Uribe con la justicia

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Este viernes, la Fiscalía General destapó su intención de precluir la investigación contra el exsenador Álvaro Uribe, por presunta manipulación de testigos. Los argumentos del caso, que los lideró el fiscal delegado Gabriel Jaimes, serán conocidos por un juez de conocimiento, quien tiene la responsabilidad de verificar si acoge o no la solicitud del ente acusador.

Uribe Vélez se encuentra ante los estrados judiciales luego de que en julio de 2018, la Corte Suprema de Justicia decidiera abrir una investigación en su contra, porque al parecer, en compañía de uno de sus abogados, Diego Cadena, habrían presionado a exparamilitares ya condenados y recluidos en varias cárceles del país, para entregar un concepto favorable del exsenador.

El exjefe de Estado, desde que era gobernador de Antioquia, ha sido objeto de señalamientos sobre supuestos nexos con paramilitares. Incluso, él y su hermano Santiago Uribe han sido señalados de participar en la creación del Bloque Metro, estructura al margen de la ley que delinquió en Antioquia.

Son más de cinco los procesos que están en etapa preliminar, entre los que se encuentra la muerte del líder defensor Jesús María Valle, ocurrida el 27 de febrero de 1998, luego de que el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias para que se investigara a Uribe Vélez cuando fungió como gobernador de Antioquia.

Lo que dice la providencia es que en más de una ocasión Valle denunció la presencia de grupos paramilitares en la región antioqueña, sin tener resultado alguno. Incluso, previo a su muerte habría escrito un documento en donde le solicitaba al procurador de turno y a Uribe, protección para la zona rural, pero por el contrario se retiró a los policías de inspección que brindaban seguridad.

Otro proceso que se mueve en la Corte contra el expresidente de la República tiene que ver con las masacres de ‘El Aro’ y ‘la Granja’, también ocurridas en Antioquia. Estos hechos se registraron mientras Uribe Vélez ofició como gobernador del departamento.

Estos casos tienen relación con el homicidio de  Valle, quien además de llamar la atención sobre la presencia de paramilitares, reportó que las personas oriundas de la región antioqueña corrían peligro por cuenta de las actividades ilegales que hacían en la zona. Además, denunció que dichas masacres se habrían adelantado entre el Ejército y las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La providencia por la que compulsaron copias en contra de Uribe, fue porque a Valle lo habrían asesinado Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, exjefes de las AUC, por orden de “la gobernación de Antioquia”, supuestamente porque “se estaba metiendo mucho con el Ejército”.

Las declaraciones que reposan en el documento señalan que el día de las masacres uniformados del Ejército y de las AUC se encontraban juntos. Eso llamó la atención de Valle y empezó a argumentar que podría existir una presunta omisión por parte de las autoridades locales sobre tales sucesos.

Otro de los procesos en contra de Uribe relaciona al hacker Andrés Sepúlveda, quien fue condenado a 10 años de prisión por interceptar ilegalmente las conversaciones que adelantó el Gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc, cuando los diálogos se registraron en La Habana, Cuba.

Sepúlveda, en el marco de su proceso judicial, señaló que parte de esas interceptaciones habían sido recibidas por el senador Uribe, el entonces candidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga y uno de sus hijos.

Por estas afirmaciones, la Corte abrió una investigación preliminar en contra del expresidente. El expediente estaba en el despacho del magistrado José Luis Barceló, quien culminó su periodo durante 2019. Sin embargo, la investigación pasó a manos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

El caso se volvió a mover en diciembre del año pasado, por cuenta de la magistrada Cristina Lombana, quien en su momento realizó inspecciones judiciales en el Batallón de Inteligencia en Facatativá, Cundinamarca, pero la jurista fue apartada de las investigaciones que reposan en contra de Uribe por su indirecta relación mientras fungió como miembro de la fuerza pública en su mandato.

Uribe en su momento rindió versión libre sobre este proceso. Sumado a eso, el expediente más reciente que tiene en su contra es por la denominada ‘Ñeñepolítica’. Esta indagación la abrieron por las denuncias que presentó el periodista Gonzalo Guillén en su contra, luego de que se conociera el escándalo sobre que el presidente Iván Duque habría recibido dineros ilícitos.

El caso vincula al señalado y fallecido narcotraficante José ‘Ñeñe’ Hernández, de quien se ha dicho que compró votos en algunos lugares del país para favorecer en la llegada de Duque al Palacio de Nariño.

Otro de los procesos que está en etapa preliminar es la indagación por los denominados perfilamientos que se conocieron durante los últimos meses. Este proceso se abrió por cuenta de un anónimo que llegó al despacho de la magistrada Lombana en diciembre pasado, en donde mencionaban que Uribe tendría responsabilidad directa en tales hechos.

URIBE Y LOS PROCESOS INDIRECTOS

Uribe también tuvo relación con el llamado caso de las ‘chuzadas’. Durante su mandato se comprobó que el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue el protagonista de perseguir a líderes de oposición, magistrados, periodistas y funcionarios del Estado.

Por estos hechos fueron capturados y condenados María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS; Jorge Lagos, exsubdirector de Contrainteligencia; Fernando Tabares, exdirector general de Inteligencia del DAS; Bernardo Moreno, entonces secretario General de la Presidencia; y José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS.

En el más reciente fallo conocido por tales hechos, el Consejo de Estado condenó a la extinta entidad y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), por los seguimientos ilegales hechos en contra del exmagistrado auxiliar Iván Velásquez.

El fallo de segunda instancia reveló que es claro que el DAS, en el marco de las labores de inteligencia que desplegaron contra el exmagistrado, mediante la filtración en su esquema de seguridad, fueron organizadas y dirigidas por la directora y subdirectores de inteligencia y operaciones de la extinta entidad, quienes utilizaron recursos y avalaron procedimientos de la agente encargada de su ejecución y recibieron los reportes de la información obtenida para luego remitirlos a la Presidencia de la República.

Respecto de la responsabilidad del DAPRE, el fallo dio cuenta que las operaciones de inteligencia realizadas por el DAS fueron promovidas por el director de este departamento, teniendo en cuenta que era el destinatario de la información de inteligencia a sabiendas que la misma se obtenía a través de procedimientos legales.

En ninguno de estos procesos, sin embargo, fue directamenente investigado el exsenador, debido al fuero que tiene, que le permite ser procesado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Otro proceso político que salpicó al senador fue la denominada ‘Yidispolítica’, este escándalo salió a la luz en abril de 2008 luego de que la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina, admitiera haber recibido ofrecimientos de dádivas de parte de funcionarios del Gobierno a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitió que Uribe aspirara a un segundo mandato.

Las acusaciones llegaron hasta la Corte Suprema y el alto tribunal pudo determinar que efectivamente Medina había vendido su voto, por lo que purgó tres años de detención domiciliaria. En ese entonces, como en otras ocasiones, la sentencia generó fuertes críticas por parte del senador Uribe.

Por estos hechos investigaron a Diego Palacio, exministro de la Protección Social; y a Sabas Pretelt de la Vega, quien fue ministro del Interior y de Justicia durante la aprobación del acto legislativo que permitió la reelección del senador. Uribe tampoco fue objeto de investigación.

BOGOTÁ (Colprensa).

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