Día clave en el futuro jurídico del exmagistrado Ricaurte, por Cartel de la Toga

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Este martes es un día clave para el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte quien está ante los estrados judiciales por el denominado ‘Cartel de la Toga’, entramado de corrupción que se suscitó en el interior de la justicia colombiana favoreciendo a aforados a cambio de cuantiosas sumas de dinero.

Será el Juez 10 Penal de Conocimiento quien defina la suerte jurídica del exmagistrado que, según la Fiscalía, hizo parte de una estructura criminal de la que también participaron el abogado Leonardo Luis Pinilla, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, y los también exmagistrados Gustavo Malo, Leonidas Bustos y Camilo Tarquino.

Ricaurte fue capturado en 2017 por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente

Lo que ha dicho la Fiscalía es que, entre 2013 y 2016, junto con el también exmagistrado Leonidas Bustos, “promovieron y dirigieron una organización criminal” a la que integraron a Luis Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla y el exmagistrado de la Sala Penal Gustavo Enrique Malo Fernández, para direccionar procesos penales a cambio de dinero”.

Lo primero que quedó claro en la investigación es que Ricaurte y Bustos conseguían los clientes, dirigentes políticos investigados, para “manejar los casos” con diferentes estrategias: consecución de información privilegiada, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos y hasta alterar evidencias.

Para la Fiscalía, de esa alianza criminal se derivaron varios actos de corrupción que relacionan al exsenador Álvaro Ashton, Musa Besaile, Juan Carlos Abadía, Alejandro Lyons y Julio Manzur.

En el caso de Ashton, la Fiscalía dijo que se medió en la investigación que se le adelanta en la Corte Suprema desde 2012, por presuntos nexos con el frente José Pablo Díaz, de las Autodefensas, en el cual tenía de abogado a Luis Ignacio Lyons y que tuvo desde 2013 como ponente a Gustavo Malo. Tal y como se dijo en la imputación de cargos, para evitar una orden de captura y archivar la investigación habrían pedido 1200 millones de pesos.

Pero como esto no se logró, “optaron por promover la salida del magistrado auxiliar que había propuesto apertura de instrucción, manipular evidencia y dilatar la investigación previa con miras a la prescripción y evitar así una eventual apertura formal”, relató el fiscal del caso, en ese momento. También resaltó que Ricaurte le dijo a Moreno cómo acordar el cobro y que el exmagistrado se quedó con 400 millones de pesos.

En el caso de Besaile, la Fiscalía señaló que a finales de 2014 Ricaurte le ordenó a Moreno comunicarse con este y acordar el pago de 2000 millones de pesos, de los cuales habría recibido una parte el exmagistrado Malo, para evitar la captura de un procesado por parapolítica.

Sobre el exgobernador Juan Carlos Abadía, el fiscal dice que Ricaurte y el fiscal Noveno Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Bettin Sierra, “acordaron orientar las investigaciones hacia posibles decisiones de archivo, dos de las cuales se alcanzaron a expedir y, por otro, evitar hacer imputaciones en contra del investigado”.

En el caso del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, la Fiscalía indicó que en octubre de 2014 este contactó al exmagistrado Camilo Tarquino para que lo ayudara a que “las altas cortes y la Fiscalía tuviesen claros los hechos que habían ocurrido en un tema de regalías”, para lo cual entregó 30 millones de pesos. No obstante, Tarquino le pide 20.000 millones y le informa que hay “un equipo” de magistrados dedicados a este tipo de soluciones.

Por otro lado, el fiscal destacó en el caso de Julio Manzur que en diciembre de 2014, un mes antes de ser capturado por ‘parapolítica’, Moreno le entregó a través de un familiar información privilegiada, asegurando que era inminente su detención y le ofreció sus servicios de abogado por 2000 millones de pesos, oferta que fue rechazada.

Y en el caso del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), la Fiscalía dice que entre 2014 y 2015, el exmagistrado Malo tenía en su equipo a Carlos Bula Dumar, cuyo hermano Alfredo Ramón Bula fue nombrado en esa entidad en abril de 2015, por supuesta intervención de Ricaurte.

“Hay evidencia que permite inferir razonablemente que en algunos de los casos relacionados con esta organización criminal, Fonade fue utilizada para hacer favores burocráticos y comercializar puestos, en beneficios de algunos de los concertados y con la finalidad del logro de los propósitos criminales”, indicó el fiscal en medio de su intervención hecha durante 2017.

BOGOTÁ (Colprensa).

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