Procuraduría nombra Agente Especial para conocer caso Guaviare

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Una vez se conoció la denuncia de senadores, en la que dan cuenta de presuntas irregularidades en operaciones militares en San José de Guaviare, la procuradora Margarita Cabello Blanco designó al Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, para ejercer las acciones preventivas y disciplinarias por tales hechos. 

En este caso lo que busca la jefe del Ministerio Público es establecer si en el desarrollo de las operaciones militares del pasado 2 de marzo en San José del Guaviare, se cumplieron los deberes previstos en las normas de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Del mismo modo, otra directriz de Cabello es que se designó un procurador judicial especial, para que intervenga en la investigación penal que se adelanta por los hechos mencionados.

Cabe mencionar que la denuncia de los senadores Hollman Morris y Roy Barreras daban cuenta que en medio de las operaciones habría muerto nueve menores de edad, sin embargo, reportes de autoridades judiciales desmintieron la versión.

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que tienen en su poder diez cuerpos que llegaron días posteriores al bombardeo que hicieron en contra de un campamento en el que esperaban dar con el de disidente de las Farc ‘Gentil Duarte’.

Según revelaron las Fuerzas Militares, la operación se llevó a cabo en inmediaciones del río Ajajú, vereda Buenos Aires, del municipio de Calamar (Guaviare), y se informó que murieron diez integrantes de las disidencias de las Farc, y tres más fueron capturados.

No obstante, de acuerdo con las denuncias hechas por la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humano del Oriente y Centro de Colombia (DHOC), varias de esas personas muertas eran menores de edad. Una de ellos sería una menor de 16 años.

El ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó en la mañana de este miércoles, que se trató de una operación contra Gentil Duarte, que, según dijo, “no es un profesor en una escuela, es un narcoterrorista, que recluta menores para convertirlos en máquinas de guerra”.

Molano afirmó que las Fuerzas Militares sabían de dos jóvenes que fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero aseguró que le corresponde a Medicina Legal determinar si son menores de edad./Colprensa 

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