Congreso debatirá sobre seguridad farmacéutica 

Una discusión con muchas aristas en medio de la crisis por la pandemia y la polémica sobre producción local de vacunas y su importación y comercialización por parte de privados

En medio del debate por la posibilidad de que Colombia pueda producir al menos una parte de las vacunas contra el covid-19 y de la propuesta para que se permita la compra y distribución de dichos biológicos por parte del sector privado o los gobiernos regionales, el Congreso, que reanuda mañana sus sesiones ordinarias, tendrá en su agenda un proyecto para que el Estado trace una política nacional para la seguridad farmacéutica.

La iniciativa, radicada el 15 de diciembre por el senador Iván Darío Agudelo, del partido Liberal, con firmas de congresistas de su colectividad, pero también del partido Conservador, Lista de la Decencia, Polo Democrático, Centro Democrático, Comunes, La U, Colombia Justa Libres, Alianza Verde y Cambio Radical, espera que la presidenta de la Comisión Sexta del Senado, Amanda Rocío González, uribista, nombre los ponentes que prepararán el informe para su primer debate.

En repetidas ocasiones la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia (Asinfar), a través de su presidente ejecutivo José Luis Méndez, ha insistido en que se necesitan miles de millones de dosis de vacunas contra el covid-19 para distribuirlas en la población. Es ahí donde Colombia debería jugar un papel importante, para lo cual el Gobierno debería implementar una política industrial farmacéutica que permita el desarrollo de infraestructura, mejoramiento de la competitividad del sector y la transformación en un centro de operaciones, al nivel de Brasil, Argentina y México para abastecer a la región y garantizar la autonomía sanitaria para el suministro propio.

Hace 15 días Méndez reiteró la necesidad de adecuar plantas que ya existen a nivel nacional para participar en la última etapa de fabricación de las dosis de las vacunas. Lo hizo después de que el propio presidente Iván Duque pidiera a la industria farmacéutica local que avanzara rápidamente en esa dirección dada la complicada coyuntura global para acceder a los biológicos aprobados para inmunizar contra este coronavirus.

El propio dirigente gremial conectó su planteamiento con el proyecto de ley antes mencionado. El pasado 4 de marzo, durante una audiencia pública semipresencial realizada en las instalaciones de la Universidad Escuela de Administración de Negocios (EAN), Méndez sostuvo que “encontramos grandes coincidencias entre la seguridad farmacéutica propuesta en el proyecto de ley y la autonomía sanitaria que nosotros le hemos propuesto al Gobierno actual desde hace ya casi tres años, dentro de un documento que hemos circulado de política industrial farmacéutica”.

 “Hoy en medio de la pandemia”, anotó, “es evidente y relevante que conceptos que están en el proyecto de ley, como la suficiencia de la producción y oferta local sin distingo del origen de capital, insistimos, y la recuperación de las capacidades de producción de biológicos, lo cual incluye las vacunas, es algo muy importante, aunado a la necesidad de desarrollar las capacidades en biotecnología local”.

Precisamente sobre este asunto, la semana pasada el senador Miguel Ángel Barreto, del Partido Conservador, radicó un proyecto de ley para permitirle al sector privado participar activamente en la aceleración de la vacunación en Colombia contra el covid-19.

Barreto consideró que, desde la importación, el sector privado, que tradicionalmente ha sido muy eficiente y competitivo, puede convertirse en factor diferenciador para el proceso de proteger millones de vidas en el país.

Aclaró que el plan de vacunación del Gobierno tendrá siempre prioridad sobre las negociaciones que adelanten los particulares. “Adicionalmente, la ley establece un sistema de control para evitar la especulación de precios”, agregó.

Como se sabe, está abierto en Colombia un debate en torno a esta posibilidad y a que gobiernos locales y regionales puedan también importar y distribuir vacunas.